El disparate que intenta Carles Puigdemont

Un desprecio a la ciudadanía y a la democracia

El reglamento del Parlamento catalán no dice explícitamente que se prohíbe votar al presidente de Cataluña sin que asista al pleno de investidura, pero está claro que lo prohíbe el sentido común

Tan empeñado está Carles Puigdemont en ser de nuevo presidente del Gobierno catalán -él dice y repite que continúa siéndolo “en el exilio”- que no hay día en que no sorprenda con alguna ocurrencia impropia de cualquier persona con un mínimo de sentido común. Pretende, nada más y nada menos, ser votado e investido sin asistir al Pleno de investidura porque sabe que si regresa a España desde Bruselas, país al que huyó tras las elecciones, será detenido en cuanto llegue.

¿Qué pensarían los ciudadanos de Castilla-La Mancha o de cualquier otra comunidad autónoma si, tras unas elecciones, el aspirante a presidente se encontrara huido de la Justicia en el extranjero y quisiera ser investido y gobernar desde allí, en la distancia y sin ningún contacto directo con ellos? Probablemente muchos pondrían en duda su capacidad mental para gobernarles.

Esa ocurrencia de Puigdemont, y su insistencia en querer ser investido a toda costa, ha sorprendido incluso a gente de su candidatura -Junts per Catalunya- y a sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el último Gobierno autonómico. Y ha creado discrepancias y problemas entre ambas formaciones y sus dos líderes, que se mantienen cuandio falta apenas una semana para el pleno de investidura del 17 de enero en el Parlamento autonómico.

Un chiste malo de Carles Puigdemont, no una propuesta seria

No hace falta ser especialista en Derecho Constitucional ni en parlamentarismo para deducir, por simple sentido común, que la posibilidad de investir a un presidente de gobierno por la vía telemática y sin su presencia física parece más un chiste malo que una propuesta seria. Por eso sorprende escuchar a algunos diputados del Partido Demócrata Europeo Catalán (PFDeCat, la antigua Convergència Democrática de Catalunya) y a otros políticos cuando dicen, para justificar el deseo de Puigdemont, que el reglamento del Parlamento catalán no prohíbe una investidura en la distancia.

Ese reglamento no dice de manera explícita que esa fórmula esté prohibida porque, cuando lo redactaron, a nadie se le pasó siquiera por la cabeza el disparate de que alguien pudiera pretender algún día ser votado para presidente sin estar presente en el debate de investidura. Pero está claro que lo prohíbe el sentido común y el respeto a la ciudadanía.

Oriol Junqueras, que fue vicepresidente de la Generalitat con Puigdemont y se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Estremera (Madrid) desde el 2 de noviembre, ha pedido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera que lo traslade a una cárcel próxima a Barcelona, para poder asistir al pleno de investidura y, si continuara más tiempo en prisión preventiva, para acudir posteriormente a los plenos ordinarios con permiso penitenciario.

El juez Llanera puede decidir que sea trasladado, porque la prisión preventiva solo le impide la libertad de movimientos; o que continúe en la prisión madrileña, para estar a disposición de él en cualquier momento en que necesite citarle para alguna diligencia. Pero la solicitud de acercamiento a Cataluña no es un disparate como lo que intenta Puigdemont.

Someterse al control del Parlamento

Después de unas elecciones, cualquier candidato a presidente debe recoger su acta de diputado (las normas del parlamento catalán permiten que Puigdemont no necesite acudir en persona para hacerlo), exponer su programa de gobierno en el Parlamento correspondiente y responder a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Posteriormente debe someterse periódicamente al control de esa Cámara, como hace Mariano Rajoy cada miércoles en el Congreso de los Diputados.

Empeñarse en ser presidente sin poder realizar esas actividades es, con independencia de su posible ilegalidad, una falta de respeto al Parlamento catalán. Pretender gobernar a siete millones y medio de catalanes desde Bruselas, como tendría que hacer Puigdemont, no solo es una falta de respeto a ellos sino un desprecio absoluto a esa ciudadanía y a las normas más elementales de la democracia.

Muchos catalanes que quieren defender por vías legales su aspiración a independizarse de España probablemente se sienten avergonzados del bochornoso espectáculo que está dando a diario el hombre que quiere presidir la Generalitat de Catalunya.