La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que la Consejería de Educación está procediendo a incorporar presencialmente a las docentes embarazadas, por lo que exige a la Administración regional a que reconsidere su postura y reelabore el Protocolo para personal vulnerable frente a la Covid-19 y riesgos para el embarazo.
CSIF explica que las docentes embarazadas eran las únicas trabajadoras catalogadas como vulnerables a las que se les permitía teletrabajar, pero el protocolo dictamina que deben realizarse una prueba serológica y si reciben un resultado negativo pueden retornar a las aulas con una mascarilla FPP2.
«No se plantean la salud de las docentes embarazadas», dice CSIF
CSIF señala que si hasta el momento las embarazadas han desarrollado su labor en el tercer escenario planteado por Educación, el telemático, «no tiene sentido ahora que regresen a las aulas con el consiguiente riesgo que supone la posible exposición del coronavirus».
Es más, la Consejería plantea tres modelos enfocados a la evolución de la pandemia con la intención de proteger a los alumnos (presencial, semipresencial y telemático), pero no se plantea la seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas.
El personal vulnerable
Junto a las embarazadas, CSIF considera que la Consejería está actuando negligentemente con el personal vulnerable, que continúa con su labor presencial a la espera de la adaptación de sus puestos de trabajo.
Esta situación se produce ante la falta de un Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio, lo que conlleva que este personal sea atendido por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales del Sescam, suponiendo un retraso en la atención asistencial al no tener personal suficiente para abordar todos los casos.
Mientras tanto, la mayor parte de los docentes vulnerables, formado por personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad hepática crónica severa, insuficiencia renal crónica, inmunodeficiencia, cáncer en fase de tratamiento activo, mayores de 60 años u obesidad mórbida, continúan trabajando presencialmente