Ejecuta dos sentencias contra el proyecto

La Diputación de Toledo anula la expropiación de Ciudad de Vascos y devuelve la finca a sus dueños

El actual Gobierno provincial anulará ahora administrativamente el proyecto en El Puente del Arzobispo, del que los tribunales han concluido que sus gestores podrían haber incurrido en desviación de poder con actitudes muy graves y fines electoralistas

El Pleno de la Diputación de Toledo ha aprobado en su sesión de esta mañana la anulación del expediente de expropiación de Ciudad de Vascos y la restitución de la propiedad de la finca a sus dueños.

La sentencia de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, de Toledo, de 31 de julio de 2017, declararon nula la urgente ocupación y el procedimiento expropiatorio aprobados para la ejecución del proyecto “Ciudad de Vascos”, y dictaminó la restitución de la finca, ilegalmente expropiada, a los propietarios, ha informado la institución provincial.

Santiago García Aranda ha explicado la aplicación de las sentencias sobre Ciudad de Vascos por el Pleno

 

El vicepresidente portavoz de la Diputación, Santiago García Aranda, ha señalado la singularidad de las sentencias, “que también advierten sobre la posible desviación de poder de la señora Cospedal y el señor García-Tizón en la tramitación del proyecto de Ciudad de Vascos”.

«La justicia ha resuelto paralizar el proyecto Ciudad de Vascos a través de las dos sentencias mencionadas, que anulan todas las actuaciones realizadas» añade la institución provincial.

Santiago García Aranda, explicando la aplicación de las sentencias por el Pleno
Santiago García Aranda, explicando la aplicación de las sentencias por el Pleno.

 

García Aranda ha añadido que “el acuerdo se toma en cumplimiento del TSJCLM y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Toledo, que condenan a la Diputación a declarar nulo y anular los acuerdos que en su día adoptó el gobierno del señor Tizón para expropiar ilegalmente una finca y devolverla a los legítimos propietarios”.

Así, el Pleno ha decidido, por mayoría, aprobar los acuerdos necesarios para la ejecución de esas sentencias y la restitución del derecho pleno de la propiedad de la finca que se declaró de urgente ocupación y cuyo proceso de expropiación se inició, a sus legítimos propietarios.

García Aranda aclara que lo que ha hecho el Pleno ha sido ejecutar las sentencias

Para el vicepresidente de la institución, “lo que la Diputación se limitará a ejecutar es lo que dictan las sentencias para anular el procedimiento ilegalmente tramitado por esta Diputación bajo el mandato del señor García-Tizón”.

Ahora, la Diputación deberá proceder a cancelar la inscripción que se realizó a favor de la Diputación en el Registro de la Propiedad de El Puente del Arzobispo y la revocación de esa inscripción realizada a favor de la Diputación.

Las dos sentencias, cuya ejecución ha sido aprobada en el día de hoy, «hablan incluso de actitudes muy graves que podrían ser calificadas como desviación de poder al utilizar la administración en el proyecto de Ciudad de Vascos con fines electoralistas«, agrega el comunicado de la Diputación.

Los fallos concluyen que el proyecto no iba a dinamizar la zona

Las sentencias afirman que el proyecto de Ciudad de Vascos elaborado en la legislatura presidida por García-Tizón «no iba a dinamizar económicamente la zona ni la comarca de Talavera», y «censuran la construcción de un centro de interpretación, cuando ya existía uno de esta naturaleza, así que se hacía innecesaria la construcción de otro más«, concluye la nota.

Los fallos avalan las conclusiones del estudio

Las sentencias corrobaron en parte las demoledoras conclusiones a las que llegó el estudio encargado por el Gobierno provincial, elaborado por la empresa Globaldit, que concluyeron, tras detectar múltiples deficiencias (entre ellas, la inexistencia de un estudio de viabilidad), que el proyecto hubiese acarreado unas pérdidas que oscilan entre 100.000 y 400.000 euros anuales.

Por contra, el PP ha negado en varias ocasiones todas las denuncias del Gobierno provincial, afirmando que el proyecto contaba con todos los permisos y el estudio de viabilidad, explicando las acusaciones por la supuesta incapacidad de los actuales gestores de la institución para sacar adelante el proyecto.