Según ella misma ha informado esta semana a su equipo, cesa en sus funciones en el Gobierno para retomar su actividad profesional como funcionaria de la Consejería. Concretamente regresa a su plaza en la Delegación de Agricultura en Cuenca.

Conquense y en el equipo de Martínez Lizán

Ingeniera Agrónoma por la Universidad de Castilla-La Mancha y funcionaria de carrera, ocupó la Viceconsejería desde la llegada de Julián Martínez Lizán como consejero, al inicio de esta legislatura. Su actividad profesional ha incluido el desempeño de puestos técnicos en el Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC) de Ciudad Real, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental de Albacete, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Albacete, el Gabinete de Estudios Medio Ambientales (GEMASAL) de Cuenca, jefa de Negociado Técnico de la Oficina Comarcal de Belmonte y más tarde del Centro de Investigación Agraria Albaladejito, inspectora de Sanidad Vegetal y jefa de Negociado Técnico en la Delegación Provincial de Cuenca.

Entre otros cargos públicos, ha sido directora Provincial del Instituto de la Mujer en Cuenca, diputada nacional por esta provincia, portavoz adjunta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico y vocal de la Comisión de Seguimiento, Evaluación de los Acuerdo del Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género desde y concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Cuenca.

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Así lo ha informado en rueda de prensa, la consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha recordado que este contrato se renueva para dos años, con un importe que asciende a 1,5 millones, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, fondos Feader, con el 80%; la Administración General del Estado, con el 6%; y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el 14%.

Una actualización del sistema, que según ha explicado Padilla, evitará que «se produzcan fallos técnicos o se retrasen expedientes por no tener actualizado el sistema informativo». Además, ha resaltado que este acuerdo «viene a facilitar de alguna manera hacer también las cosas más rápidas y de manera más segura los trámites para agricultores y ganaderos y evitar los errores».

No en vano, ha recordado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona cerca de 1.000 millones de euros, «por lo tanto, no podemos permitirnos ningún error en la tramitación».

Con esta renovación, además, ha insistido Padilla, «damos un salto en la Administración electrónica, con soluciones que mejoran la ciberseguridad y, por lo tanto, damos garantías y ganamos en eficiencia técnica y económica al tener unas aplicaciones fiables y seguras».

La responsable autonómica ha concluido recordando que esta inversión «asegura que el motor digital de la gestión de las ayudas al campo y a la ganadería está bien engrasado y funciona a la perfección, para que no se produzcan retrasos y, por lo tanto, ningún contratiempo a quienes viven de nuestro campo».

Más protección para los consumidores de Castilla-La Mancha

Por otro lado,el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador. 

En los últimos años, la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, ha relatado la portavoz del Gobierno regional.

Para evitar contradicciones, la comunidad ha armonizado su legislación. Sin embargo, la consejera ha destacado que “lo verdaderamente importante es que esta reforma mejora la normativa autonómica, porque concreta situaciones que generan conflictos y que en las leyes generales en ocasiones quedan abiertas a interpretación”.

Padilla ha explicado que la regulación estatal utiliza expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, se ha preguntado la portavoz, quien ha aclarado que con esta reforma se elimina esa subjetividad.

Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, ha afirmado.

Otro de los avances destacados es el refuerzo de los criterios sancionadores ante abusos graves, ha continuado Padilla. La norma define con mayor claridad cuándo una infracción es grave o muy grave.

“Incluimos ejemplos claros, como cortes injustificados de agua o luz, incluso subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Lo hacemos más detalladamente que la normativa estatal o europea porque entendemos que la seguridad jurídica exige precisión”, ha subrayado la portavoz.

La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia, ha enumerado Padilla, quien ha subrayado su eficacia frente a comportamientos abusivos. 

La reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción.

“Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”, ha indicado.

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En el periodo 2023-2027, los apicultores de Castilla- La Mancha recibirán 16,5 millones de euros, convirtiéndose en «la mayor apuesta económica de ayuda a este sector en un periodo de programación de la PAC de estos últimos años», ha subrayado el consejero.

Ampliación de la convocatoria de ayuda

Además, Martínez Lizán ha anunciado «la ampliación de una nueva solicitud de reenganche de los apicultores que en la primera convocatoria, que se realizó 2023, no alcanzaron la posibilidad de acceder a esta ayuda y para repescarlos se ha vuelto a abrir».

Este año 2025 han sido 450 las explotaciones que han solicitado esta ayuda para un total de 125.000 colmenas, lo que va a suponer algo más de 3 millones de euros de apoyo al sector apícola, ha detallado el responsable de Agricultura, «en esa faceta de conservación de la biodiversidad de nuestra región».

Ayuda destinada a la comercialización y producción de la miel

Al mismo tiempo, Julián Martínez Lizán ha informado de una «ayuda destinada a la comercialización y producción de la miel de 1,4 millones de euros para los apicultores de nuestra región». En este sentido, de esos 1,4 millones «a la provincia de Albacete van a llegar 367.000 euros. Son 100.000 más que el año pasado y que va tener un alcance total de 118 beneficiarios, de los que 11 son asociaciones, entre las que se encuentra ASAPA y 107 son explotaciones particulares de apicultores que han accedido a este tipo de ayudas», ha detallado el consejero.

Además de las ayudas económicas, a través de las diferentes líneas de subvención, el Gobierno regional también colabora con el centro de referencia nacional e internacional, CIAPA, dedicado a la investigación de las patologías de las abejas y también para caracterizar las calidades de la miel, con el objetivo de «intentar conseguir apoyar en la mejora cualitativa y cuantitativa de las producciones de nuestras abejas», ha valorado Martínez Lizán, junto con la importancia del sector apícola en la región, «puesto que son 3.600 las toneladas de miel que se producen en Castilla-La Mancha con 2.600 se explotaciones y con 209.000 colmenas. En ese contexto somos una potencia importante dentro del ámbito nacional y queremos seguir avanzando para mejorar esos números y si cabe todavía más», ha concluido.

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En una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se informa de que se trata de la cuantía destinada a responder a las solicitudes de intervenciones en forma de pagos directos y las intervenciones para el desarrollo rural asimiladas al Sistema Integrado de Gestión y Control, de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha, para el año 2025, cuyo plazo de presentación concluyó el pasado 15 de mayo.

La cuantía total máxima indicada se financiará con porcentajes distintos de cofinanciación en función de si el pago se realiza con cargo al PDR o Pepac. Así, para los primeros, el 75% con cargo al Feader, el 7,5% con cargo a los Presupuestos de la Administración General del Estado y el 17,5% restante con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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Así lo ha dicho viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, con motivo de una jornada que se ha celebrado en el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF), en el Centro de Investigación Agroforestal (CIA) en Albaladejito. 

Canales ha animado a los participantes a empezar a usar esta herramienta que “no puede sonar como algo malo porque es de gran utilidad”.

Según ha detallado, “sirve para cumplir la normativa, favorece el cumplimiento de los ecorregímenes que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, incluso, cuando se producen determinados sancionadores gracias al cuaderno digital de explotación se reducen a la mitad”. “Tenemos que hacer pedagogía positiva”, ha comentado, porque “el próximo 1 de enero del 2026 será obligatorio para aquellos operadores que realizan tratamientos fitosanitarios”, en base al Real Decreto 34/2025 de uso del Cuaderno Digital de Explotación.

Ayudas para la formación e innovación 

En su intervención, Canales ha insistido en que “seguimos apostando desde la Consejería por aquellos pilares que sostienen los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrarias (SCIA), con la convocatoria de asesoramiento a nuestros agricultores a través de entidades del sector que resolveremos en breve”.

Dicha convocatoria cuenta con un presupuesto de 1.250.000 euros, a la que se añaden la convocatoria de innovación “que impulsaremos en el próximo mes y que está dotada con 10,8 millones de euros y los más de 2,5 millones de euros que destinados a los programas de formación”.

Gracias a estas iniciativas “contribuimos a fortalecer el sector y adaptarlo a la nueva realidad, con el objetivo de hacer unas explotaciones más modernas, con mayor conocimiento y con unos agricultores y ganaderos formados en el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el manejo de las explotaciones”.

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En una nota de prensa de este domingo, la Junta explica que las ayudas están dirigidas a operadores agroalimentarios que produzcan o elaboren productos agrícolas o alimenticios en Castilla-La Mancha, y que se incorporen por primera vez a una figura de calidad reconocida o que se han incorporado a partir del 1 de enero de 2023.

La subvención llegará al 70 % de los costes subvencionables (no el 60 %, como en convocatorias anteriores) con una ayuda máxima de 3.000 euros por beneficiario y año, durante un máximo de cinco años.

Otra novedad de esta convocatoria es la incorporación de las industrias alimentarias y cooperativas como beneficiarias de la ayuda, ya que anteriormente estaba destinada solo a agricultores y ganaderos.

Las actividades y gastos subvencionables serán los de inscripción en el registro de una figura de calidad, cuotas anuales de participación en una figura de calidad y gastos de los controles de certificación necesarios para verificar el cumplimiento del pliego de condiciones de una figura de calidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la región (DOCM).

Esta nueva convocatoria de ayudas se realiza en base a la nueva orden de bases reguladoras, enmarcada en el período de programación 2023-2027 del Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria (PEPAC).

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La participación de los operadores de la región en las figuras de calidad

En este nuevo período, la orden mantiene una línea similar a las ayudas del Plan de Desarrollo Rural 2014-2022 en cuanto a su finalidad, que es promover la participación de los operadores de la región en las figuras de calidad que reconocen la calidad y especiales características de los productos agrícolas y alimenticios producidos y elaborados en Castilla-La Mancha.

Sin embargo, en comparación con el periodo anterior, presenta dos importantes novedades, por un lado, se incrementa el porcentaje de ayuda del 60 al 70 por ciento de los gastos subvencionables y, por otro, se incorpora a las industrias alimentarias y cooperativas como beneficiarios de la ayuda, ya que anteriormente estaba destinada solo a agricultores y ganaderos.

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Bases de la participación en los regímenes de calidad 

Tal como queda establecido en esta orden de bases, pueden ser beneficiarios de la misma operadores agroalimentarios que produzcan o elaboren productos agrícolas y/o alimenticios en Castilla-La Mancha, y que se incorporen por primera vez a una figura de calidad reconocida o que se hallan incorporado a partir del 1 de enero de 2023.

Las actividades y gastos subvencionables serán los gastos de inscripción en el registro de una figura de calidad, así como las cuotas anuales de participación y los gastos de los controles de certificación necesarios para verificar el cumplimiento del pliego de condiciones de dicha figura de calidad.

Ayuda máxima de 3.000 euros por persona beneficiaria y año

Para recibir esta subvención será necesario que los gastos mencionados anteriormente se produzcan durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y, como máximo, podrá haber una solicitud por ayuda/persona beneficiaria, figura de calidad y convocatoria. Se ayudará hasta con el 70 por ciento de los costes subvencionables con una ayuda máxima de 3.000 euros por persona beneficiaria y año durante un máximo de cinco años.

Primera convocatoria 

La primera convocatoria del período 2023-2027, que se publicará después de esta orden de bases, será la de 2024 y en ella, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOCM. El plazo para ejecutar los gastos subvencionables será del 1 de enero 2024 al 31 de diciembre de 2024 y el plazo para justificar la subvención llegará hasta el 31 de enero de 2025. En cuanto a la ayuda convocada, ascenderá a 500.000 euros.

Ayudas en el período 2014-2022

Durante el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinó a estas ayudas más de 1,4 millones de euros para 3.043 beneficiarios que participaron conforme a los estándares de calidad de las figuras de calidad reconocidas en la región. Este éxito justifica su continuidad con esta nueva convocatoria al amparo del nuevo marco del Plan Estratégico de la PAC durante 2023-2027.

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