Ley de Empleo Público

UGT exige el cambio de categoría que prometieron a los Agentes Medioambientales

Lamentan que tras siete años desde su aprobación la norma no ha sido aplicada por ninguno de los dos últimos gobiernos regionales

El sindicato UGT ha exigido hoy al Gobierno regional el cambio de categoría profesional, concretamente al grupo B, de los Agentes Medioambientales, informáticos y técnicos de prevención, recogida en la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha aprobada en el año 2011.

En nota de prensa, el sindicato ha recordado que el Ejecutivo castellano-manchego aceptó enmarcar en la citada norma al personal de estos colectivos en el grupo B, pero ha lamentado que tras siete años desde su aprobación no ha sido aplicado por ninguno de los dos últimos gobiernos regionales.

Estudiarán las vías para “forzar” a cumplir con los Agentes Medioambientales

En este sentido, el responsable del Sector Autonómico de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, Luis Manuel Monforte, ha indicado que “no tiene ningún sentido que persista este incumplimiento y entendemos que ya no cabe esperar más y que la administración debe cumplir la ley”.

Monforte ha explicado que a los agentes medioambientales, a los informáticos y a los técnicos de prevención se les incluyó en el grupo B porque sus tareas, titulación y responsabilidad es propia de este grupo, por lo que el cambio de categoría solicitado no solo supondrá que el Ejecutivo autonómico cumple la ley, sino también un reconocimiento al trabajo que realizan.

Además, UGT ha asegurado que estudiará las vías para “forzar” a la Administración regional a que cumpla lo establecido en la ley, si estos colectivos de trabajadores continúan en el grupo C1.

Por este motivo, ha pedido al Gobierno regional que, en la próxima mesa general del 18 de septiembre, incluya este punto en el II Acuerdo Administración-sindicatos y cumpla así con los compromisos adquiridos.

También ha recordado que los agentes medioambientales solicitan la necesidad de revisar funciones, jornada y horarios y que, en definitiva, la Administración constituya una comisión para cumplir sus compromisos.