Así lo ha dicho este miércoles a los medios de comunicación tras el despliegue de la bandera LGTBI del balcón de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y la lectura de un manifiesto acompañado por los subdelegados del Gobierno en las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo y el coordinador del Grupo Trans de Bolo-Bolo, David Rey.

Desplegada la bandera LGTBI en la Delegación del Gobierno

Sabrido ha expresado su «orgullo» tanto por haber participado en el acto como por formar parte de una sociedad que «ha luchado mucho por la igualdad» y se ha convertido «en un referente en la libertad de las personas», independientemente de cuál sea su sentir de pensamiento.

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Ha destacado que la diversidad debe entenderse como una riqueza ya que «ser diversos no es un mal, sino un bien que no tendríamos por qué proteger» y tratarla como «parte de nuestras vidas».

Por ello, ha calificado de «insoportable» que existan determinados sectores políticos que «quieran poner en cuestión la igualdad y la dignidad de las personas», algo que «no debemos tolerar» para que «no haya un paso atrás» en la defensa y en los derechos de todos.

En este contexto, ha recordado que «hace muchísimo tiempo» en Estados Unidos, el colectivo LGTIB se tuvo que manifestar por ser «discriminado, acosado y apaleado» y por ello ha añadido que «me da miedo» que ahora haya algún sector que «pretenda dar marcha atrás».

Por su parte, Rey, que ha leído el manifiesto, ha señalado que el despliegue de la bandera en la Delegación del Gobierno de España en Castilla La Mancha tiene un sentido y «va más allá de la imagen pública» porque «no es una cortesía de junio ni un gesto para salir del paso» sino «una afirmación institucional de pertenencia».

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En una nota de prensa, la agrupación ha denunciado que la provincia conquense está asumiendo la “falta” de examinadores de Cataluña, ya que uno de cada dos alumnos en espera en Cuenca proviene de esta comunidad, a los que se añaden las personas de Madrid y Valencia.

En este sentido, APAC ha criticado a la Dirección General de Tráfico (DGT) diga que solo una pequeña cantidad de alumnos se ha presentado a los primeros exámenes dentro del Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (el Plan PRO), algo que indica «una mala gestión» a la vez que ha denunciado que se prefiere seguir adelante antes que «tener un verdadero interés en solucionar el problema”.

En concreto, han apuntado que las autoescuelas en general, y las conquenses en particular, no tienen capacidad para poder examinar a tantos alumnos en un corto periodo de tiempo porque no cuentan con coches ni personal suficiente para hacerlo y porque, además, se avisa con poca antelación.

Este colectivo ha criticado que el Plan Pro se dirige desde las oficinas centrales de la DGT “sin contar con las jefaturas provinciales ni con las autoescuelas, de ahí que sea imposible reaccionar y preparar estas pruebas” y ha recordado que estas pruebas se limitan a las capitales de provincia “impidiendo que se puedan asumir aquellas listas de espera de puntos desplazados, como son en Tarancón y Mota del Cuervo”.

También ha criticado que estas pruebas en sábado se limitan al permiso B “sin poner solución a otros permisos necesarios para profesionales como son el de mercancías o de moto”.

APAC ha pedido la privatización de este servicio porque “está colapsado” y porque se apuesta por una solución “ineficaz” en vez de trasladar esta inversión a las autoescuelas para sufragar las horas extras.

El presidente de la Asociación, Rafael Lozano, ha asegurado que el Plan PRO es para culpar a las autoescuelas y «tapar» las carencias y la falta de servicio a la ciudadanía.

En la provincia de Cuenca están pendientes de la llegada de una plaza vacante de examinador, además de haber solicitado una itinerante.

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La Audiencia Nacional reanudará así, con una sola jornada esta semana, el juicio contra la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, en el que ya han comparecido el exministro Jorge Fernández Díaz y otros cuatro acusados y aún tienen pendiente prestar declaración otros cinco.

Kitchen | Cospedal defiende a Gómez Gordo: «No creo que tuviera tiempo para otras tareas policiales» que las de la Junta

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La vista oral se retomará con la declaración de Gómez Gordo, a quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, al entender que fue una de las personas, junto al excomisario José Manuel Villarejo, encargadas de controlar al chófer del extesorero, captado como confidente por la presunta trama y que se sienta en el banquillo de los acusados y declarará tras el inspector.

Entre 2011 y 2015 Gómez Gordo fue director general de Documentación y Análisis en Castilla-La Mancha, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal, que entonces era también la secretaria general del Partido Popular. Tras ese cargo, pasó a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía y según la Fiscalía fue una de las personas que pagó al conductor con fondos reservados.

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Después de este inspector, está previsto que declare el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, quien, según la investigación, cobró como confidente 54.000 euros procedentes de los fondos reservados y que, además, en una oposición, logró convertirse en policía, un nombramiento que la Fiscalía pide anular ante las sospechas de que pudo ser una contraprestación por parte de la cúpula de Interior.

Este exchófer está suspendido actualmente de empleo y sueldo en la Policía y enfrenta una petición de 12 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía.

El juicio del caso Kitchen acumula retrasos y se alargará hasta finales del mes de julio. Los últimos acusados en declarar serán tres agentes contra los que no presentó acusación la Fiscalía: el inspector José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano.

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También por unanimidad, los nueve integrantes del jurado han declinado que se aplique el beneficio de la suspensión de la pena y el indulto, y han aceptado que se le aplique dos atenuantes–uno de ellos el de confesión– y dos agravantes –parentesco y de género–.

Tras el fallo del jurado, el Ministerio Fiscal, tras modificar su escrito de conclusiones, ha reclamado para el encartado 22 años por el delito de asesinato y seis por el de aborto, teniendo en cuenta la gravedad y la entidad de los hechos.

De igual modo, ha reclamado libertad vigilada, que se determinará una vez haya cumplido la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos y la privación de la patria potestad sobre ellos. También ha mantenido, en cuanto a la responsabilidad civil, que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores en la cantidad de 120.000 euros, y en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

La representante de la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena, considerando que, ante estos delitos, no está prevista.

Mientras, la defensa del acusado ha pedido al juez que aplique el «menor porcentaje de pena posible» en la horquilla de entre 15 y 25 años que recoge el Código Penal, y ha admitido que no procede pedir remisión de condena.

Los hechos

Según el escrito de la Fiscalía, J.J.S.A. mantenía una relación matrimonial con M.E.B.C., de 34 años, conviviendo en el domicilio sito en la localidad de Escalona, junto con los dos hijos menores que tenían en común, A. de 13 años, y B. de 14 años.

Así, M.E.B.C. mantenía una relación extramatrimonial –conocida y asumida por el acusado– con M.A.G., de quien, en el momento de los hechos, estaba embarazada (en estado de 40 semanas de gestación).

Sobre las 19.00 horas del día 28 de diciembre de 2022, M.E.B.C. después de varios intentos fallidos por miedo a las represalias del acusado, decidió abandonar junto con sus dos hijos el domicilio familiar para trasladarse a convivir con M.A.G., por lo que hicieron las maletas y procedieron a meterlas en el coche.

El acusado, según el fiscal, no aceptaba que M.E.B.C. le abandonase y, sobre las 20.00 horas del mencionado día, cuando los hijos menores estaban fuera del domicilio sacando sus cosas, cerró la puerta de la vivienda, con la intención de matarla o aceptando que este resultado podía producirse, y con ello además provocar el aborto del feto que gestaba.

Encontrándose en el patio delantero de la casa, de forma súbita y sorpresiva y aprovechándose de la situación de falta de reacción de la misma, el relato de la Fiscalía indica que el procesado asestó a M.E.B.C. ocho puñaladas en la zona abdominal y en la espalda. Como consecuencia de lo anterior la víctima falleció, así como el feto, pese a la práctica por los sanitarios que acudieron al lugar de una cesárea de urgencia y los intentos de reanimación.

Las puñaladas propinadas por el acusado contra M.E.B.C. fueron dos en la región infraescapular izquierda, otra por debajo de la zona deltoidea izquierda, tres en el abdomen izquierdo y dos heridas de aspecto inciso en tercio inferior de antebrazo izquierdo, ninguna de las cuales presenta caracteres defensivos.

El fiscal señala que tras el ataque, el acusado, «guiado por el desprecio hacia su esposa y su falta de voluntad de respetar su libre decisión de reanudar su vida sentimental», se dirigió a ella insultándola porque iba «tener un hijo con otro».

Acto seguido el acusado arrojó el cuchillo al patio de la vivienda contigua, con la intención de deshacerse de él, si bien admitió ante su hijo A. la autoría del asesinato y del aborto manifestándole que «se lo tenía merecido», así como también ante su hija B. y el vecino P.C.C.

En ese momento pidió que llamaran a la Guardia Civil, reconociendo que sabía muy bien lo que había hecho y no iba a ir «a ninguna parte». El acusado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el 30 de diciembre de 2022.

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En una rueda de prensa, Agudo ha justificado su petición porque la sentencia del Tribunal Supremo que condena al que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro a 24 años de prisión «por delitos gravísimos de corrupción, de pertenencia a organización criminal, es uno de los episodios más vergonzosos de la historia reciente de nuestro país».

Según Agudo: «Es una condena demoledora contra quien fue durante muchos años el número dos del Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, en el que depositó su máxima confianza política de su partido y de su Gobierno».

Y ha mantenido que si Sánchez es presidente del Gobierno es gracias al apoyo de los ocho diputados nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha que lidera García-Page, por lo que ha considerado que está en su mano impedir que siga manteniéndose en el cargo.

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«Si hay un responsable político de la corrupción de sus ministros es Pedro Sánchez, pero el responsable de que hoy Pedro Sánchez siga en la Moncloa, de que siga siendo presidente del Gobierno de España, es gracias a que Emiliano García Page le está manteniendo».

Agudo ha añadido: «El responsable de mantener a Sánchez se llama Emiliano García-Page», que en su opinión «no puede fingir que esto no va con él, hoy ya no le vale esa crítica de salón y mantener su apoyo intacto a Pedro Sánchez después de lo que ha sucedido».

En este sentido, Agudo se ha preguntado: «¿Qué más tiene que pasar para que Emiliano García-Page rompa con Sánchez? ¿Por qué sigue sosteniendo a Pedro Sánchez de la Moncloa?¿Por qué sigue respaldando el proyecto cuyo líder está rodeado por corrupción?»

La secretaria general del PP castellanomanchego ha preguntado a García-Page por qué sigue respaldando el proyecto de un presidente acorralado por la corrupción en su partido, en su familia y en su Gobierno.

Asimismo, ha dicho: «Hoy la conciencia democrática de Emiliano García-Page debería estar profundamente removida», y ha insistido en su consideración de que «no puede seguir amparando con sus votos y su silencio al que colocó a Ábalos en el Gobierno y en su partido en los puestos de máxima responsabilidad y de decisión» y le ha planteado que hasta cuando «va a seguir sosteniendo esta deriva corrupta».

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El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), consultado por EFE, ha publicado este martes la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería por la que se formula la declaración de impacto ambiental de este proyecto y, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, este departamento ha considerado viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.

Esta planta de biometano y fertilizantes se prevé ubicar en una parcela que se localiza en el paraje conocido como ‘Hinojar’ y se trata de una parcela de uso agrícola.

La previsión es que la instalación tenga una capacidad de tratamiento de 240.000 toneladas/año, de forma que el biometano que se genere se inyecte a la red gasista, para lo que se construirá un gasoducto soterrado de una longitud aproximada de 655 metros, que discurre íntegramente por el término municipal de Talavera de la Reina hasta el punto de conexión con el gasoducto de transporte existente Torrijos-Talavera, propiedad de Enagás.

Entre las medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente de esta planta, la resolución recoge, para evitar la emisión de polvo y olores, el uso obligatorio de lonas o similar para cubrir las cajas de los camiones que transporten material y, se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en pista a 20 kilómetros por hora y, además, los camiones que transporten residuos orgánicos que puedan causar malos olores contendrán cajas estancas.

También se propone la instalación de una antorcha de seguridad con capacidad suficiente para oxidar todo el biogás generado en planta, que solo se usará en ocasiones de emergencia y que las puertas donde se descarguen los residuos permanezcan cerradas salvo en el momento de entrada de residuos.

Para la protección del suelo y del sistema hidrológico, se especifica que todas las superficies de la instalación en las que se almacenen residuos y subproductos, así como los productos resultantes de su valorización, deben estar debidamente aisladas e impermeabilizadas, con una revisión periódica del buen estado de las láminas de impermeabilización.

Asimismo, se recoge que el almacenamiento de residuos de entrada en la planta será cerrado o en nave, los tanques de la instalación serán cerrados y todas las balsas de almacenamiento de líquidos de la planta serán cubiertas.

Por otro lado, queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales, suelo o cualquier otro elemento de dominio público hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización.

Además, la resolución señala que la promotora debe elevar la cota del terreno en 78 metros, para prevenir la avenida de aguas.

También recoge el documento que, según el informe emitido por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la actividad es compatible con los usos establecidos en los suelos donde se pretende implantar, ya que el proyecto se ubica en suelo rústico, en una zona donde predominan los paisajes de cultivo de cereales de secano y olivares.

Con todo, la resolución recoge que el proyecto también debe contar con evaluación de impacto ambiental ordinaria, que se está tramitando, por lo que la planta no podrá funcionar hasta que no cuente con dicha autorización ambiental integrada.

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El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 21:56 horas de este lunes, la víctima, una mujer de 37 años, acudió al centro de salud de Las Pedroñeras con heridas de arma blanca en la cara y en una pierna y, según relató, le había agredido un hombre.

La mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Villarrobledo en una ambulancia de soporte vital.

Estas fuentes han indicado que, en principio, no apunta a un caso de violencia machista.

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