Contratos de hace diez años

Padre e hijo condenados por tener "semiesclavos" a trabajadores en Albacete

Según la sentencia, no les pagaban los salarios acordados, ni les daban días de descanso o vacaciones y les alojaban en un almacén donde guardaban ganado. Los hechos se remontan a la pasada década y la sentencia, que no es firme, considera que los acusados, padre e hijo, cometieron un delito contra los derechos de los trabajadores

El Juzgado Penal 3 de Albacete ha impuesto una condena de año y medio de cárcel más el pago de indemnizaciones de 10.000 euros a cada víctima para los dos acusados (padre e hijo) de emplear a trabajadores en varias fincas agrarias de Caudete (Albacete) en condiciones de «semiesclavitud».

Según la sentencia, no les pagaban los salarios acordados, ni les daban días de descanso o vacaciones y les alojaban en un almacén donde guardaban ganado. Los hechos se remontan a la pasada década y la sentencia, que no es firme, considera que los acusados, padre e hijo, cometieron un delito contra los derechos de los trabajadores, si bien atenúa la pena por el tiempo transcurrido para resolver el procedimiento penal.

Los condenados son Manuel B.C., aparcero y administrador de dos fincas que eran propiedad de José Manuel B.L., y se citan cuatro contratos hechos entre 2005 y 2010 donde sometieron a los trabajadores «a condiciones de semiesclavitud» mientras ejercían como pastores.

Sin salarios y condiciones abusivas

Los empleados sufrieron «falta absoluta del pago de sus salarios», jornadas de trabajo superiores a ocho horas, sin descanso semanal y sin vacaciones, y fueron alojados «en habitáculos para animales que no reunían las condiciones mínimas de salubridad e higiene», recibiendo además por comida «restos y pan duro».

En los fundamentos del fallo judicial se recogen los testimonios de los cuatro trabajadores denunciantes, coincidentes respecto a las malas condiciones que sufrían durante años, unos hechos que también comprobaron los inspectores de Trabajo.

La sentencia impone 18 meses de prisión a cada acusado, les obliga a indemnizar con 10.000 euros a cada uno de los cuatro trabajadores denunciantes, y también se les obliga al pago de una multa de más de 2.400 euros.