Toledo

Investigan a concejales del PSOE y Cs de Recas por presunta prevaricación

La presunta prevaricación administrativa se podría haber producido a raíz de que en el Pleno celebrado el 17 de diciembre de 2018 la oposición aprobó por la vía de urgencia una moción para la supresión de los sueldos de la alcaldesa y de concejales delegados así como la dedicación exclusiva

El juzgado de Instrucción número 2 de Illescas (Toledo) ha citado a los concejales del PSOE, la concejala de Ciudadanos (Cs) y la edil expulsada del PP del Ayuntamiento de Recas en calidad de investigados por presunta prevaricación administrativa.

Según el auto con fecha 4 de abril, el juzgado ha decretado que declaren el próximo 15 de mayo los concejales María del Pilar Barroso (Cs), María Teresa Bravo (exedil del PP), y los socialistas José López, María Isabel Panes, Eliseo Ocaña y María del Mar Panes para esclarecer lo ocurrido en el Consistorio de la localidad toledana.

La presunta prevaricación administrativa se podría haber producido a raíz de que en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 17 de diciembre de 2018 la oposición aprobó por la vía de urgencia una moción para la supresión de los sueldos de la alcaldesa, Pilar Fernández (PP), y de concejales delegados así como la dedicación exclusiva.

Sin embargo, el equipo de Gobierno del PP de Recas consideró “ilegal” el acuerdo e interpuso acciones judiciales tanto en la vía contencioso-administrativa para la anulación del acuerdo, como en la vía penal por la comisión de un presunto delito de prevaricación.

En sendos escritos judiciales, el PP denunció que el único propósito del acuerdo de la oposición era “perjudicar, a pocos meses de las elecciones, el normal funcionamiento de la Administración local y la labor que está desarrollando el Partido Popular en el municipio de Recas”.

Dichas alegaciones fueron admitidas por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Toledo, que en su auto de fecha 29 de marzo de 2019 ha resuelto suspender de manera cautelar el acuerdo del Pleno al considerarlo “contrario a derecho”, lo que supone la restitución de las funciones y el régimen de dedicación de la alcaldesa y de la concejala de Personal, y la constatación de la “ilegalidad” promovida por la oposición, según el PP.

De hecho, el Partido Popular ha tildado de “vergonzosa e injusta” la actuación de la oposición, y la ha achacado al “acoso y derribo” al Gobierno municipal y a la “falta de argumentos reales y de propuestas beneficiosas” para la localidad.

Además, ha pedido a los dirigentes provinciales de PSOE y Cs que “cumplan con sus códigos éticos” y aparten de forma “inmediata” de las candidaturas para las elecciones municipales de mayo a los concejales imputados, que además están citados en plena campaña electoral.

Por otro lado, el PP de Recas ha denunciado que el “acoso” a los concejales se ha extendido a los trabajadores municipales de modo que en el Pleno del 22 de febrero el secretario municipal trasladó que se sentía “amenazado” y que acudía “con miedo” a trabajar debido a comentarios verbales y por escrito en contra del funcionario.