La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha entendido que el ingreso mínimo vital (IMV), cuya aprobación ha calificado de muy importante, debe llevar aparejado el desarrollo de un programa de inclusión social, y también de inserción laboral, con las personas más vulnerables y «con mayores dificultades», y la intervención de profesionales de los servicios sociales.
Una reflexión que ha realizado con motivo de presidir por videoconferencia el primer Plenario de Servicios Sociales de Atención Primaria en el que se han valorado las consecuencias económicas, sociales y psicosociales por el COVID-19, el impacto de la aprobación del IMV y la importancia de la intervención social para responder a personas y familias más afectadas, por su situación de vulnerabilidad, durante la crisis sanitaria.
En este contexto, ha defendido la apuesta del Ejecutivo autonómico del IMV «por la importancia de las políticas de inclusión social y de inserción laboral con las personas más vulnerables y con mayores dificultades», ha indicado en una nota de su departamento.
Además, es «una buena oportunidad para destacar y poner en valor la intervención social que realizan los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria» en la garantía de que el ingreso mínimo vital cubra la atención de las necesidades materiales básicas, que se complementará con otras prestaciones.
Inserción laboral e integración social
«El objetivo, ha dicho, es que los beneficiarios puedan realizar itinerarios y procesos de inserción laboral y de integración social, de la mano de las políticas y servicios de empleo y mediante la coordinación con otros ámbitos como la educación, la sanidad, la vivienda o la formación»
Y, aquí, Sánchez ha subrayado la accesibilidad de los Servicios Sociales durante la crisis sanitaria, así como las ayudas de Emergencia Excepcional, dotadas con 14,5 millones de euros, puestas en marcha por el Ejecutivo regional en colaboración con las diputaciones provinciales y que ya han superado las 13.000 solicitudes.
Finalmente, ha recordado que Castilla-la Mancha cuenta con un total de 917 profesionales en la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria y 5.500 auxiliares que prestan el servicio de Ayuda a Domicilio en 690 municipios de la región mediante convenios de colaboración con los ayuntamientos, que «son fundamentales para atender a las personas y las familias en su entorno».
En este primer Plenario regional de Servicios Sociales han participado la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el director de Acción Social, Gregorio Gómez, junto a los responsables provinciales en la materia y profesionales de la Red Pública de Servicios Sociales de Atención Primaria de la región.