Las defunciones en Castilla-La Mancha en mayo de 2020 han disminuido un 10,8 por 100 con respecto a las inscritas en el mismo periodo del año anterior. Los registros civiles de Castilla-La Mancha expedieron el pasado mes de mayo 1.439 licencias de enterramiento, cuando en el mismo mes de 2019 se registraron 1.614 defunciones, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.
De los 1.439 totales, 456 lo fueron por Covid o por sospecha compatible con Covid
Y de ese número de 1.439, en 456 licencias de enterramiento, el 31,7 por 100, se recoge como causa del fallecimiento Covid o sospecha compatible con Covid, referenciando como sospecha aquellos supuestos en los que se recoge dicha probabilidad o sospecha en la certificación médica o existen motivos para ello por concurrir procesos patológicos de tipo pulmonar compatibles con dicha causa.
Al margen de este dato, la reducción en el número de expedición de licencias de enterramiento en la región durante el mes de mayo también ha sido significativa con respecto a los meses de marzo y abril de 2020. Concretamente el descenso con respecto al mes de abril es del 63,1 por 100 (3.902 licencias enterramiento en abril frente a 1.439 de mayo).
En cuanto al porcentaje de disminución en referencia al mes de marzo alcanza el 58,4 por 100 (3.458 licencias de enterramiento en marzo por 1.439 de mayo). Esta circunstancia ha tenido como principal efecto la normalización en el trabajo de los Registros Civiles de Castilla-La Mancha, que durante la pandemia han venido realizando servicios esenciales en la Administración de Justicia, siendo la expedición de licencias de enterramiento la principal y casi única actividad de los registros en número.
El número de fallecimientos fue muy superior en marzo y en abril
El expediente gubernativo de la Presidencia del TSJ de Castilla-La Mancha se abrió en el mes de abril tras constatar con datos el incremento sustancial de licencias de enterramiento y defunciones durante el mes de marzo, que estaba provocando, según informaciones recibidas por el Presidente del TSJ, dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos.
De igual modo, se pusieron de manifiesto, desde un primer momento, dificultades para la gestión de las licencias e inscripciones de defunción por aumento significativo de la mortalidad, así como en la consignación de las causas de la muerte en las certificaciones médicas, en las que no siempre aparecía referenciada la infección por el virus.
Todo ello debido fundamentalmente al no sometimiento a muchas de las personas afectadas a test o analíticas que acreditaran cumplidamente dicho contagio, si bien en muchos supuestos los indicios y síntomas de las patologías inmediatamente causantes de la muerte apuntaban a dicha infección como causa principal o determinante de la misma.
Había que solicitar el informe del médico forense
Como consecuencia de estos datos, el Acuerdo dictado por la Presidencia del TSJCLM dirigía prevención a los jueces encargados de los Registros Civiles para que, en lo sucesivo, se velara por hacer una identificación lo más precisa posible de la causa inicial o fundamental de la muerte en todos aquellos casos en los que aparezcan procesos patológicos o causas o intermedias que puedan considerarse compatibles o sospechosos con el Coronavirus Covid.
Solicitando, si se considera necesario, dictamen del médico forense del correspondiente Instituto de Medicina Legal y acudiendo si fuera preciso al forense de guardia en el Partido Judicial. Y que, a su vez, auxilien en sus dudas a los Juzgados de Paz y personal de las Agrupaciones en este tipo de cometidos.
En ese sentido, y siguiendo el Protocolo aprobado al efecto, médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y Guadalajara, y de Ciudad Real y Toledo, están colaborando con los Registros Civiles en la revisión de las licencias de enterramiento y defunciones ya inscritas desde el día 1 de marzo de 2020, a los efectos de que pueda quedar constatada la causa inicial o fundamental del fallecimiento en aquellos casos en los que aparezcan sospechas o factores racionales de probabilidad de COVID 19, y se están visando todas las certificaciones de defunción que se producen en lo sucesivo a solicitud de los Registros Civiles.