Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social y Alberto Rojo, alcalde de Guadalajara

Un centro de día y varias viviendas

Las parcelas estarán ubicadas junto a las calles Alicante y Almería y suman 9.578 metros cuadrados. Será una cesión gratuita y única, exclusivamente, para este fin.

«Un centro para sus cuidados, para su estancia y también viviendas residenciales para ayudarles a desarrollar una vida plena desde el punto de vista de la igualdad de las oportunidades”, ha expresado el alcalde, Alberto Rojo.

Convocadas dos plazas de ordenanza auxiliar

Durante la firma del convenio, el alcalde de Guadalajara, ha destacado al reciente aprobación de un concurso oposición para cubrir dos plazas de ordenanza auxiliar de servicios generales. Este proceso está restringido a personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

Además, ha avanzado “que se va a actuar en materia de  infraestructuras en nuestras dependencias municipales para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida». Cuestión que se hará trabajando con Consejo Sectorial de Accesibilidad.

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«Del 20 al 26 de septiembre celebramos la Semana Internacional de las Personas Sordas, en la que situamos el foco de la atención en dos días en concreto: el 23 y el 25 de septiembre, el Día Internacional de las Lenguas de Signos y el Día Mundial de las Personas Sordas, respectivamente. La Semana Internacional de las Personas Sordas tiene sus antecedentes en 1958 y desde ese momento, promueve y crea conciencia sobre las dificultades que la comunidad sorda supera en su día a día.

El primero de ellos señala la importancia de proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas y el resto de usuarios de las lenguas de signos. Esta efeméride es relativamente reciente, pues fue en 2017 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas lo fijó en su calendario, con el objetivo de preservar las lenguas de signos como requisito previo para que las personas que presentan algún tipo de discapacidad auditiva y usen las lenguas de signos, puedan ejercer sus derechos humanos con plenitud.

«¡Firmamos por los derechos humanos!»

En esta ocasión, el organismo internacional ha elegido el lema ‘¡Firmamos por los Derechos Humanos!’, poniendo el acento en el acceso temprano a la lengua de signos y la educación como elemento decisivo para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible.

En segundo lugar, bajo el lema ‘Celebrando la prosperidad de la comunidad sorda’, se conmemora el Día Mundial de las Personas Sordas que permite al colectivo visibilizar sus derechos y la unidad del movimiento asociativo que representa a la comunidad sorda, para lo que la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), cuyo representante en Castilla-La Mancha es la Federación de Personas Sordas de Castilla La Mancha (Fesormancha), que desarrolla una serie de actividades encaminadas a este fin.

La colaboración del Gobierno regional

La colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha con esta Federación regional viene de lejos, iniciándose en el año 2002 y se concreta en un Servicio de Mediación Social y un Servicio de interpretación de lengua de signos que, en lo que va de este año, ha prestado cerca de 6.000 servicios especializados de mediación y de interpretación en lengua de signos, llegando a aproximadamente 3.200 personas sordas.

En esta línea, una de las cuestiones más importantes para las personas sordas es el acceso a la información, especialmente en sus relaciones con la Administración pública. Por ello, el Gobierno regional, dentro de su objetivo de hacer una administración regional más accesible para toda la ciudadanía, ha puesto en marcha un novedoso servicio de videointerpretación en lengua de signos en las cinco delegaciones provinciales de Bienestar Social, en los trece centros base de Valoración y Atención a las Personas con Discapacidad y en las nueve Oficinas de Información y Registro de las Delegaciones Provinciales de Hacienda y Administraciones Públicas (OIR).

Eliminando barreras

Este sistema permite, mediante cita previa, que cualquiera de las 15.000 personas valoradas con discapacidad auditiva de Castilla-La Mancha, puedan acceder de un modo más accesible a la Administración, eliminando las barreras existentes en la comunicación.

El Gobierno regional se quiere sumar a la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas, recordando la importancia de la lengua de signos y la necesidad de defender e impulsar el pleno ejercicio de los derechos de la comunidad sorda, auténtico sinónimo de normalización».

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35 millones en 2021, otros 43 en 2022 y 48 más en 2023

Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, tras informar al Consejo de Gobierno de la firma del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Junta de Castilla-La Mancha para la ejecución de seis proyectos distribuidos en tres anualidades, en el horizonte 2021-2023.

En este sentido, este año 2021 serán 34’9 millones de euros los asignados, que se completarán con 43 millones en 2022 y 47’7 millones más en el año 2023.

García Torijano ha señalado que “el Gobierno del presidente Emiliano García-Page va a destinar en los próximos tres años esta partida presupuestaria a la mejora y modernización de infraestructuras y la dotación de nuevas tecnologías en la Red de Centros para el cuidado de personas mayores y personas con discapacidad; a la mejora de los modelos de protección residencial en menores y acogimiento familiar; y a la transformación digital del sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia en nuestra región”.

Seis proyectos centrados en las personas mayores

Castilla-La Mancha ha presentado seis proyectos, que han sido aceptados y han tenido que diseñarse para ajustarse a los criterios y objetivos fijados a nivel nacional en relación a tres líneas fundamentales: el Plan de Apoyos y Cuidados de larga duración; el Plan de Modernización de los Servicios Sociales y el ‘Plan España País Accesible’.

Encuadrado en la primera línea, se encuentra el proyecto de mayor envergadura económica; el de Mejora de Infraestructuras y Equipamientos en la red de centros para cuidados de larga duración.

La titular de Bienestar Social ha destacado que este proyecto, dotado con 77 millones de euros, “impulsará el proceso de transformación del modelo residencial, con el que se pretende reformar y mejorar los equipamientos e infraestructuras de los centros residenciales para personas mayores y con discapacidad”.

Remodelación y construcción de nuevos centros

Así, la inversión se centra en “la remodelación de centros residenciales y la construcción de nuevos centros, en la creación de nuevos centros de día para la atención de personas con deterioro cognitivo en varias provincias y las inversiones en equipamiento tecnológico y técnico que fomenten la autonomía y la conexión social”.

El segundo proyecto destina 12 millones al desarrollo del sistema de Telecuidado Proactivo en Castilla-La Mancha, con el que se pretende aproximar y mejorar la disponibilidad de recursos y servicios en entornos rurales, al tiempo que combatir la soledad y el riesgo de aislamiento, consiguiendo además que las personas permanezcan seguras y atendidas en sus hogares.

Dependencia, jóvenes extutelados, acogimiento familiar…

En tercer lugar, se encuentra el proyecto para la transformación Digital del Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, con un presupuesto de ocho millones de euros, y centrada en dos ejes: la inversión tecnológica y la adquisición de equipamiento para la renovación y dotación de dispositivos a los centros y recursos de servicios sociales.

El cuarto proyecto aprobado se dirige a jóvenes extutelados para dotarles de competencias digitales y reforzar su apoyo y atención también en entornos rurales recogiendo, además, la creación de un centro virtual de apoyo a la vida independiente. Está dotado con 12 millones de euros.

La modernización de infraestructuras de Atención Residencial a Menores y del Modelo de Acogimiento Familiar supone el quinto proyecto, también dotado con 12 millones de euros de presupuesto, cuyo objetivo es avanzar hacia un modelo que fomente el acogimiento familiar como medida prioritaria de protección. Las inversiones se dirigirán hacia tres ejes: la rehabilitación y reforma de recursos y reforma de recursos residenciales de menores; la dotación tecnológica y capacitación digital; y la revisión y promoción del modelo de acogimiento familiar.

Y, por último, también se ha incluido un proyecto de Accesibilidad en Infraestructuras y Equipamientos para ayuntamientos y entidades locales, que cuenta con 1’8 millones de euros con el objetivo de seguir mejorando la accesibilidad de los centros públicos de la región desde el punto de vista físico y también digital.

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CLM acogerá a seis menores migrantes 

Según ha informado la Junta en un comunicado, se procurará que su traslado sea efectivo a la mayor brevedad posible, una vez estén disponibles los recursos necesarios de acogimiento familiar o residencial, siendo previsible que dichos traslados se realicen de manera fraccionada en el tiempo.

Este acuerdo se produce en cumplimiento de los compromisos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de los acuerdos entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para buscar apoyos solidarios a la situación originada por los efectos de una crisis migratoria procedente del continente africano y, en especial, para ofrecer la protección y la atención que necesitan las personas migrantes que son menores.

«CLM, una región solidaria»

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha indicado que «Castilla-La Mancha es una región solidaria y el Gobierno del presidente Emiliano García-Page no puede dejar de ser sensible y colaborar con la situación de estos niños, niñas y adolescentes que se encuentran sin familia, porque la protección de las personas, pero sobre todo de la infancia y de sus derechos, debe ser una máxima de cualquier gobierno».

En este sentido, en el acuerdo entre comunidades autónomas se establece la necesidad de buscar fórmulas ágiles y eficaces que permitan cumplir con el principio constitucional de solidaridad interterritorial contenido en el artículo 2 de la Constitución Española, así como contribuir a la mejor atención posible de las personas menores de edad migrantes no acompañadas.

CLM se hace cargo de los menores

El objetivo principal es mejorar la atención de estas personas menores, para lo cual, «el sistema público de protección del Gobierno regional asumirá la tutela legal de las personas menores de edad migrantes no acompañadas que sean trasladadas desde Canarias, así como la guarda y custodia y la atención integral que con dicha tutela corresponde, una vez que las personas menores de edad migrantes no acompañadas lleguen al territorio de Castilla-La Mancha», ha aseverado García Torijano.

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(Son usuarios del Servicio de Atención Temprana las familias residentes en CLM con niños que presenten trastornos permanentes o transitorios en su desarrollo, con edad comprendida entre 0-3 años; y se contemplan actuaciones preventivas dirigidas a los niños con determinados factores de riesgo).

La Ley de Atención Temprana, en marcha

Así lo ha expresado García Torijano en una entrevista, en la que ha comentado que aún no se tienen datos sobre las alegaciones presentadas a este proyecto de ley, que está en fase de consulta desde el pasado 17 de junio.

Para la consejera, esta es una ley «importante» que desde Castilla-La Mancha se va a poner en marcha bajo el prisma de la atención social, mientras que en otras comunidades autónomas la atención temprana se centra en lo educativo o lo sanitario, considerando que, de esta manera, el servicio ofrecido a los niños y familias que lo requieran en la región es más amplio.

«No será necesario acudir al centro»

La responsable regional de Bienestar Social ha apuntado que esta nueva ley va a dar «un modelo modernizado y centrado en las personas» porque no va a ser necesario que los usuarios tengan que acudir al centro, sino que esta atención se va a trasladar al entorno familiar, con lo que «va a facilitar el aprendizaje y asesoramiento a las familias sobre cómo tienen que actuar con sus hijos».

«Además, nosotros en Castilla-La Mancha podemos decir que en el servicio de Atención Temprana no tenemos lista de espera, porque, si no, no sería ni atención ni temprana. En eso podemos estar tranquilos, porque estamos trabajando en que la atención sea un derecho para todas las familias y los niños que la necesiten y no tienen que esperar, como en otras comunidades, cuatro años a que les atiendan», ha explicado.

Aumentar el número de equipos

En cuanto al presupuesto que podría llevar aparejado el nuevo texto normativo, Bárbara García Torijano ha reconocido que el compromiso es «aumentar» el número de equipos de atención temprana, algo que ya manifestó el presidente regional, Emiliano García-Page, para que la atención sea «inmediata».

«La ley de despoblación no creará problemas»

Por otra parte, la consejera ha considerado que los servicios en zonas rurales que quedan garantizados en la Ley de Medidas contra la Despoblación de Castilla-La Mancha recientemente aprobada no causarán «mayores problemas» en su Consejería, ya que es algo «en lo que se lleva trabajando mucho tiempo».

García Torijano ha defendido que su departamento está llegando «a todos los rincones de la región con todos los servicios y todas las prestaciones que podemos dar», de manera que las personas «no tengan que salir de sus municipios para buscar esas soluciones en ciudades más grandes».

«Acercar estos servicios»

«Es un proceso en el que llevamos ya funcionando y no nos causa mayores problemas acercar esos servicios a los vecinos», ha incidido, poniendo como ejemplo servicios como la teleasistencia, que «siempre ha llegado a todas las partes de la región independientemente de que vivas en una zona más céntrica, interior o de entorno rural».

Además, ha añadido, desde la Consejería van a seguir avanzando en esos proyectos, haciéndolos más modernos y garantizando que las zonas más rurales «puedan tener estas prestaciones con garantías».

125 millones de los fondos europeos

Finalmente, la titular de Bienestar Social ha confirmado que a su Consejería llegarán 125 millones de fondos europeos que irán destinados a la atención a las personas en un modelo «más próximo a su entorno más cercano» y también a obras y reformas en centros tanto residenciales como para personas con discapacidad, infancia o familia.

«Queremos que sean un modelo más moderno y digitalizar también esos espacios para adaptarnos a los nuevos tiempos», ha resaltado, apuntando que la Consejería cuenta con «bastantes proyectos» encima de la mesa para invertir esos fondos.

También, ha añadido, el dinero europeo se dedicará al Tercer Sector, con el que trabajan «muy de la mano».

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Auditoria a los centros de mayores de CLM

Así lo ha indicado la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, en una entrevista, donde ha apuntado que, en todo caso, se va a seguir trabajando en la línea de «revisar y ver todo» lo relativo al funcionamiento de estos centros para que cumplan con sus «funciones básicas» y que ofrezcan un servicio de «calidad».

Así, ha afirmado que, de estas inspecciones, «en líneas generales los resultados han sido buenos», teniendo en cuenta que aplacar los efectos de la pandemia, sobre todo en las primeras semanas, era como «poner la mano debajo de un grifo e intentar que el agua no escape».

«Sobreesfuerzos importantes»

Por ello, «por muy buen trabajo que se haya realizado en residencias», donde ha habido «sobreesfuerzos importantes» gracias a unos profesionales que «incluso han dejado a sus familias para luchar por los mayores», ha sido difícil combatir el virus.

Con todo, el resultado de esta auditoría no ha revelado «grandes problemas» en cuanto al funcionamiento de las residencias, al margen de la existencia de un problema «principal», y es que el virus «ataca principalmente a las personas mayores».

«No hay más»

Más allá de la residencia de Tomelloso «no hay más» en toda la región que haya presentado irregularidades merecedoras de expediente sancionador, aunque, eso sí, «no siempre todo es perfecto» y todas las deficiencias detectadas tendrán que arreglarse.

«El resultado generalizado del análisis en residencias ha sido que han hecho mucho esfuerzo y trabajo durante la pandemia», ha enfatizado.

«Procedimientos a cambiar»

Con la experiencia acumulada tras esta pandemia, la titular de Bienestar Social da por hecho que en el caso de repetirse una situación como esta habría procedimientos a cambiar. «Pero eso no quiere decir que en su momento no se haya dado el cien por cien», ha zanjado.

Sistema de dependencia: acabar con la lista de espera

Sobre el estado de salud del Sistema de Dependencia en la Comunidad Autónoma, Bárbara García ha reconocido como un «objetivo real» poder acabar con la lista de espera de los expedientes en trámite.

En esta línea, asegura que es su intención finalizar la legislatura casi sin lista de espera de personas pendientes de ser valoradas. «Intentaremos reducir al máximo estos expedientes, trabajando más en el día a día y con valoraciones más inmediatas», ha indicado.

«Reducción del 90%»

Esta cifra estaría lejos de los casi 27.000 expedientes encontrados en 2015, toda vez que en estos momentos quedan pendientes unos 2.500, lo que supone «una reducción del 90%» con respecto al inicio de la pasada legislatura.

En estos momentos son más de 75.000 las prestaciones concedidas para cerca de 60.000 usuarios, además de otros programas que llegan a más de 280 municipios desplegados por toda la región.

37 millones en Castilla-La Mancha para modernizar centros de mayores, dependientes, discapacidad…

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70 millones para necesidades sociales 

En este sentido, destaca que desde que comenzó la pandemia, la Consejería de Bienestar Social ha destinado 70 millones a combatir las necesidades sociales derivadas de la Covid-19, entre los que se encuentran los 15 millones que se habilitaron en una ayuda extraordinaria, que sobre todo han sido gestionados por los servicios sociales municipales, porque las han solicitado «familias que en muchos casos no estaban acostumbradas a acudir» a estos servicios.

Nuevas situaciones de vulnerabilidad

«La crisis les ha encaminado a una situación económica complicada en sus casas, una situación de vulnerabilidad en la que no se habían encontrado antes», lamenta la consejera.

9.500 personas perciben el Ingreso Mínimo Vital

En esta línea, informa de que en Castilla-La Mancha 9.500 personas reciben el Ingreso Mínimo Vital y otras 1.200, el Ingreso Mínimo de Solidaridad, una prestación que «se sigue dando a todos los que la tenían hasta el momento», si bien señala que los nuevos solicitantes se derivan el Ingreso Mínimo Vital, «una prestación más continuada en el tiempo, que tiene más garantías y que no depende de la comunidad autónoma donde vivas, sino que es una prestación del Estado que es la que se debe recibir».

«Buen trabajo» en las residencias de mayores

Por otro lado, Bárbara García, sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia, considera que «más que hablar de fallos» en ellas durante la pandemia de la Covid-19, sobre todo en la primera ola, cree que es «justo reconocer el buen trabajo» que se ha hecho por parte de los trabajadores y los equipos directivos.

2.045 personas murieron en las residencias en CLM

En dichas residencias han fallecido oficialmente 2.045 personas de Covid-19.

«En líneas generales no podemos hablar de fallos, sino de la situación real que mostró la Covid, porque la pandemia ha atacado principalmente a los más vulnerables y los más vulnerables son los mayores y muchos de ellos están en residencias», afirma García Torijano, quien considera que es «justo reconocer el buen trabajo que se ha hecho cuando llegó la pandemia y el esfuerzo por parte de todos los profesionales en intentar contener un virus que hasta en nuestras propias casas nos ha sido dificíl contener».

«De todo hay que aprender»

Con todo, admite que «de todo hay que aprender» y señala que a raíz de la pandemia «se han cambiado muchos modelos», si bien incide en que «los profesionales, durante esta pandemia, en este año tan duro, han dejado a un lado su vida personal, incluso su salud para dedicarse a proteger a los mayores, a las familias, y eso hay que ponerlo en valor».

Así, apuesta por «mirar para adelante, no seguir mirando hacia atrás» y afirma que ya se ha reunido con algunos sindicatos que solicitaron abordar las situaciones vividas en las residencias; la próxima semana mantendrá más reuniones con ellos.

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