Este es el segundo paso tras la presentación del Manifiesto promovido desde el Ayuntamiento de Jirueque, que reunió el apoyo de más de 100 ayuntamientos y asociaciones, con la demanda común de mejorar los mecanismos de comunicación con este organismo, mantener los cauces de ríos y arroyos y pedir flexibilidad por parte de la CHT para que los pueblos realicen las obras urgentes o necesarias en sus términos, sin temor a ser sancionados, según han informado en nota de prensa.

Problemas administrativos 

Los asistentes han expuesto varios casos de petición de autorización para distintas acciones en zonas de competencia de la Confederación, para las que no han recibido respuesta, o en otras ocasiones la respuesta es solicitud de informes, memorias o proyectos que les llevan años para conseguir dicha autorización.

«Tenemos un problema administrativo brutal», han denunciado estos alcaldes, que también han lamentado la falta de recursos para elaborar y presentar toda esa documentación.

Por todo ello, los alcaldes han solicitado una reunión al más alto nivel, con el presidente de Confederación, el comisario de aguas e incluso algún responsable del Ministerio de Transición Ecológica, de quien depende el organismo de cuenca, para trasladarles estos y otros problemas.

También han invitado a estos responsables a visitar sus pueblos para comprobar el estado de los cauces y ver los problemas que tienen.

Limar asperezas

El alcalde de Jirueque, Juan Antonio Sanz, que coordina esta unión de alcaldes, ha trasladado a la subdelegada la importancia y necesidad de contar con su apoyo y coordinación “para limar asperezas y revertir esta situación”.

Tras un encuentro, que se ha alargado algo más de una hora, se ha acordado que la subdelegada solicite dicha reunión, en la que como puntos principales se plantearán la necesidad de un interlocutor entre la Confederación y los alcaldes, para poder tramitar las actuaciones necesarias de manera eficaz y rápida, así como la reclamación de un Plan de limpieza de cauces con planificación y recursos propios del organismo de cuenca.

Los regidores han advertido de que ayuntamientos de menos de 100 habitantes no pueden hacer frente con sus «precarios presupuestos» al mantenimiento de los cauces y argumentan que esa labor es competencia de la Confederación, organismo que cuando contesta a sus peticiones dice no tener presupuesto para llevar a cabo algunos trabajos en los cauces fuera del caso urbano. “De qué sirve que nosotros gastemos dinero en limpiar la parte urbana del cauce, si Confederación no limpia más arriba ni más abajo”, se han preguntado estos alcaldes de la provincia de Guadalajara.

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En total, 95 ayuntamientos de la provincia de Guadalajara y dos de Madrid, 2 asociaciones, 11 Eatim y 4 mancomunidades, han manifestado este lunes su «oposición y rechazo» hacia «determinadas actuaciones» por parte del organismo estatal que, «sin atender a razones y basadas en normativas arcaicas y a menudo con apariencia especulativa, acaban perjudicando a nuestros municipios, con graves consecuencias sociales y sanitarias para nuestros vecinos, además de las económicas», han señalado este lunes a través de un comunicado de prensa.

A juicio de estos municipios, muchos de los cuales se han visto afectados por sanciones de este tipo, estas actuaciones por parte de la CHT solo pueden calificarse como «caprichosas, coercitivas y con afán meramente recaudatorio, sin tener en cuenta las consecuencias que de ellas se derivan».

En cualquier caso, a través de una nota de prensa, todos ellos manifiestan su «buena voluntad y disposición» para reconducir y solucionar las causas que acaban motivando estos problemas.

Par a ello, solicitan una reunión con la Subdelegación del Gobierno, con el fin de poder abordar algunos asuntos de interés para ellos como el de mejorar los mecanismos de comunicación con la Confederación Hidrográfica del Tajo, al objeto de facilitar el acceso a la información por parte de sus municipios porque «no, por pequeños, merecedores de menor respeto y consideración».

También reivindican realizar limpiezas «regulares y sistemáticas» de los cauces de sus ríos y arroyos a fin de «evitar o paliar» las consecuencias negativas de posibles crecidas o riadas y que las posibles sanciones a imponer sean «en casos absolutamente necesarios y basadas en criterios razonados y razonables».

Además, demandan una mayor «flexibilidad» por parte de la CHT para que los pueblos realicen las obras urgentes o necesarias en sus términos, sin temor a ser sancionados ya que son sus propios vecinos y sus representantes, los máximos interesados en mantener sus cauces en condiciones óptimas. También exigen establecer mecanismos de mediación y arbitraje en casos de discrepancias entre las partes.

«Creemos que la Confederación tiene una magnífica oportunidad de rectificación y para ajustar su organización con la finalidad de dar un servicio más cercano, más proporcional y, sobre todo, más justo a los municipios sobre cuyas cuencas hidrográficas tiene competencia», concluyen.

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Así lo explica el alcalde, Juan Antonio Sanz, quien ha informado que el motivo de esta sanción ha sido la limpieza del cauce del río, a pesar de que contábamos con permiso de la propia Confederación pero, según incide, “aquí no importan los detalles” ni siquiera que “sin esta reparación, la contaminación habría durado una semana”. Sanz ha explicado también que, después de esta limpieza, “se dejó todo como estaba”.

Trabas burocráticas 

Desde el Ayuntamiento de Jirueque no entienden la forma de actuar de esta Confederación ni tampoco que sea imposible contactar con la persona responsable del expediente. “Intentarlo supone perderse en un laberinto de teléfonos y locuciones inútiles, de contestadores automáticos a los que nadie responde jamás; un trámite sencillo se convierte en una odisea absurda, sin interlocutores ni soluciones”, se lamentan.

El máximo responsable del municipio ha aludido a las “reglas abstractas y ajenas a la realidad” que rigen la administración pública señalando que “las decisiones que afectan, sobre todo, a los pueblos pequeños deberían considerar su contexto, no aplicar castigos mecánicos que solo ahondan el abandono”.

Todo esto, subraya el alcalde, “sucede en un momento en que la inflación y el alto valor de los activos financieros, entre ellos la vivienda, están generando un efecto dominó que podría llevar a muchas personas y parejas jóvenes a replantearse su vida en estos municipios”, pero con instituciones y actuaciones como esta, “se cercena el potencial de los pueblos para ofrecer una alternativa real”. “La tan manida ‘España vacía’ seguirá vacía si quienes tienen el poder de ayudar se dedican a poner trabas en lugar de soluciones”, sentencia.

Ayuda de las administraciones

Desde el Ayuntamiento recuerdan que desde la pandemia de COVID-19 y la posterior crisis energética agravada por la guerra en Ucrania, la inflación ha golpeado con fuerza a la mayoría de las economías occidentales. En España, los precios han subido de forma considerable, afectando sobre todo a bienes esenciales como la alimentación, la energía y los alquileres. Aunque el Banco Central Europeo ha reaccionado con subidas de tipos de interés para contener la inflación, esto ha tenido efectos secundarios perjudiciales, como el encarecimiento de la financiación y la ralentización económica. En este contexto, insiste, “las administraciones deberían facilitar el desarrollo de los pequeños municipios, no castigarlos con sanciones desproporcionadas que agravan aún más su situación”.

“Es increíble que, después de lo vivido en Valencia, nadie reforme estos entes tan mal gestionados como las Confederaciones para que sean eficientes y realmente productivos”, dice el alcalde añadiendo que “resulta incomprensible que las administraciones que dicen querer salvar la España vacía, luego imponen multas que la asfixian”.

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