El acusado de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, identificado como O.B.M., ha admitido que a través del programa Gigatribe descargó archivos de contenido pedófilo pero ha afirmado que «nunca» propició que otros usuarios pudieran tener acceso a los mismos, ya que ha declarado desconocer que esta aplicación peer to peer permitiera compartir archivos con otros usuarios a través de Internet.
Así se ha pronunciado durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Toledo. En su alegato final, el acusado ha manifestado que no está orgulloso «de nada esto» y ha pedido «perdón» a todas las personas que haya podido hacer daño por estos hechos, al tiempo que ha reconocido ser consciente de que tiene «un problema» que debe solucionar.
Ha explicado que él estuvo presente en el registro que la Policía Nacional realizó el 21 de abril de 2017 en su domicilio de Villasequilla (Toledo) y ha admitido que el portátil requisado y analizado por los policías era de su propiedad y que este dispositivo contenía cuatro carpetas nombradas como «niñas», «niños», «vídeos niñas» y «vídeos niños».
No obstante, ha negado que mantuviera conversaciones con otros usuarios del programa Gigatribe con el fin de compartir archivos pedófilos y facilitarles las contraseñas para acceder a sus carpetas y que se metiera en un grupo específico para compartir pornografía infantil. Además, ha apuntado que el día del registro a su domicilio facilitó las claves de su portátil a los policías y que colaboró con ellos en todo momento.
Tanto los policías que participaron en el registro del domicilio de Villasequilla como el autor del informe técnico policial han coincidido en que el acusado descargó y compartió pornografía infantil. Según han dicho, el portátil del joven contenía gran cantidad de archivos de contenido pedófilo y el programa Gigatribe lo tenía configurado para cuando se encendiera el ordenador comenzaran las descargas de los archivos.
En las fotografías y los vídeos que los policías pudieron ver durante el registro aparecían niños agredidos sexualmente y de corta edad y han explicado que no hicieron copia del disco duro in situ porque no tenían el material necesario y les hubiera llevado mucho tiempo, por lo que se decidió precintarlo y llevarlo a sede judicial para un volcado posterior. Los policías niegan que con esta actuación pueda producirse una alteración de la prueba.
Sostienen que Gigatribe no es un programa conocido y que el acusado formaba parte de un grupo que tenía más de 100 usuarios. Reconocen que el acusado colaboró en todo momento con ellos.
También ha declarado la pareja sentimental del acusado, quien ha dicho desconocer que el acusado consumiera pornografía infantil y que formara parte de un grupo para compartir este tipo de archivos. Ha apuntado que él no tenía acceso a sus dispositivos electrónicos y que nunca visualizó con él archivos de contenido pedófilo.
Igualmente, un ingeniero informático, perito de la defensa, ha dudado de la forma de actuar de los policías durante el día del registro y dice que no se puede saber si lo que se ha intervenido es lo que se ha analizado ya que no hay código hash. También cree que no queda acreditado que los policías cortaran la conexión a Internet el 21 de abril de 2017 y que el acusado mantuviera conversaciones con otros usuarios de Gigatribe.
En sus conclusiones finales, el Ministerio Fiscal, que pide siete de años de cárcel por un delito distribución de pornografía infantil, ha apuntado que durante la vista oral ha quedado probado que el acusado poseía «un gran número de archivos de pornografía infantil» y que además los compartía con otros usuarios de Internet.
Aunque ha señalado que el abogado de la defensa ha intentado poner en duda la cadena de custodia y la labor del letrado de la Administración de Justicia, ha defendido que el portátil fue recogido por los policías que registraron el domicilio del acusado, fue precintado y llevado a sede judicial, donde allí se hizo el volcado del disco duro, por lo que entiende que no se ha producido ninguna modificación del contenido del ordenador, que se cumplieron con todas la garantías y que no existe vulneración ni nulidad del proceso.
Ha insistido en que el acusado sabía que estaba compartiendo los archivos y no solo descargándolos ya que, según ha recordado, tanto Ares como Gigatribe son programas de intercambio de archivos. Además, ha explicado que en el informe técnico policial ha quedado demostrado que el acusado mantuvo conversaciones con otros usuarios y que les facilitó las contraseñas para que alguno de ellos pudieran acceder a sus carpetas.
De su lado, el abogado de la defensa ha admitido que su defendido ha cometido un delito de tenencia de pornografía infantil por medio de las tecnologías de la comunicación y la información pero ha asegurado que no se ha podido acreditar que haya habido compartición.
Considera que «la fidelidad de la cadena de custodia se ha roto en innumerables ocasiones» durante todo el proceso de investigación y se ha preguntado por qué los policías no hicieron el volcado del disco duro durante el registro del domicilio el 21 de abril de 2017. Ninguno de los policías -ha dicho- ha acreditado por qué no se pudo y ha explicado que una información de 16 GB puede almacenarse en cualquier dispositivo electrónico.
Ha afirmado no entender por qué el acta policial de entrada y registro no contempla todos los pasos que se dieron ese día como que los policías, según dicen ellos, cortaran la conexión a Internet para evitar que se siguieran descargando y compartiendo archivos o que siete meses después se diga que había unos chats entre el acusado y otros usuarios.
«¿Qué garantías tenemos de que el disco duro interno del ordenador no haya tenido ninguna alteración o manipulación?», se ha cuestionado el abogado de la defensa, quien también se ha preguntado por qué los policías cambiaron las claves de acceso de Gigatribe. Finalmente, ha pedido que al acusado se le aplique un atenuante por colaborar con la Justicia.