La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Guadalajara este 14 de mayo, considera probado que el exregidor se apropió indebidamente de cantidades pertenecientes a patrimonio público por valor cercano a los 5.500 euros. 

El fallo recoge una condena de cinco años de prisión para el exalcalde de Fontanar, el pago de una multa de 3.600 euros y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público, y también se le condena a responsabilidad civil a través de una indemnización al Ayuntamiento de Fontanar de 5.413,25 euros.

Hechos probados condenatorios

El tribunal estima acreditado que durante su mandato, en concreto en 2017 y 2018, San Vidal se apropió de manera indebida de cantidades por valor cercano a los 5.500 euros provenientes del patrimonio público, incluido dinero correspondiente a las aportaciones voluntarias de los vecinos de la localidad para gastos de las fiestas patronales, beneficios obtenidos por comidas populares y cantidades recaudadas en el servicio del polideportivo de la localidad.

La sentencia considera, también, que manipuló pagos endosados relativos a facturas de comidas del campamento de verano de Fontanar aparentando adelantar personalmente el gasto de este servicio y solicitando el reintegro con cargo a las cuentas del Ayuntamiento.

Todas estas conductas se hicieron en su condición de autoridad pública, accediendo a dichos importes directamente o cambiando la gestión de la recaudación de las cantidades, de modo que eran recogidos «por el concejal competente o por el propio alcalde, quien decidía la parte que se ingresaba en la cuenta del Ayuntamiento de dicha recaudación, de tal manera que no se ingresada la cantidad íntegra correspondiente a la prestación de dicho servicio, que se mantenía a su disposición”.

Además, la Audiencia de Guadalajara ve probada la autoría del exalcalde en un delito de falsedad documental, al simular documentalmente la realización de un curso (que nunca se realizó) promovido por el Ayuntamiento de Fontanar para obtener una subvención pública.

En relación con este hecho, el tribunal condena al director del centro de formación por el delito de falsedad documental y cooperador necesario del delito de malversación y establece una pena de dos años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo o empleo público.

Absuelto

La sentencia, asimismo, absuelve a San Vidal del delito de administración desleal, al entender la Audiencia de Guadalajara que los hechos probados no se incardinan en este delito sino en el de la malversación de caudales públicos, y le absuelve tambien de los delitos de prevaricación y fraude, al no haberse constatado irregularidades en el nombramiento del jefe de Protección Civil de Fontanar (también procesado en la causa) o en la contratación de su madre, también inmersa en este procedimiento judicial.

Para estas dos personas, madre e hijo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara es absolutoria, como también absuelve a la secretaria interventora del Ayuntamiento durante el mandado de San Vidal.

La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

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En el encuentro participaron los alcaldes de los tres municipios, José García Salinas, Rafael Esteban y Jesús Caballero, quienes avanzaron algunos de los proyectos estratégicos que se incluirán en el documento que presentarán ante la UE, los cuales pueden llegar a sumar un máximo de 10 millones de euros, repartidos de forma proporcional a la población de los tres municipios. De esa inversión total, y en función de la puntuación obtenida en esta convocatoria por concurrencia competitiva, podrían llegar a obtener hasta un 85 por ciento de ayuda procedente de Fondos Europeos.

“Los proyectos sobre los que estamos trabajando marcarán el desarrollo de nuestros municipios en los próximos años, con inversiones estructurales de gran calado que serían muy difíciles de poder llevar a cabo por nuestros propios medios si no es con ayudas como estas”, señaló el regidor gallardo, Rafael Esteban, quien apuntaba a una de las claves para conseguir el objetivo final, “los proyectos presentados tienen que estar maduros, es decir, ya pensados, con una memoria de obra y con unos objetivos bien definidos y siempre alienados con los que persigue la UE a medio y largo plazo”.

Es por ello que todos los proyectos que presentarán estos tres municipios que conforman el del Área Urbana Funcional de Cabanillas-Marchamalo-Fontanar comparten una hoja de ruta conjunta que busca “aprovechar estos Fondos Europeos y avanzar hacia un modelo de desarrollo más eficiente, resiliente y sostenible”, tal y como apuntó en su intervención García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo.

Por su parte, Jesús Caballero, alcalde de Fontanar, destacó “las posibilidades que nos ofrece a un municipio pequeño como el nuestro de poder acceder a esta convocatoria de fondos europeos, gracias a esta alianza con nuestros municipios vecinos”, a la vez que subrayaba “la posibilidad de crear proyectos conjuntos que nos unan, como una vía verde que nos conecte y que pueda ser un revulsivo a nivel turístico y de puesta en valor ambiental de esta infraestructura”.

Entre los proyectos avanzados en este encuentro, además del ya mencionado, destacaron los relativos a la eficiencia en el ciclo del agua (instalación de contadores digitales inteligentes que permitan mejorar la gestión del consumo y la detección de fugas, sistemas de bombeo con energía solar, creación de infraestructuras de captación de aguas como mejoras en colectores), a la lucha contra el impacto climático (renaturalización de espacios urbanos, construcción de tanques de tormentas para evitar inundaciones, instalación fuentes de energías renovables, reducción de vertidos ilegales, fomento de la movilidad sostenible, integración del entorno urbano y rural), y mejoras en bienestar social para la población (renovación y creación de infraestructuras sociales, mejoras en la accesibilidad para personas con distintas capacidades o digitalización de los servicios municipales).

Este Área Urbana Funcional de Cabanillas-Marchamalo-Fontanar comprende las acciones que se llevarán a cabo tanto en estos tres municipios como en sus términos, que suma una superficie total de más de 80 kilómetros cuadrados y más de 22.500 habitantes, encontrándose además en un área territorial con un crecimiento poblacional sostenido desde hace dos décadas. La resolución de la convocatoria de ayudas se espera para mediados de este año, siendo posible ejecutar los proyectos seleccionados por la Unión Europea hasta el año 2028.

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En su declaración ha señalado “enemistad manifiesta” con las dos funcionarias denunciantes y ha manifestado que “no me cabe la menor duda” de que los motivos de la denuncia contra él se deben a motivos políticos: “Todo esto tiene premeditación porque la finalidad era que yo estuviera aquí, en la prensa y que no ganase las elecciones”, ha agregado el exalcalde aunque la fiscal ha dicho que ese objetivo no lo lograron puesto que en 2019 ganó por mayoría absoluta.

San Vidal ha explicado que su relación de inicio era cordial hasta que “vieron peligrar sus puestos” porque inició un proceso de estabilización de empleo y se iban a sacar sus plazas, que ocupaban de forma interina.

En relación a expedientes como los cursos con baremación amañada y no impartidos pero sí justificados para cobrar, el acusado ha depositado toda la responsabilidad en las técnicos y denunciantes y ha señalado que “no verifico todo lo que me pasan, me fío de los funcionarios públicos” al tiempo que ha afirmado que no vio nunca nada raro en aquello que firmó como alcalde.

Asimismo, ha incidido en que toda la documentación y expediente lo preparaban las funcionarias por lo que la Fiscalía le ha preguntado si las está acusando de falsedad documental.

Por su parte, Unidos Fontanar ha enviado este viernes una nota de prensa en la que destacan las declaraciones de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación tanto patrimonial como de los sistemas informáticos.

Según el importe pericial, los ingresos injustificados han sido por recibir numerosos endosos del Ayuntamiento sin justificantes de compra, recibir aportaciones de empresas colaboradoras de fiestas a su cuenta particular o cobrar dietas estando en situación de incapacidad temporal.

En relación a este asunto, el exalcalde ha explicado en la sesión de este viernes que efectivamente él abonaba trabajos o adquisiciones tales como comida para la vivienda tutelada en efectivo, de un dinero que sacaron de una cuenta bancaria familiar de su padre o bien con una tarjeta bancaria vinculada a una cuenta de su madre.

La Fiscalía ha argumentado que es la primera vez que se conoce esta información, ante lo que San Vidal ha indicado que nunca le preguntaron anteriormente al respecto y, además, ha señalado el temor expresado por su madre de que pudieran robarle al conocer que tenían dinero en efectivo en su casa.

San Vidal ha negado que ni él ni nadie que le conste se han llevado dinero de las arcas públicas del Ayuntamiento.

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Así lo han declarado en la primera vista celebrada este martes en la Audiencia Provincial donde se juzga a San Vidal acusado de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la administración pública, falsedad continuada ejerciendo un cargo público y administración desleal por el que la Fiscalía pide 10 años de cárcel y 13 de inhabilitación para empleo o cargo público.

Además del alcalde se juzga a la secretaria interventora, el director de Protección Civil, la madre de éste y el director del Centro de Formación del municipio, para quienes piden penas de entre 2 y 5 años según los delitos que se les imputan.

Declaración de las denunciantes 

Marta y Eva, las dos empleadas municipales denunciantes de estos hechos que se remontan a 2018, han contestado a preguntas de la Fiscalía, de la acusación particular en la que está personada la formación política Unidas Fontanar, así como de los abogados de la defensa.

“Nosotras conocíamos mucho, veíamos tanto que pensamos que teníamos que denunciar porque sino estábamos ocultado los hechos y si salía seríamos cómplices”, ha afirmado Marta, quien desde 2004 era trabajadora administrativa municipal y realizaba trabajos de contabilidad. Ambas han señalado que trasladaron a la secretaria interventora las irregularidades o situaciones poco claras de inicio, y ésta siempre les asegura que iba a hablar con el alcalde o bien les decía que estuvieran calladas, según ha aseverado Marta.

Ha relatado cómo detectaron que ingresos de los vecinos como pago de fiestas populares, ludotecas o campamentos no se ingresaban en la cuenta del Ayuntamiento, y que el edil endosaba facturas supuestamente abonadas por él de servicios municipales, que en muchos casos se realizaban por empresas con cuenta con el Ayuntamiento pero que San Vidal afirmaba abonar él.

No obstante, Marta ha considerado que la secretaria “fue engañada” y no actuaba de forma coordinada con el regidor, y han apuntado que la información sobre dietas y dinero por desplazamientos que recibió el alcalde desaparecieron cuando ellas empezaron a denunciar irregularidades.

Ambas ex empleadas ya del Consistorio han apuntado al director de Protección Civil, también acusado, como ‘mano derecha’ del alcalde, “el cual tenía acceso a todo” y no se han extrañado cuando la fiscal se ha referido a una intervención telefónica de este acusado hablando del acceso al ordenador de una de las empleadas.

Este procedimiento se remonta a julio de 2019 cuando en una operación de la policía judicial impulsada por la Fiscalía, el alcalde y demás acusados fueron detenidos y prestaron declaración ante el juez que les dejó en libertad con cargos tras una intervención y registro de la Guardia Civil en el Consistorio.

En el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial, están llamados a declarar vecinos de Fontanar así como trabajadores municipales.

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Este procedimiento se remonta a julio de 2019 cuando en una operación de la policía judicial impulsada por la Fiscalía, el entonces alcalde y demás acusados fueron detenidos y prestaron declaración ante el juez que les dejó en libertad con cargos tras una intervención y registro de la Guardia Civil en el Consistorio.

En el juicio tendrán que declarar vecinos de Fontanar y trabajadores municipales. El juicio se prolongará los días 8,9,10, 13 y 14 de enero y en él también se juzgará a la secretaria interventora, el director de Protección Civil y la madre de éste y el director del Centro de Formación del municipio, según estas mismas fuentes.

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