La sentencia añade que «la cláusula suelo es contraria al principio de buena fe que genera una legítima expectativa en el contrato entre las partes y que sirve para modelar el contenido del contrato, considerando que impera el principio de la buena fe frente a las cláusulas abusivas, sea o no consumidor el adherente». Y concluye que una cláusula con un tipo suelo del 4 por 100 y un techo del 16 por 100 «origina un desequilibrio notable entre derechos y obligaciones de las partes fijados en el contrato».

Por lo tanto, concluye el fallo, «por el hecho de ser una persona jurídica (en este caso, una empresa inmobiliaria) y no ser aplicables al caso concreto planteado las normas que establecen una especial protección al consumidor (persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional), no excluye que pueda lograrse esta tutela para una empresa por otro cauce».

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