Quienes hayan tenido la paciencia de seguir por televisión la interminable sesión del Parlament catalán el miércoles 6 de septiembre, es posible que en algún momento pensaran que estaban viendo un debate de algún parlamento de un país poco democrático, de esos que de vez en cuando son noticia en los informativos porque sus diputados terminan a puñetazo limpio. Pero no era así: lo que estaban viendo era, aunque no lo parecía, el parlamento de una comunidad autónoma democrática de la España del siglo XXI, con diputados de distintos partidos elegidos democráticamente por la ciudadanía y con unas normas de funcionamiento también democráticas… que no fueron respetadas por la presidenta de esa cámara, Carme Forcadell.

¿Y ahora qué? Después de que el Parlament culminara el desafío de una parte de los políticos catalanes al Estado español en esa vergonzosa sesión, y una vez que han convocado un referéndum ilegal para preguntar a la ciudadanía catalana si quiere independizarse de España, ¿se celebrará esa votación declarada ilegal el próximo 1 de octubre? Solo el Gobierno catalán y los independentistas dicen que sí se va a votar, frente al Gobierno central, el PP y los partidos de la oposición que están convencidos de que eso no ocurrirá.

En esa sesión plenaria hubo muchas decisiones y actuaciones que no son propias de un debate civilizado y democrático. Sólo faltaron los puñetazos entre los diputados para equipararse a esos parlamentos de países poco democráticos que a veces son noticia en los informativos.

Dicen que no obedecerán al Tribunal Constitucional

Ese mismo día, el Gobierno que preside Mariano Rajoy pidió con toda urgencia al Tribunal Constitucional que suspenda la aplicación de la Ley del Referéndum catalán aprobada en esa turbulenta y bochornosa sesión. Pero el presidente catalán, Carles Puigdemont, su Gobierno y los diputados independentistas han dicho claramente que no van a acatar lo que decida el Constitucional. Entonces, ¿qué hacer?

Ante tantos desafíos como han planteado el Gobierno catalán y una parte de sus políticos, hay quien pide a Rajoy mano dura contra ellos. Pero lo que se necesita en estos momentos, además de cumplir la ley, es sentido común, prudencia y diálogo, mucho diálogo.

Los catalanes que no se sienten españoles -que, probablemente, no son la mayoría de los siete millones y medio de los habitantes de Cataluña- tienen derecho a reclamar ser independientes de España. Pero deben hacerlo siguiendo las vías que establecen las leyes, no por las bravas y diciendo que no cumplirán lo que sentencie el Tribunal Constitucional.

Sorprende, y resulta incoherente, que digan que no harán caso al Constitucional porque consideran que está al servicio del Gobierno de Rajoy, pero después acuden a ese Tribunal y le piden amparo cada vez que hay una decisión que les perjudica.

El papelón de la presidenta del Parlament

Es muy probable que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -y varios miembros de la Mesa de la cámara autonómica- sea denunciada judicialmente porque no respetó lo que sentenció hace tiempo el Constitucional, y quizá también porque no cumplió en el pleno del día 6 las normas que ese mismo Parlamento aprobó hace tiempo para funcionar. Fue desbordada por los acontecimientos y se comportó como si fuera la representante del Gobierno catalán y los partidos que lo apoyan, no como presidenta de todos los diputados de esa cámara autonómica como es su obligación.

También es muy probable que, cuando llegue esa denuncia y las actuaciones judiciales contra ella, tanto el Gobierno catalán como los partidos que lo apoyan digan que esa decisión contra Forcadell es un ataque a Cataluña y a su legítimo derecho a reclamar su independencia. Pero no será eso sino, simplemente, el cumplimiento de la ley, por mucho que digan y repitan lo contrario.

Lo que está claro a estas alturas, después de varios años de debate permanente sobre la independencia de Cataluña, es que existe un problema real con el encaje de ese territorio en el Estado español. Y, aunque hay que exigir que se cumpla siempre la ley, ese problema no se va a resolver solo con acudir continuamente a los tribunales.

El Gobierno de Rajoy y los partidos de la oposición deben buscar la manera de resolver ese problema por la vía del diálogo, no solo recurriendo a los jueces. ¿Es difícil? Probablemente lo es, pero cuando se presentaron a las elecciones nadie les dijo que ejercer su legítimo derecho a participar en la vida política iba a ser fácil.

Los catalanes no se merecen que, desde hace varios años, sus dirigentes políticos estén ocupados casi exclusivamente en el asunto del independentismo y no en los problemas que más preocupan a la mayoría: el paro, los recortes que han sufrido en sanidad, la ridícula revalorización de las pensiones, la educación… Los ciudadanos del resto de España tampoco se lo merecen y están más que hartos.