Tras negociar importantes concesiones para el País Vasco y para Canarias, Mariano Rajoy ha conseguido salvar los Presupuestos Generales del Estado de 2017, lo que le garantiza estabilidad parlamentaria para seguir gobernando pese a no tener mayoría en el Congreso. Lo que no ha conseguido es librarse de que casi a diario se conozca un nuevo caso de corrupción o algún asunto polémico. El último ha sido el que ha protagonizado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, en los apenas tres meses que ha permanecido en ese cargo: hoy, 1 de junio, ha dimitido.

Era una dimisión obligada tras la información que ha publicado el digital Infolibre: Manuel Moix y sus tres hermanos heredaron de sus padres una sociedad situada en Panamá, que es la propietaria de un chalé en la localidad madrileña de Collado Villalba valorado en 550.000 euros. El presidente de esa sociedad es un abogado alemán que reside en Suiza, y la tesorera y directora es una panameña de 93 años que figura como testaferro en 17.539 empresas. Algo con un tufillo raro, ¿no?, aunque sea legal.

¿Para qué quieren los hermanos Moix esa sociedad? Quien constituye una sociedad en un paraíso fiscal lo hace para pagar muchos menos impuestos que en su país de origen, incluso para no pagar nada porque al instalarse allí está exento, o  para no declarar su patrimonio a la Hacienda Pública y mantenerlo oculto porque en esos países existe el máximo secreto bancario.

Las contradicciones del fiscal jefe

El fiscal Moix ha comparecido en los últimos días en emisoras de radio y televisión y en periódicos para explicar por qué mantienen allí esa sociedad y por qué no lo dijo cuando fue nombrado para dirigir la Fiscalía Anticorrupción, que entre otras cosas debe luchar contra la evasión fiscal a esos países. Pero no ha convencido ni al Gobierno ni a las asociaciones de fiscales -incluso la más conservadora, que apoyó su nombramiento pero después ha pedido su dimisión- ni a muchos de los ciudadanos que le han escuchado. Y es que resulta difícil justificar, con argumentos creíbles, que el máximo responsable de la lucha contra la corrupción participe en una sociedad situada en un paraíso fiscal.

Ha dicho Moix que heredaron esa sociedad en 2012, tras morir sus padres, pero que no la trasladaron a España ni la disolvieron porque era muy costoso hacerlo y alguno de sus hermanos no podía afrontar ese gasto. Los inspectores de la Agencia Tributaria le han desmentido: ese trámite puede costar unos 450 euros, han afirmado.

Este caso ha sido la gota que ha colmado el vaso de sus polémicas, que comenzaron con su propio nombramiento. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fue advertido de que en una conversación telefónica entre el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González -actualmente encarcelado por la Operación Lezo- y el ex ministro Eduardo Zaplana, grabada por orden del juez, ambos celebraban que Moix fuera a ser nombrado para ese cargo porque es un hombre próximo al PP.

Pese a esa advertencia, y aunque Moix era en único de los siete candidatos al cargo que no había trabajado en la Fiscalía Anticorrupción, el fiscal general le eligió a él.

Además de la sociedad en Panamá, que le ha llevado a presentar la dimisión, Moix ha protagonizado otras polémicas por intentar presionar a los dos fiscales de la Operación Lezo, porque decidió apartar a los fiscales que investigan la presunta financiación ilegal de CDC mediante las comisiones del famoso 3% en Cataluña y por otras actuaciones suyas.

Reprobado por el Congreso

Su breve mandato ha sido tan polémico que el pasado 16 de mayo fue reprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, junto con el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado, con los únicos votos en contra del PP.

A pesar de tantas polémicas, y de una reprobación que es insólita en la historia de la democracia española, el presidente del Gobierno ha expresado siempre su apoyo y su confianza en Manuel Moix hasta el último momento. Como hizo con el ex ministro José Manuel Soria, que también tuvo que dimitir porque tenía relación con sociedades situadas en Panamá.

El presidente del Gobierno puede respirar con cierta tranquilidad, porque el Congreso ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado. También puede respirar aliviado por la dimisión de Manuel Moix, porque se quita un quebradero de cabeza. Pero tiene tantos encima que, antes de poner la mano en el fuego por alguien bajo sospecha o expresar su confianza en esas personas, debería ser más prudente y no volver a caer en el mismo error. La ciudadanía no entiende esas declaraciones.