El acusado de delitos sexuales contra una menor discapacitada en Luciana (Ciudad Real) ha admitido haber enviado unos vídeos subidos de tono a la chica y una relación en la que llegó «a introducirle una mano por debajo del pantalón» sin llegar a penetrarla «con los dedos».

Así lo ha manifestado a los medios el abogado que lo defiende, tras el juicio que ha tenido lugar este martes en la Audiencia Provincial, que se ha celebrado a puerta cerrada y que ha quedado visto para sentencia.

Algo que el acusado «ha admitido desde la primera declaración y lo mantiene», ha explicado el letrado, así como que ha reconocido que la chica tenía catorce años y que compareció ante la Guardia Civil a declarar antes de que se iniciaran las diligencias, «incluso antes de la denuncia».

Un hecho motivado porque su cliente tenía conciencia de que no había obrado bien aunque «en absoluto» sabía que estaba cometiendo un delito, ha indicado el abogado defensor.

Por todo esto la defensa ha mantenido la libre absolución de su defendido y de manera alternativa, en el caso que se considere que pudiera haber habido una actuación delictiva, ha solicitado el abuso sin penetración.

Ha explicado que ha basado sus argumentaciones en el cambio del Código Penal justo el verano anterior a ocurrir los hechos, octubre de 2015, en el que elevaba el tipo delictivo de las relaciones sexuales, aún consentidas de los 13 a los 16 años. «No tenía conciencia que esa relación sexual consentida con la joven fuera delito», ha insistido.

Además, ha explicado que durante el juicio se ha discutido en base al informe del médico forense que «ha sido tajante» en que no hay penetración, y que por este motivo, si hay delito de abuso debería ser del tipo básico.

Respecto a la discapacidad de la menor, el abogado de la defensa ha afirmado que se les ha hecho hacer «un acto de fe» porque alegan que en el momento de los hechos la discapacidad es de un 34 por ciento, la cual «en mayor parte es física por una enfermedad grave» y que ahora se alega que es del 66 por ciento, «algo hay que creer porque no se prueba».

Por lo que ha concluido que la discapacidad de la joven «no es tan determinante» como alegan fiscal y acusación particular.

La defensa afirma que la petición de pena es «desmesurada»

Respecto a la petición de 12 años de prisión por el delito de abuso a menor de 16 años con la introducción de miembros corporales por vía vaginal, el abogado la encuentra «totalmente desmesurada» poniendo como ejemplo que por agresiones sexuales y con violencia hay peticiones de 10 años.

En este sentido, ha concluido que su defendido reconoce que su conducta no ha sido correcta. «Si merece un castigo debe ser acorde con lo sucedido y a lo que dice la Ley», ha agregado.

De su lado, el abogado de la acusación particular ha confirmado tras el juicio que se han adherido a las peticiones de Fiscalía, que a su vez ha mantenido lo solicitado en el escrito de conclusiones provisionales. Concretamente 12 años por un delito de abuso a menor de 16 años con la introducción de miembros corporales por vía vaginal y un año por un delito de provocación sexual.

«Ya solo queda esperar la sentencia y que se acabe todo este infierno para la menor», ha expresado el letrado a los medios, a los que le ha solicitado respeto para la familia porque están pasando «un trago bastante malo», ya que el asunto lleva cuatro años abierto.

Ha contado como las alarmas saltaron cuando los padres descubrieron los videos que mandó el acusado en el móvil de su hija y que la declaración de la joven, «que ha sido muy correcta y corta porque se ha puesto a llorar en varios momentos», ha venido a corroborar los hechos recogidos en el escrito de conclusiones provisionales.

Ha confirmado que los forenses se han ratificado en sus informes en los que se recoge como tenía una pequeña lesión genital y que esto es señal de que hubiera una pequeña penetración que no se completó en su totalidad. A esto hay que unir, ha añadido, la «grave discapacidad» que se ha agravado en un treinta por ciento en estos años.

La Fiscalía, además de la pena de prisión, ha mantenido su solicitud de prohibición de aproximación o comunicación a menos de 300 metros durante 10 años, las indemnizaciones de 300 euros por la sanidad de las lesiones genitales sufridas por la menor y 12.000 por daños morales. Respecto a esto último, la acusación particular eleva hasta los 15.000 euros la responsabilidad civil.