El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Cuenca ha presentado una querella por prevaricación contra el concejal de Hacienda, Enrique Hernández, por el contrato en la empresa Aguas de Cuenca de la que es consejero delegado.
El Grupo Popular ha insistido en rueda de prensa que se trató de un intento de hacer un contrato indefinido al concejal más allá del fin de la legislatura, y que el equipo de gobierno solo lo anuló cuando la oposición comenzó a investigar.
El portavoz del PP, Pedro José García Hidalgo, ha afirmado que no descartan ampliar la querella contra el alcalde, Juan Ávila, una vez se demuestre que firmó el contrato como presidente de la empresa pública.
Según ha recordado García, el Código Penal recoge para estos casos una pena de inhabilitación por cargo público de entre 7 y 10 años, y cree que estos hechos son «los más graves que se recuerdan en el Ayuntamiento».
El portavoz popular espera que la documentación que rodea a este contrato salga a la luz durante el proceso judicial, ya que a ellos no se les ha facilitado.
Sobre este particular, García ha dejado entrever que temen que el contrato pueda estar blindado y se pregunta por qué no se les ha hecho llegar.
Asimismo, han solicitado la declaración del querellado, el certificado de compatibilidad entre la condición de concejal y trabajador de la empresa, que se añada al expediente un informe sobre quién solicita el alta y baja de la Seguridad Social, el certificado de los cobros percibidos por Hernández desde julio de 2011, o un informe sobre la forma de acceder al puesto de trabajo en que se da de alta el concejal.
La querella se presentó ayer miércoles ante el Juzgado de Instrucción de Cuenca, según García.
Sobre esta polémica, el concejal de Hacienda, Enrique Hernández, replicó, cuando los populares criticaron este asunto a principios de junio, que se le había hecho un contrato Modelo 100 por requerimiento de la Seguridad Social, pero que al mes siguiente se le hizo un contrato de Alta Dirección como el que han tenido todos sus antecesores en la empresa pública: los populares Javier Ruiz y Miguel Ortiz y el socialista Javier Priego.
Además, Hernández añadió que su vinculación con la empresa pública terminará al concluir la legislatura, sin derecho a indemnización alguna y que su sueldo es el mismo que percibía como concejal liberado.