El Tribunal Supremo ha dicho que no se debe admitir a trámite una denuncia o querella basada únicamente en informaciones publicadas en los medios de comunicación. Pero, en abril de 2024, el juez Peinado no tuvo en cuenta esa doctrina y admitió una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez que sólo incluía unas informaciones de prensa. Después se sumaron el partido político Vox y otras organizaciones caracterizadas por su ideología de extrema derecha, ultracatólica o antivacunas: Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum y Movimiento de Regeneración Política de España.

Exigió una tarima para interrogar al ministro Bolaños desde una altura superior

Desde entonces, este juez ha adoptado varias decisiones muy polémicas que han sorprendido y han sido criticadas incluso en el mundo jurídico. Estos son dos ejemplos:

⇒ Citó como testigo a Pedro Sánchez que, como presidente, tiene derecho a declarar por escrito. Pero le citó como «esposo» de la acusada y no como presidente, lo que  permitió al juez rechazar que declarara por escrito y, así, él acudió a la Moncloa a interrogarle el 30 de julio de 2024. Peinado sabía que Sánchez, al ser el esposo de la imputada Begoña Gómez, legalmente tenía derecho a no declarar, y eso ocurrió. Su visita a la Moncloa le sirvió para que los medios de comunicación informaran, pero no sirvió de nada en el sumario.

⇒ También citó como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Y tampoco aceptó que declarara por escrito, con el argumento de que iba a preguntarle por hechos que pudiera conocer no por ser ministro, tal como permite la ley, sino por su cargo anterior de secretario general de la Presidencia. El juez fue a la Moncloa y allí, al ver la mesa y las sillas que habían preparado para ellos y para todos los abogados, dijo que su mesa tenía que estar a una altura superior al ministro, por lo que tuvieron que esperar a que instalaran una tarima en la que situaron su mesa. Antes, Peinado había rechazado que un policía nacional viajara con él en el coche oficial que le trasladó hasta la Moncloa.

Tres veces le dijeron que no podía investigar el rescate de Air Europa

Tres magistrados de la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid han avalado buena parte de la investigación del juez Peinado en este caso. Pero también han resuelto una veintena de recursos presentados contra sus resoluciones y le han anulado una docena de ellas. Esta son algunas:

⇒ En dos ocasiones pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informes sobre el rescate de la aerolínea Air Europa, y los magistrados anularon las dos veces esa decisión porque carecía de motivación suficiente para que iniciara esa investigación.

⇒ Declaró imputados al rector de la Universidad Complutense, al delegado del Gobierno en Madrid y a otras dos personas, y la Audiencia levantó esas imputaciones porque carecían de fundamento. Además, los magistrados tuvieron que recordarle, por tercera vez, que no podía investigar las ayudas para el rescate de Air Europa porque ya le dijeron al principio de este proceso que eso no forma parte de la investigación que él tramita.

⇒ La Audiencia anuló el registro que el juez había ordenado llevar a cabo en las empresas y el domicilio del empresario Carlos Barrabés, uno de los investigados, que estaba ingresado en un hospital. Los magistrados afirmaron que el juez no había justificado «la urgencia» de hacer esos registros cuando ese empresario estaba hospitalizado. «No se puede obtener la verdad real a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad», argumentaron.

⇒ En otra resolución le dijeron que no podía investigar la actividad desarrollada por Begoña Gómez como directora hasta el año 2022 del Africa Center, del Instituto de Empresas, un centro dedicado a trabajar por la innovación y el liderazgo en el continente africano.

⇒ El juez propuso que el Tribunal Supremo investigara al ministro Félix Bolaño, pero los magistrados lo rechazaron y archivaron porque no presentó «un mínimo respaldo indiciario» que justificara esa petición.

⇒ El juez Peinado decidió sancionar con una multa de 5.000 euros al abogado defensor de Begoña Gómez, y con sendas multas de 500 euros a los letrados de Vox y de Hazte Oír, porque porque hicieron declaraciones a los periodistas un día al salir del juzgado. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló esas sanciones

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez, pendiente de recurso

La Audiencia Provincial tiene pendientes de resolver varios recursos presentados contra acuerdos del juez Peinado, entre ellos el de decidir que este caso lo juzgue un jurado popular; que haya retirado el pasaporte a Begoña Gómez y ella tenga que comparecer cada 15 días en el juzgado, por riesgo de que pueda huir de España, y otros. Un jurado popular o un tribunal ordinario, según acuerde la Audiencia Provincial de Madrid si decide que vaya a juicio, decidirá si Begoña Gómez es inocente o culpable de los delitos de los que está acusada.

Juan Carlos Peinado, natural de El Tiemblo (Ávila), antes de llegar a Madrid fue juez en Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina y Getafe. Se jubilará el próximo 27 de septiembre, al cumplir 72 años, la edad máxima en que los jueces y magistrados pueden estar en activo. Pero, a la vista de tantas decisiones polémicas sobre Begoña Gómez revocadas, empezando por la de admitir a trámite una denuncia basada solo en recortes de prensa, cabe preguntarse si, como le quedan tres meses para jubilarse, le da igual ocho que ochenta y quiere cumplir el conocido lema de «morir matando» para dejar la carrera aplaudido por la parte del mundo político y de la ciudadanía que no es nada partidaria del Gobierno actual.

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Dos segundos de tiempo apenas son suficientes para decir una frase, pero a los diputados del PP les han servido como excusa para montar uno de sus frecuentas alborotos en las sesiones del pleno. Mucha bulla, con gritos desde los escaños y con insultos a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol: «¡Tramposa! ¡Es usted una cobarde!», dijo la portavoz del grupo parlamentario del PP, Ester Muñoz, dirigiéndose a ella.

La bronca y la crispación como estrategia política

Cuando Alberto Núñez Feijóo decidió que Ester Muñoz sustituyera a Miguel Tellado como portavoz del grupo parlamentario popular, en su partido deberían haberle dicho que plantee sus legítimas críticas con un mínimo de educación. Podrían haberle advertido de que los numeritos que, ellos u otros grupos, montan cada miércoles en la sesión de control al Gobierno son aplaudidos por sus seguidores, sí, pero aumentan la decepción de buena parte de la ciudadanía con la clase política. Pero nadie se lo dijo porque, como se ve semana tras semana, hace tiempo que el PP incluye la bronca y la crispación permanente en su estrategia de oposición. Y es el partido que aspira a gobernar España.

Que quede bien claro que el PP no es el único partido que se comporta de esa manera en el Congreso, pero su bancada, junto a la de Vox, es de las que más broncas y ruido montan. En esta ocasión, la excusa han sido dos segundos.

Núñez Feijóo había registrado esta pregunta para el presidente del Gobierno: «¿Cuánto tiempo más va a mantener esta situación de degradación política?». En las sesiones de control, los diputados disponen de dos minutos y medio para preguntar, divididos en dos intervenciones, lo mismo que el presidente o ministro que les contesta. Cada cual puede utilizar ese tiempo como considere: los hay que formulan la pregunta exacta en unos segundos y dejan el resto del tiempo para explayarse en su segunda intervención; otros distribuyen sus palabras entre los dos tiempos; algunos utilizan gran parte de su tiempo la primera vez que hablan y dejan menos para la segunda. Y a veces, si no calculan bien, prácticamente agotan todo su tiempo en la primera intervención. Esto es lo que le ocurrió a Feijóo el miércoles.

Pedro Sánchez le respondió y, cuando concluyó, la presidenta dio paso a la siguiente pregunta. Entonces, desde la bancada del PP empezaron a gritar y hacer ruido, porque la pantalla que refleja el tiempo de cada intervención indicaba que Feijóo disponía aún de dos segundos para agotar su tiempo. No es la primera vez que le ocurre esto a algún diputado, y no pasa nada: no emplea uno o dos segundos finales y se pasa a la siguiente pregunta.

Presidenta: «¿Pueden estar en silencio»? Diputado del PP: «¡No, claro que no!»

«¡Dos segundos, quedan dos segundos!», gritaron la portavoz Ester Muñoz, su antecesor y actual secretario general del partido, Miguel Tellado, Jaime de Olano y otros diputados, mientras lo indicaban con dos dedos de sus manos. «Señores diputados, por favor, un poco de silencio. ¿Pueden guardar un poco de respeto y estar en silencio?», pidió Francina Armengol. El diputado De Olano le respondió: «¡No, claro que no!».

La presidenta dio paso a la pregunta que iba a hacer la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, pero la bancada del PP continuó con su alboroto. «¡Qué vergüenza!», gritó un diputado. «¡Tramposa! ¡Es usted una cobarde!», dijo la portavoz Ester Muñoz.

Este episodio parlamentario no es un hecho de gravedad en la situación actual de la vida política en España, desde luego. Pero conviene comentarlo porque refleja el ambiente casi irrespirable, la permanente crispación y la bronca por la bronca que muchos políticos -no todos, eso sí- practican a diario por sus intereses partidarios.

Hace tiempo que una ciudadana, una jubilada de la enseñanza, inició una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, con el título Basta de insultos y violencia verbal en el Congreso ¡Tomen medidas ya!, y ha recogido 85.000. Tras los siete minutos de aplausos que los parlamentarios dedicaron al discurso de León XIV, ella escribió: «Aplauden, luego están de acuerdo: pero no lo van a hacer». Lamentablemente, tiene toda la razón y así ha ocurrido nada más salir el papa del Congreso.

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Discurso del papa en el Congreso

La frase «un día histórico» ha sido muy usada en distintas ocasiones para calificar lo que se vivía en un momento concreto en el Congreso. Hoy sí se puede decir que ha sido un día histórico, porque es la primera vez que un papa visita la Cámara Baja y pronuncia un discurso. En las visitas de jefes de Estado de más de 80 países que ha habido, desde que se recuperó la democracia, han pronunciado un discurso desde la tribuna del Hemiciclo los de los países hispanoamericanos y los vecinos de Francia y Portugal; y, excepcionalmente, unos pocos más. Cuando preparaban este viaje, León XIV dijo que tenía interés en dirigirse a los parlamentarios españoles, le explicaron que entonces su visita a la sede de la soberanía popular debería ser en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y él aceptó.

León XIV ha pronunciado un discurso centrado en la defensa de la dignidad de la persona, con mucho contenido social y también de calado político, con varios mensajes dirigidos directamente a diputados y senadores. Este digital, ENCLM, ha sido uno de los medios que ha estado presente en la primera visita de un papa al Congreso de los Diputados.

Una reflexión para servir al bien común

León XIV ha dejado claro, al principio de su discurso, que la Iglesia católica, «cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar». La Iglesia, ha dicho, «reconoce ‘la autonomía de las realidades terrenas’ y ‘la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política’ y, precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia».

«Más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué condición de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes».

Las referencias a la dignidad de todas las personas han sido varias en su discurso: «Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo», ha dicho el papa.

Defensa de la inmigración

Tal como se preveía, León XIV ha hablado de la inmigración, de las personas «que se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro». «El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional». Tras referirse a los hombres, mujeres y niños que se ven obligados a abandonar su tierra, el papa ha dicho que esa realidad «rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos». Esta frase, en presencia de los diputados de Vox y del PP, se ha interpretado por muchos como una crítica al principio de «prioridad nacional» que esos dos partidos han pactado en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y previsiblemente pactarán en Andalucía.

«La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos». El papa ha añadido que es una exigencia de justicia social ofrecer a esas personas «vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración», pero también trabajar para que nadie tenga que abandonar su propia tierra.

El papa León XIV también ha hablado de la defensa de la vida humana, que «debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural»; de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que «no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza»; de la familia, «la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer»; del «derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas»…

El toledano que está detrás de la organización de la visita del papa León XIV

Por la paz y el derecho internacional, y contra el rearme

En el discurso del papa no podía faltar un pronunciamiento contra las guerras. «La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional». «Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar». «Las armas  pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera». «Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional».

Frente a esa situación, ha añadido el sumo pontífice, «la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra».

León XIV también ha tenido mensajes para los políticos. «La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una  convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos».

«Les invito a alzar la mirada», ha dicho dirigiéndose directamente a diputados y senadores, «no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades publicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse ir».

La visita del papa León XIV al Congreso se había preparado con el máximo cuidado, con la participación de los distintos departamentos de la Cámara Baja, para que nada pudiera fallar, y así se ha desarrollado.

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Pedro Sánchez se reunió con León XIV el 27 de mayo, en una audiencia previa a la visita del pontífice a España entre el 6 y el 12 de junio. Isabel Díaz Ayuso -que siempre actúa como si ella fuera la oposición directa al Gobierno central en vez de Alberto Núñez Feijóo- no podía perder la oportunidad de situarse a la misma altura que el presidente. Su equipo estaba gestionando una audiencia con el PP y tuvo lugar el 1 de junio, cinco días el viaje del sumo pontífice, para entregarle la medalla internacional de la comunidad en agradecimiento a los tres días que permanecerá en la capital.

En la audiencia a Pedro Sánchez, el presidente y León XIV hablaron de las relaciones del Estado español con la Iglesia Católica, el escenario político internacional con varias guerras, el cambio climático, los Derechos Humanos, las desigualdades, la Inteligencia Artificial… y el fenómeno de la migración. Los asesores de Díaz Ayuso debieron pensar que la presidenta madrileña no podía seguir criticando la regularización de inmigrantes, porque la Iglesia está a favor. Entonces, ¿cómo podrían explicar su cambio de opinión? Ella dio la respuesta en Roma, tras la audiencia con el Papa: «No hemos hablado de política, esas cuestiones hoy quedan fuera. Somos un país muy alegre que sabe aparcar sus diferencias un rato. Celebraremos la visita de León XIV sobre esa unidad».

El PP rechaza la regularización de inmigrantes que la Iglesia Católica defiende

La apretada agenda del Papa incluye una visita al puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, uno de los lugares al que llegan más pateras y cayucos con personas de otros países. Es prácticamente seguro, según los especialistas en lo asuntos de la Santa Sede, que allí hablará a favor de la inmigración y de la obligación moral de ofrecerles unas condiciones dignas, lo que lleva implícito que -salvo casos concretos por razones justificadas legalmente- se les facilite la documentación necesaria para que puedan vivir y trabajar en España. Esa es la intención del Gobierno al aprobar, hace dos meses, un real decreto para la regularización administrativa extraordinaria de personas que ya residen en España y que hayan solicitado aquí protección internacional o que se encuentren en situación irregular, siempre que hayan llegado antes del 1 de enero de 2026.

El PP ha criticado este proceso de regularización administrativa extraordinaria de migrantes, el séptimo que se lleva a cabo con gobiernos del PSOE y del PP.  El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha recurrido contra ese real decreto ante el Tribunal Supremo, como también Vox, y ha pedido que se suspenda su aplicación cautelarmente, pero los magistrados han rechazado esas petición y en su momento se pronunciarán sobre el fondo de esos recursos.

El Papa hablará de la inmigración mientras el PP acepta la «prioridad nacional» de Vox

Díaz Ayuso y su partido tendrán que escuchar lo que diga el Papa sobre los migrantes, que es contrario a su posición, sin poder criticarlo y haciendo ver que ambas cosas son compatibles. Y esto ocurrirá cuando el partido de Alberto Núñez Feijóo acaba de firmar un acuerdo con Vox, para constituir el Gobierno autonómico en Castilla y León, que incluye la exigencia del partido de ultraderecha de aplicar el concepto de «prioridad nacional»: los ciudadanos nacidos en España deben ser los primeros a la hora de acceder a determinados servicios o ayudas. Es lo mismo que ha aceptado el Partido Popular en Extremadura y Aragón, y lo que hará en Andalucía, para poder formar esos gobierno, con la participación en ellos de Vox.

¿Cómo van a justificar en el PP su posición, contraria a lo que defiende la Iglesia Católica y el Papa respecto a la inmigración? No lo explicarán y, si en algún momento preguntan a Isabel Díaz Ayuso por esa contradicción, ella aprovechará para acusar a Pedro Sánchez de buscar «rentabilidad política» en la visita del Papa, como ya ha dicho. Se irá por los cerros de Úbeda, como suele hacer ante preguntas comprometidas cuando no tiene cerca a sus asesores. Es la conocida práctica del refrán «¿Dónde vas? Manzanas traigo».

Según una encuesta realizada por GAD3 a 10.000 personas que se han inscrito para participar en los actos del Papa durante su visita, por encargo de la Iglesia española, el 65% de ellas quieren que León XIV hable en sus discursos -va a pronunciar una docena en los seis días de su estancia en España- de «jóvenes y futuro»; el 64%, de «familia y vida»; el 38%, de «educación, valores y libertad religiosa». Después de esos temas, a las personas consultadas les gustaría que hablase de «paz y los conflictos internacionales» (32%), «renovación interna de la Iglesia» (26%), «pobreza, desigualdad y justicia social» (25%), «vocaciones y vida consagrada» (23%), «migraciones y acogida» (17%) y «cuidado de la creación (medio ambiente)» (7%).

Un dato a destacar: únicamente el 17% de las personas consultadas, se supone que todas ellas católicas porque se han inscrito de manera voluntaria para participar en los actos que protagonizará el Papa, quieren que hable de la migración y prefieren antes otros siete temas.

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La Justicia dirá finalmente si el ex presidente del Gobierno es culpable o no de alguno de los posibles delitos que investiga el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esta compañía recibió del Gobierno un préstamo de 53 millones de euros en marzo de 2021, como otras, para evitar su cierre y la pérdida de miles de puestos de trabajo por la crisis que sufrieron todas las líneas aéreas como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Pero hay quienes, sin esperar ni siquiera a que Zapatero declare por vez primera en ese sumario, ya han dictado sentencia condenatoria.

Page, a quienes defienden «con furor» a Zapatero: «No utilicen los ideales como justificación para poder delinquir»

Un golpe duro y doloroso para el PSOE

La citación a Zapatero para que declare como investigado ha centrado el debate político durante toda la semana última, ha hecho olvidar los malos resultados del PSOE en las recientes elecciones en Andalucía y que se hable poco de lo que va a exigir Vox al presidente en funciones Juan Manuel Moreno Bonilla para apoyarle en su investidura y quizá para entrar en el futuro gobierno autonómico. Para el PSOE es un golpe duro y doloroso, que ha caído como una bomba tanto en el partido como en el Gobierno. Porque Zapatero no es un socialista más ni un presidente más, es un referente moral para los socialistas, como se ha visto en todos los mítines en los que ha participado en las elecciones autonómicas en varias comunidades.

El juez Calama, cuya profesionalidad y seriedad está sobradamente probada, ha dictado un auto de citación a declarar y de entrada y registro excesivamente extenso. No suele ocurrir que, para adoptar una decisión como esa, un magistrado dedique 85 folios a exponer un relato pormenorizado de lo que ha investigado la policía. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez dos informes, de 158 y 186 páginas, en los que sitúa a Zapatero al frente de una red organizada de tráfico de influencias que presuntamente participó en el rescate de la compañía aérea citada, y que se habría beneficiado a través de la empresa de sus dos hijas.

El expresidente del Gobierno sabrá defenderse como considere, con su abogado. Esta columna no pretende defenderle ni acusarle, pero hay que decir que en el escrito del juez no aparece ninguna conversación en primera persona de Zapatero de la que pueda deducirse que participó en una conducta delictiva: todo son conversaciones de terceras personas que decían que había que hablar con él para que influyera en la concesión del préstamo a Plus Ultra y en otros asuntos. ¿Zapatero llegó a hacerlo? ¿Se limitó a influir legalmente para acelerar algún asunto y a cobrar también legalmente por realizar unos informes o actuó en su condición de ex presidente para sacar provecho económico de manera ilícita?

Todo eso es lo que tiene que investigar el juez, en un proceso que previsiblemente se prolongará durante varios años. Y José Luis Rodríguez Zapatero tiene que dar muchas explicaciones para que se sepa si, como él ha dicho, nunca ha actuado de manera ilícita o, como sostiene la UDEF, era la cabeza de una red corrupta de tráfico de influencias.

Feijóo acusa sin pruebas también a Pedro Sánchez y el Gobierno

Zapatero está citado el día 2 de junio para declarar ante el juez como investigado. Sin esperar a esa fecha, para ver si sus explicaciones son convincentes o no, Alberto Núñez Feijóo, otros dirigentes del PP y Santiago Abascal y otros miembros de Vox ya han dado por probado que el ex vicepresidente ha cometido varios delitos, con la imprescindible ayuda de Pedro Sánchez. Feijóo lo ha dicho en el Congreso, dirigiéndose al presidente del Gobierno: «Sin su Consejo de Ministros, Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos ni Santos Cerdán. Ni su entorno. Ni nadie». Hay que recordar que José Luis Ábalos ha sido juzgado en un sumario y está pendiente de sentencia y Santos Cerdán está acusado, pero aún no ha sido juzgado. Dar ya por probado que Zapatero ha cometido delitos y mezclarle con esos dos ex cargos del PSOE demuestra un uso partidista de la Justicia que en el Partido Popular no es nuevo. Y que el partido que quiere gobernar España no debería hacer.

El líder del PP ha repetido esa acusación sin pruebas después, en el congreso de su partido en Baleares: «Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta. Tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno». Santiago Abascal, como acostumbra, ha ido más lejos y ha dicho que pedirá al juez el ingreso en prisión provisional de Zapatero y que llame a declarar a Pedro Sánchez y a todos los ministros que participaron en la decisión de que la SEPI concediera el préstamo a Plus Ultra. Conviene aclarar que ese préstamo fue concedido porque, según las normas adoptadas durante la COVID, esa empresa cumplía los requisitos exigidos, lo mismo que otra media docena de aerolíneas que recibieron en total 890 millones de euros. Y tanto un juzgado de Madrid como la Comisión Europea, el tribunal de Cuentas y otros órganos avalaron la legalidad de ese préstamo.

La investigación al ex vicepresidente está en una primera fase, en la que el juez quiere esclarecer si se confirman los indicios de que Zapatero tenga relación con una actividad delictiva, y por eso le ha citado como investigado. Pero como el periodismo de barricadas está de moda, lamentablemente, ha habido titulares como Cazado el comisionista internacional Zapatero o Zapatero lideró una trama criminal, por citar solo dos, que ya dan por probadas acusaciones tan graves como esas sobre las que solo  la Justicia pronunciarse.

Sin quitar gravedad a este asunto, hay que pedir a todos los políticos, de uno u otro signo ideológico, que respeten siempre la presunción de inocencia, que critiquen las decisiones judiciales cuando proceda pero sin acusar sin pruebas de lawfare, esa palabra inglesa tan de moda para definir a un juez cuando dicta sus resoluciones como arma política contra una persona o partido. Y que actúen siempre con sentido común y sin polarizar con su sobreactuación una vida política  ya demasiado polarizada.

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O, por el contrario, ¿Moreno Bonilla va a ser coherente con lo que ha proclamado cada día y va a mantener su discurso e imagen de barón del PP moderado, totalmente diferente a la actitud siempre provocadora y muchas veces ridícula Isabel Díaz Ayuso? ¿Está dispuesto a aplicar el refrán «donde dije digo, ahora digo Diego», como han hecho María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y muy probablemente hará Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, y va a aferrarse a los resultados de estas elecciones para justificar un pacto con Vox antes que no contar con apoyos suficientes para su investidura y tener que convocar elecciones de nuevo?

Falta autocrítica al analizar el resultado de las elecciones

Como ocurre en todos los procesos electorales, cada partido o coalición hace su propia lectura de los resultados obtenidos, algunos sin ninguna autocrítica y buscando en otros la excusa para justificar sus malos resultados. Y los politólogos y periodistas analizarán los datos, las sorpresas, por qué no han acertado algunas encuestas previas… Estos días se va a escuchar de todo. Pero, a la vista de los datos, se pueden decir unas cuantas cosas que son hechos, no opiniones. He aquí algunos:

• PP. Ha ganado con rotunda diferencia, pero ha perdido cinco escaños (de 58 a 53) y ha tenido un 1,5 % de votos menos que en los comicios del año 2022: entonces logró el 43,11% y ahora se ha quedado en el 41,0%, una pérdida de más de 146.000 votos.
• PSOE. Era previsible que se llevara un buen batacazo, y se lo ha llevado. En 2022 obtuvo su peor resultado en toda la democracia en Andalucía, con 30 escaños; ahora, con la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y líder de su formación en Andalucía, María Jesús Montero, como candidata a presidir la Junta de Andalucía ha perdido dos escaños y, en porcentaje, un 1,38%. Ha tenido 60.000 votos más, debido a que han votado más personas en total que entonces, pero no le han servido para mantener los 30 escaños que tenía.

Vox sube menos de lo que esperaba pero tiene la llave para formar gobierno

• Vox. Ha subido un 0,35% (80.00 votos más y un diputado, de 14 a 15), cuando esperaba lograr más votos y más escaños, pero tiene la llave para formar gobierno. Sus dirigentes no aclaran si pedirán o no entrar en el Ejecutivo de Moreno Bonilla, pero sí le exigirán que acepte aplicar sus políticas de ultraderecha para votar su investidura, y no se lo van aponer fácil: la primera exigencia será que aplique la polémica «prioridad nacional» que el PP ya ha aceptado en otras comunidades, consistente en que los ciudadanos españoles «sean los primeros» para solicitar ayudas, viviendas públicas, asistencia sanitaria y otros beneficios sociales, algo que distintos juristas consideran inconstitucional.
• Adelante Andalucía. Ha sido la gran sorpresa de estas elecciones, porque las encuestas vaticinaban un buen resultado a esta formación de izquierdas soberanista, pero no tanto como el que ha tenido: 232.0000 votos más que en 2022 (del 4,58% ha pasado al 9,62%) y ha cuadruplicado sus escaños al pasar de los dos que tenía a ocho.

Antonio Maíllo mantiene el grupo parlamentario de Por Andalucía

• Por Andalucía. La coalición que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (IU, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde), ha logrado mantener su grupo parlamentario con cinco diputados, como en la anterior legislatura, pese a haber perdido 20.000 votos (1,39%). La bronca y la crítica permanente contra Movimiento Sumar por parte de dirigentes y seguidores de Podemos, que durante 18 meses se negaron a asistir a las reuniones de Por Andalucía hasta que a última hora decidieron entrar en esta coalición, es muy probable que haya influido en el electorado. Habrá quien se haya planteado por qué iba a votar a una izquierda que siempre está con peleas y no se pone de acuerdo cuando existe otra opción con planteamientos ideológicos similares que no tiene peleas internas.

Habrá que ver ahora si Juan Manuel Moreno Bonilla olvida todo lo que ha dicho contra Vox en la campaña y asume sus políticas o si es capaz de negociar su investidura sin aceptar propuestas de ultraderecha que son incompatibles con un partido que aspira a gobernar España. Y habrá que ver, también, si Adelante Andalucía y Por Andalucía son capaces de trabajar en armonía en el próximo Parlamento andaluz, porque son muchas las políticas en las que sus planteamientos coinciden (sanidad, vivienda, educación…) y pocas sus diferencias.

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El refranero, tan acertado siempre, dice: Cada uno habla de la feria según como le va en ella. Traducido a estos juicios, se puede decir que cada medio informa sobre ellos influido por la visión personal del periodista, no puede ser de otra manera, pero, en buena parte de ellos, también según los intereses de la empresa.

Cada medio tiene derecho a mantener la línea editorial que quiera y, por ello, da más importancia o menos a cada noticia y la presenta más o menos destacada. Pero ningún periodista ni ningún medio tiene derecho a manipular una información ni, como están haciendo algunos con estos juicios, a dar por probadas afirmaciones que hace algún acusado sin aportar una mínima prueba de que sean ciertas.

Una operación policial para destruir pruebas que pudieran afectar a Mariano Rajoy

Los dos juicios son sobre asuntos muy graves. En el caso Kitchen, que se ve en la Audiencia Nacional y afecta al anterior Gobierno del PP, se juzga a Jorge Fernández, que fue ministro del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy; Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad en aquella época; cinco jefes de distintos departamentos policiales y el chófer del extesorero del partido Luis Bárcenas. Se les acusa de participar en una operación policial para intentar localizar y destruir las pruebas sobre la caja B del PP que tuviera Bárcenas y pudieran afectar a Rajoy y otros dirigentes del partido.

En el caso mascarillas, que juzga el Tribunal Supremo, se sientan en banquillo el exministro de Transportes y número dos del PSOE, José Luis Ábalos; su hombre de confianza, Koldo García, y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. El fiscal les acusa de cobrar comisiones millonarias durante la pandemia del coronavirus por amañar contratos para adjudicar la compra de mascarillas.

El comisionista y delincuente confeso Víctor de Aldama -él ha reconocido haber participado en esas actividades delictivas- quedó en libertad provisional el 22 de noviembre de 2024, tras permanecer solamente un mes y medio en prisión provisional acusado de un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de hidrocarburos, por el que aún no ha sido juzgado. Dijo que iba a colaborar con la Justicia y, desde entonces, se ha paseado por los platós de las televisiones y por otros medios de comunicación vertiendo todo tipo de acusaciones contra distintas personas, incluido el presidente Pedro Sánchez y el PSOE, pero sin aportar ninguna prueba. En el juicio ha dado un paso más y ha dicho que el presidente del Gobierno era el número uno de la «trama criminal organizada» en la que Ábalos era el número dos, Koldo el número tres y él mismo en número cuatro.

Cualquier periodista que cubra el juicio y escuche esas acusaciones debe reflejarlas en su crónica, pero para que su relato sea completo convendría que explicara que quien lo dice es un delincuente confeso que no ha aportado ninguna prueba.

Algunos medios dan por probadas acusaciones de Aldama aunque no aportó pruebas

Ha habido televisiones privadas -no la pública TVE- que algunos días han dedicado días 20 minutos de un informativo de media hora al juicio de las mascarillas y las acusaciones de Víctor de Aldama, y solo un par de minutos al del caso Kitchen, Y algunos periódicos han titulado sus crónicas a toda página dando ya por probado que lo que ha declarado ese comisionista es la prueba definitiva que demuestra la corrupción de Pedro Sánchez, el Gobierno y el PSOE. ¿Para qué esperar a la sentencia?

Esa es la misma estrategia que aplica el Partido Popular. Cada vez que un periódico publica alguna noticia negativa para el presidente, el Gobierno o los socialistas, tanto el secretario general del partido, Miguel Tellado, como la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, convocan a los periodistas y hacen declaraciones en las que dan por buenas las acusaciones, proclaman que la corrupción afecta de lleno al Gobierno y piden, una y otra vez, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Y también lo hacen Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes.

La Justicia dirá, en su momento, si Pedro Sánchez o el Gobierno tienen alguna responsabilidad en el caso mascarillas o si todo se limita a quienes se sientan en el banquillo. Por respeto a la presunción de inocencia, los políticos deberían ser más prudentes. Por respeto a la presunción de inocencia, los políticos deberían ser más prudentes y dejar que las sentencias las dicten los jueces. Y los medios de comunicación deberían tener siempre presente que practicando un periodismo de trincheras, tan frecuente en la actualidad, no realizan la función social que tienen encomendada como mediadores que son para que se cumpla correctamente el derecho a la información de la ciudadanía.

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