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viernes, 29 de marzo de 2024
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510 de ellos eran menores de edad - 20 septiembre 2019

Castilla-La Mancha registró en el año 2018 un total de 9.280 condenados, registrando una tasa del 5,6 por 100, lejos del 7,4 por 100 nacional. De esas personas condenadas, 7.592 fueron de nacionalidad española y 1.688 extranjera, según la «Estadística de condenados: adultos/menores. Año 2018» publicada este viernes, 20 de septiembre, por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este informe desvela que en 2018 se cometieron en la región un total de 12.411 delitos, 10.391 con hombres como protagonistas y los 2.020 restantes por mujeres. Por ello, Castilla-La Mancha, con un 7,5 por 100, junto a Galicia y Castilla y León son las regiones que presentaron menores tasas de delitos cometidos por cada 1.000 habitantes, lejos del 10,6 por 100 de la estadística nacional.


De igual modo, según Estadística en la región el pasado 2018 fueron condenados un total de 510 menores, 438 de nacionalidad española y 72 extranjera, situándose la tasa en un 6,1 por 100, por debajo del 7,1 por 100 nacional. El número de infracciones penales llegó a las 852. Es por ello que la tasa de infracciones penales cometidas por menores en Castilla-La Mancha se situó en un 10,1 por 100, lejos del 13 nacional.

Delitos sexuales cometidos por menores

A nivel nacional, un total de 323 menores fueron condenados por delitos sexuales en España en 2018, un 20,1 por 100 más que el año anterior y el 84,6 por 100 de los delitos que cometieron fueron abusos y agresiones sexuales, según el INE.

Estos condenados menores cometieron 408 delitos de naturaleza sexual, un 22,9 por 100 más que en 2017. Del total de estos delitos, 95 fueron considerados como abuso sexual, 181 como abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 69 como agresión sexual. Del total de agresiones sexuales, ocho fueron consideradas como violación. De los condenados, un 98,1 por 100 eran varones y el 1,9 por 100 mujeres.

Precisamente, el pasado 9 de septiembre, la Fiscalía General del Estado alertó en su memoria anual de 2018 de un «muy inquietante» incremento de la violencia de género y sexual entre jóvenes y adolescentes, especialmente en los casos de delitos contra la libertad sexual ejercida en grupo, conocidos como «manadas». Respecto a este último fenómeno, la institución lo vinculaba directamente al uso de la pornografía en las redes sociales.

Por otro lado, de la estadística del INE se desprende que 2.431 adultos condenados fueron inscritos en el Registro de Delincuentes Sexuales en España en 2018, un 6,6 por 100 más que el año anterior, por cometer 2.953 delitos, un 4,9 por 100 más que en 2017.

En concreto, 1.011 delitos fueron considerados abuso sexual, 453 abuso y agresión sexual a menores de 16 años y 386 como agresión sexual. Del total de agresiones sexuales, 32 fueron consideradas violación. El 96,3 por 100 de los condenados eran varones y el 3,7 por 100, mujeres.

Entre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos por adultos, se registraron 614 delitos de prostitución y corrupción de menores, 394 de exhibicionismo y provocación sexual y 59 delitos de acoso sexual. Además, se perpetraron 36 delitos de trata con fines de explotación sexual. En el caso de los cometidos por menores, hubo un caso de acoso sexual, 19 de exhibicionismo y 43 de prostitución y corrupción de menores.

Por otro lado, la estadística recoge otro tipo de delitos cometidos por menores en España en 2018. Así, a lo largo del año fueron inscritos 13.664 menores condenados (de 14 a 17 años) según sentencias firmes dictadas comunicadas al registro, lo que supuso un aumento del 0,2 por 100 respecto al año anterior.

Lesiones y robos, los delitos que más cometen los jóvenes 

En total, cometieron 24.340 infracciones penales, un 5,6 por 100 más que el año anterior. La mayoría fueron condenados por delitos de lesiones (27,5 por 100 del total), por robos (19,7 por 100) y hurtos (13,8 por 100). Les siguen en este orden: amenazas, torturas, daños y delitos contra la seguridad vial.

El 78,7 por 100 de los menores condenados eran varones y el 21,3 por 100 mujeres. Por edad, casi el 30 por 100 tenían 17 años y un 28,6 por 100, 16 años. La mayoría tenía nacionalidad española (81,7 por 100), si bien, la tasa de menores por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi tres veces superior en los menores de nacionalidad extranjera (16,2), que en los de nacionalidad española (6,5). En cuanto al número de infracciones cometidas, dos de cada tres cometieron una única infracción penal.

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la comunidad con más menores condenados inscritos en el Registro, con el 20,3 por 100 del total. Le siguen la Comunidad Valenciana (15,7 por 100) y Cataluña (12,2 por 100). Este orden se mantiene en el caso de menores de nacionalidad española. Si bien, Cataluña fue la comunidad con mayor número de menores condenados extranjeros (22,1 por 100), seguida de la Comunidad Valenciana (13,9%) y Andalucía (13,6%).

La ciudad autónoma de Ceuta, Baleares y la Comunidad Valenciana registraron las mayores tasas de menores de 14 a 17 años condenados por cada 1.000 habitantes del mismo rango de edad, con 37 por cada 1.000, 13,3 por cada 1.000 y 10,7 por cada 1.000, respectivamente. Por su parte, la Comunidad de Madrid (4,4), Galicia (4,7) y Cataluña (5,4), presentaron los valores más bajos.

En cuanto a las medidas adoptadas contra los menores condenados, los jueces adoptaron 22.812 medidas en 2018, lo que supuso un descenso del 0,5 por 100 respecto al año anterior. Las más frecuentes fueron la libertad vigilada (42,9 por 100 del total), la prestación en beneficio de la comunidad (15,3 por 100) y la de realización de tareas socio-educativas (12 por 100).

Atendiendo a la nacionalidad del infractor, las medidas de internamiento en régimen semiabierto y de libertad vigilada recayeron con más frecuencia en menores extranjeros (15,7 por 100 y 45,1 por 100 del total, respectivamente) que en menores españoles (9,5 por 100 y 42,3 por 100). En cambio, los menores extranjeros incurrieron con menos frecuencia en las medidas de realización de tareas socio-educativas y de prestación en beneficio de la comunidad (8,7 por 100 y 13,5 por 100 del total, respectivamente, frente a 12,9 por 100 y 15,7 por 100 de los españoles).

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