A poco más de un mes de una novena Marcha a Villar de Cañas para movilizarse un año más contra el «cementerio nuclear» que el Gobierno de España pretende instalar en el municipio conquense, la Plataforma contra el ATC manda un mensaje al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, tras el anuncio de las inversiones para el Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares que realizó ayer. El colectivo critica que los argumentos que utilizó José Julián Gregorio sobre el «basurero» son falsos, dado que «muchos países de nuestro entorno» como EE.UU., Canadá, República Checa o Lituania, no disponen de ATC, en contra de lo que habría defendido el representante del Gobierno.
En una nota de prensa, la Plataforma explica que en otros países existen «almacenes en seco con contenedores», que también son temporales pero no centralizados ni duraderos, e indican que en España también existen en las centrales de Trillo o Ascó, y que además estarán próximamente en las centrales de Garoña y Almaraz, así omo en otras del territorio español.
En estos términos, denuncian que si se pretende cumplir el 6º Plan General de Residuos Radiactivos, que actualmente está en vigor, prevé necesidad de almacenamiento para un periodo de 40 años (el de operatividad de las nucleares) por lo que el ATC sería «inútil» e iría enfocado más a «dupliar la capacidad de almacenamiento con respecto a las necesidades previstas», contando con que muchas de las centrales nucleares de España están más próximas a su cese de actividad.
Los 144,5 millones destinados al ATC son «un insulto a los ciudadanos»
De esta manera, la Plataforma expresa que los 144,5 millones que el Gobierno de España va a dedicar al ATC durante 2018 -según los Presupuestos Generales del Estado- y que conforman «un cuarto de las inversiones totales para Castilla-La Mancha», suponen «un insulto a los ciudadanos castellano-manchegos».
Por ello, este «ninguneo del Gobierno en aspectos como los servicios públicos y el medio ambiente» se demuestra en que los casi 150 millones presupuestados se han proyectado «cuando todavía no tiene los permisos necesarios para su construcción y operación», algo que se debe según el colectivo anti-ATC al deseo de «satisfaccer a las empresas eléctricas que pretenden prolongar el funcionamiento de las centrales», además de, por otro lado, «ofrecer a las grandes constructoras una jugosa oferta pública en momentos de baja licitación».
[ze_summary text=»El ATC tendría según la Plataforma "un coste total de 2.800 millones" en su vida productiva»]El ATC tendría según la Plataforma "un coste total de 2.800 millones" en su vida productiva[/ze_summary]Así, la Plataforma aporta el relato de la portavoz del colectivo, María Andrés, que además es ganadera en la comarca, quien cree también que se trata de un «ninguneo» que también trata de engañar «sobre una infraestructura cara e innecesaria».
La representante de la Plataforma, explica que «el ATC tendría para Enresa -empresa gestora- un coste total de 2.800 millones», algo a lo que se sumaría el pago de subvenciones a ayuntamientos de la comarca, así como los gastos de funcionamiento e incluso los impuestos por su desmantelamiento».