El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha afirmado hoy que el acuerdo de investidura firmado a principios de legislatura con Podemos «se está cumpliendo», aunque el PP ha asegurado que «nada o poco» se ha cumplido y lo que ahora hay entre la Junta y Podemos es «compadreo».
En el Pleno de las Cortes Regionales, la diputada del PP Ana Guarinos ha preguntado al Gobierno sobre el pacto de investidura firmado con Podemos, un acuerdo de 13 medidas «al que dieron mucha publicidad», ha recordado, «pero que no se ha cumplido excepto -hoy mismo- la ley de Transparencia y Buen Gobierno».
Guarinos ha señalado que el acuerdo es «papel mojado, no sirve para nada» y ha opinado que lo que actualmente hay entre el Gobierno autonómico y Podemos es «compadreo, compadreo puro y duro».
Por su parte, el vicepresidente regional ha señalado que los procedimientos de emergencia ciudadana, por ejemplo, que recoge el acuerdo de investidura se han aprobado en las Cortes.
Martínez Guijarro ha subrayado que el acuerdo de investidura con Podemos ha permitido recuperar derechos laborales y sociales.
Por otra parte, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha contestado -a una pregunta del PP- que en enero de 2017 se pagará a los empleados públicos la parte restante de la paga extraordinaria de 2012, tal y como se acordó con los sindicatos.
«COSPEDAL DUPLICÓ LA DEUDA»
Ruiz Molina también ha acusado al Gobierno de María Dolores de Cospedal de haber duplicado la deuda pública, al tiempo que ha resaltado que en esta legislatura solo ha crecido en dos décimas porcentuales, mientras que en el conjunto de comunidades lo ha hecho en nueve.
Ruiz Molina se ha pronunciado después de que el diputado del PP Lorenzo Robisco haya criticado los datos publicados hoy por el Banco de España, que recogen que Castilla-La Mancha ha registrado en el tercer trimestre del año una deuda de 13.755 millones de euros, lo que supone el 35,9 por 100 respecto a su PIB.
Estas cifras sitúan a la comunidad como la segunda más endeudada, por detrás de la Comunidad Valenciana.
El consejero se ha mostrado «orgulloso» de la evolución de la deuda y ha argumentado que en 2011 el Gobierno socialista dejó 6.886 millones de euros de deuda, el 17,8 por 100, y cuando recuperaron el Ejecutivo regional en el segundo trimestre de 2015, ésta era de 13.138 millones, el 35,7 por 100.
«Ahora estamos en el 35,9 por 100, mientras que en esta comunidad la deuda ha crecido dos décimas, en el conjunto de las comunidades autónomas ha crecido nueve», ha resaltado.
Con ello, ha reprochado a los «populares» que «lo triste no es que duplicaran la deuda» sino que «consiguieron, además, destruir los servicios públicos».
Frente a la gestión del Gobierno anterior, ha resaltado que los socialistas generaron la deuda antes de 2011 como consecuencia de las inversiones en «hospitales, centros de salud o colegios».
Por su parte, Robisco ha advertido de que el Ejecutivo de Emiliano García-Page «está generando más deuda y encima está castigando a la sociedad castellanomanchega».
Ha opinado que estos datos suponen que «no es un buen día» para la región y, con todo, ha criticado la inejecución presupuestaria por parte de la Junta y la, a su juicio, elevada presión fiscal que soportan los castellanomanchegos.
SIN ACUERDO SOBRE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Por último, la mayoría de votos en contra del PSOE y Podemos han impedido que saliera adelante la propuesta de resolución presentada por el PP para pedir, entre otras cuestiones, la comparecencia trimestral del Consejo de Gobierno para dar cuenta de la ejecución de los presupuestos de la Junta.
En su iniciativa, votada en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, el grupo parlamentario popular también reclamaba al Ejecutivo autonómico la ejecución y cumplimiento del presupuesto de la comunidad para 2016; la publicación cada mes del estado de ejecución presupuestaria de la Junta, sus empresas públicas y fundaciones, y la inclusión de un motor de búsqueda para filtrar la información.
Además, solicitaba que la información trimestral fuese publicada en los quince días inmediatamente posteriores a la finalización del trimestre, con un nivel de desagregación igual al del presupuesto presentado en las Cortes.