La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha advertido hoy de los perjuicios que causa al colectivo el decreto de reconocimiento de la situación de dependencia, que el Gobierno regional todavía mantiene a pesar de que su derogación está incluida en el Pacto por la Dependencia.
En una nota de prensa, la plataforma ha lamentado que, después de que hayan transcurrido 20 meses de legislatura, «desde la Consejería de Bienestar Social se sigue utilizando el decreto de reconocimiento de la situación de dependencia del Gobierno de Cospedal con los gravísimos perjuicios que eso implica para el colectivo de personas que solicitan les sea reconocida su dependencia».
La plataforma ha acusado a la Consejería de estar incumpliendo el Pacto por la Dependencia que se firmó durante la campaña electoral, que incluía la derogación de dicho decreto.
Asimismo, ha señalado que lleva mucho tiempo pidiendo a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que derogue esta normativa «tan lesiva para este colectivo» y que saque el nuevo procedimiento, «recordándole siempre el compromiso adquirido por el partido que sustenta el Gobierno actual y que la nombró en su cargo».
Por otra parte, la plataforma ha advertido de que la Consejería de Bienestar Social está haciendo reclamaciones de cantidades «supuestamente cobradas indebidamente» por los cuidadores de personas dependientes, «muchos de ellos niños, grandes dependientes y con patologías muy graves».
Pero estas reclamaciones «no se ajustan a la legalidad», como están determinando «los juzgados a los que los dependientes se ven obligados a recurrir», ha apuntado la Plataforma.
Las cantidades reclamadas «al colectivo más frágil y desamparado de nuestra sociedad» se elevan hasta 7.000 y 8.000 euros, ha señalado la plataforma, que ha añadido: «Todo ello basado en la incompetencia de gestión de la propia Consejería que está tardando, en muchos casos, hasta 17 y 18 meses en emitir resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA)».
Según la plataforma, las supuestas cantidades indebidas cobradas por las personas en situación de dependencia se basan en una incompatibilidad entre la prestación por cuidados en el entorno familiar y el cobro del complemento de ATP (Ayuda a Tercera Persona) por parte de la Seguridad Social.
Sin embargo, la consejera de Bienestar Social «no está teniendo en cuenta que las revisiones de prestaciones de dependencia y el reconocimiento del complemento de ATP, teóricamente incompatible, es realizado por la misma persona y en el mismo acto», ha indicado la plataforma.
«Por tanto, desde ese mismo momento la Consejería de Bienestar Social tiene la información de dicha incompatibilidad. Si luego, por incompetencia de los responsables de la Consejería se tarda muchos meses en regularizar la prestación, es únicamente responsabilidad del administrador y no del administrado», ha añadido.
Ha lamentado que «se está obligando a los grandes dependientes y a sus familiares, en situaciones económicas muy precarias y que hacen peligrar el cuidado adecuado de los afectados, a acudir a los tribunales, sabiendo que, en la mayoría de las ocasiones, no podrán hacerlo».