La Audiencia Provincial de Toledo ha rechazado el recurso que presentó una empresa de rallies que había denunciado a dos agentes medioambientales de Castilla-La Mancha que habían denunciado la práctica ilegal de pruebas de conducción deportiva en el medio natural y en zonas no habilitadas para tal efecto, en cocreto en la comarca de La Jara toledana, muy cerca de Talavera, tal y como han confirmado fuentes de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales (APAM CLM) a encastillalamancha.es.
Carreras ilegales que se remontan al año 2011, cuando estos dos agentes detectaron que se realizaban de forma organizada y que incluso discurrían por algunos tramos que son caminos vecinales, con el consiguiente riesgo para cualquier persona que pudiera ir por la zona.
Una zona que, además, es de gran valor ecológico al estar situada cerca de zonas protegidas LIC (Lugar de Importancia Comunitario) y de un Refugio de Fana cuyo embalse alberga una gran concentración de avifauna protegida. Por no hablar del riesgo potencial que había de provocar un incendio forestal debido a las expulsiones de partículas incandescentes por los tubos de escape de los coches utilizados a gran velocidad.
La empresa organizadora de estos rallies no tomó, según APAM CLM, las medidas de precaución oportunas, ya que no solo carecía del permiso obligatorio de evaluación de impacto ambiental, «sino que además no tenía constancia de que tuviese licencia de actividades del ayuntamiento, ya que se trataba de una actividad con ánimo de lucro».
De hecho, hasta seis agentes medioambientales denunciaron la situación de forma reiterada, con todas las pruebas necesarias para que cesaran en la citada actividad. Pero la empresa, dice la asociación, «no solo negó los hechos sino que emprendió acciones legales contra los dos primeros agentes que habían denunciado los hechos».
APAM CLM afirma que no contaron «con ninguna defensa por parte de la Administración, pese a que ésta es garante de la defensa y protección de sus propios funcionarios. Es más, los servicios jurídicos de la Junta no dispusieron del tiempo suficiente para preparar el caso con las máximas garantías, lo que podía haber puesto en una situación muy delicada a los agentes», lo que califican de «incomprensible e inadmisible el aislamiento y la falta de amparo que sufrieron los agentes».
Por lo que tuvieron que recurrir a la Asociación Española de Agentes Forestales y Medio Ambientales (Aeafma) para denunciar los hechos. «Y afortunadamente se ha demostrado que las acusaciones formuladas contra los dos agentes carecían de toda credibilidad quienes, además, no descartan emprender acciones legales contra aquellos que presuntamente cometieron una falta de celo o diligencia en sus actuaciones».