50 millones para el sector del vino

CLM recibe 65 millones de fondos nacionales: 37 para reestructurar viñedo y 12 para desarrollo rural

Castilla-La Mancha es la región que más fondos recibe, tras el reparto que se conoció en el Consejo Consultivo Agrícola y Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, sobre todo por el programa de apoyo al sector vitivinícola, donde llegarán 50 millones de fondos estatales

El consejero Martínez Arroyo en el Consejo Consultivo de Política Agraria.

Castilla-La Mancha recibirá 65 millones del Estado después de conocerse el reparto autonómico de los fondos nacionales, que se dio a conocer ayer en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, donde la partida más cuantiosa será destinada a la reestructuración del viñedo, puesto que a la región llegarán 37 millones.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la región, Francisco Martínez Arroyo, acudió a la cita en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y tras la reunión desgranó cuáles serían las aportaciones del estado, que habrían que sumarse a los fondos europeos y de la Comunidad Autónoma para desarrollar los distintos planes.

El sector vitivinícola recibe 50 millones

Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma más afortunada en este reparto y en buena medida se debe a que sea una región muy vitivinícola, sector que acapara buena parte de los fondos. A CLM le corresponden 50 millones para el programa de apoyo al sector, de los cuales 37 irán para reestructurar viñedo (ayudas conocidas como ayudas Vinati), 10 para mejoras tecnológicas en cooperativas y los tres restantes para la promoción de bodegas en el exterior.

Doce millones de euros para el PDR 

También, para el conjunto del medio rural son muy relevantes, ha dicho,  los 12 millones de euros que Castilla-La Mancha va a recibir de esta distribución por comunidades por parte del Ministerio para el Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Ese dinero, ha explicado, es con el que se cofinancian las líneas de ayudas que se ponen en marcha por el Gobierno regional, y se unen a los recursos propios de la comunidad y a los fondos europeos.

En conjunto, en una programación que es de siete años, suponen 1.500 millones de euros, y esta contribución de 12 millones que se le asigna a la región “es muy importante”.

La cantidad recibida actualmente no puede ser mayor y el consejero Martínez Arroyo culpa al exministro del PP Arias Cañete de “perjudicar” a las Comunidades Autónomas en la lucha contra la despoblación, al reducir la cofinanciación del Estado, ya que esta financiación se aprobó durante su mandato. Eso le ha supuesto a Castilla-La Mancha una pérdida, en estos siete años, de 236 millones de euros, ha lamentado.

En este punto, el consejero se ha mostrado convencido en que el futuro la programación “la hagamos entre todos en esta materia”, porque “el reto más importante” al que se enfrenta España “es el reto demográfico” y de lo que se trata es que se garantice “el futuro para nuestros pueblos”.

Defensa de la agricultura profesional en la PAC

En cuanto a los temas abordados esta mañana en el Consejo Consultivo, Martínez Arroyo ha señalado que se ha trasladado desde el Ministerio a las Comunidades Autónomas el estado de las negociaciones ante la reforma de la PAC que se tratará en el próximo Consejo de Ministros.

En esta línea, el titular de Agricultura en la región, ha estimado que hasta octubre, podría no comenzarse “de lleno” con estas negociaciones, dado que se está a la espera de la constitución del Parlamento Europeo y los nombramientos tras las elecciones europeas y este aspecto debe tratarse con el nuevo comisario o comisaria de Agricultura.

Sobre la PAC, ha reforzado la posición y el compromiso del Ejecutivo que dirige Emiliano García-Page con la agricultura profesional, de aquellos que “se juegan el dinero”, apostando por el sector y por el relevo generacional.

Además, ha insistido en que la postura de Castilla-La Mancha pasa por un techo por explotación para los que perciben más de 100.000 euros de ayudas directas por explotación para ahorrar recursos y destinarlos a un pago redistributivo, lo que significaría que los agricultores en todo el territorio nacional “recibirían la misma ayudas por las primeras hectáreas de la explotación” y si se sigue el modelo francés, por ejemplo, favorecería a las explotaciones medias, las de 30 ó 32 hectáreas, y eso “es importante y creo que va a ser posible”, ha finalizado.