Las organizaciones Ecologistas en Acción, la Asociación «Anea» de Villarrubia de los Ojos, las plataformas «Acuífero 23 Sin Macrogranjas» y «Stop Macrogranjas en Daimiel» y la asociación «Feministas de Pueblo», se han citado en el parque para exigir al próximo Gobierno de España que «implemente medidas de manera inmediata para revertir esta situación».

Fotos | El Parque Nacional Tablas de Daimiel cumple 50 años: «Se mueren (las matan)»

«Es necesario apostar por una nueva cultura agraria»

Como primeras medidas, las asociaciones proponen la destitución del director de Las Tablas, Carlos Ruiz de la Hermosa, porque consideran que ha «apartado a los científicos del CSIC» del parque. También proponen demoler las presas de Puente Navarro y Morenillo y parar los regadíos en la Cuenca Alta del Guadiana.

«Es necesario apostar por una nueva cultura agraria basada en el respeto al agua, a los trabajadores del campo, al medio ambiente y al patrimonio cultural», reivindican desde las asociaciones, que hacen un llamamiento a toda la sociedad para que, en el 50 aniversario del humedal como parque nacional, se exija la restricción de los regadíos del conocido como «Acuífero 23». La protesta se ha extendido por toda España con concentraciones en lugares tan marcados por las malas prácticas hídricas como el Mar Menor.

Protesta del «abrazo al agua» en Las Tablas de Daimiel.

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«Vertieron residuos a cielo abierto»

Según ha informado Ecologistas en Acción en nota de prensa, esta sentencia se ha producido a consecuencia de un delito ambiental ocurrido en diciembre de 2013, cuando ambas empresas participaron en la gestión de residuos tóxicos que debían ser inertizados pero no lo fueron, siendo vertidos a cielo abierto y en unos terrenos inadecuados para tal fin, lo que conllevó daños sobre la calidad de las aguas del acuífero Mancha Occidental II subyacente al vertedero.

La sentencia condena a cuatro personas, responsables civiles directas de estas empresas, a penas de un año y 10 meses de prisión, 12 meses de multa, inhabilitación para toda actividad relacionada con el tratamiento, gestión, almacenaje y comercialización de residuos y una indemnización de 45.000 euros por daños medioambientales.

Incendio por la «mezcla no autorizada de residuos peligrosos»

Los hechos constitutivos de delito medioambiental ocurrieron, explica la organización ecologista, en diciembre de 2013, cuando se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa Alquimia Soluciones Ambientales SL en Daimiel, dedicada a la inertización de residuos tóxicos, por la mezcla no autorizada de residuos peligrosos, «incumpliendo la Autorización Ambiental Integrada que tenía concedida», subrayan.

Para Ecologistas en Acción el trasvase a Las Tablas de Daimiel es una «chapuza»

Los residuos, supuestamente inertizados, eran depositados posteriormente en la planta de residuos no peligrosos de la empresa Soluciones Ambientales 2007 SL en Tomelloso, «que también ha sido condenada al comprobarse, por parte de los agentes del Seprona, que tales residuos no eran inertes y contenían lixiviados con concentraciones superiores a las establecidas para su depósito, no solo en este tipo de vertederos, sino en vertederos de residuos peligrosos, en el caso de las concentraciones de carbono orgánico disuelto, cromo, cobre, níquel, zinc y plomo».

Daños sobre la calidad de las aguas del acuífero Mancha Occidental II

«Ello supuso el vertido de sustancias tóxicas y peligrosas a cielo abierto y sobre unos terrenos inadecuados para tal fin, que conllevó daños sobre la calidad de las aguas del acuífero Mancha Occidental II subyacente al vertedero, ya que la concentración de plomo detectada llegó a ser de 137 microgramos por litro, cuando lo máximo para el agua potable es de 10″,añaden.

«Dicho vertido puso en riesgo la salud de las personas»

Dicho vertido puso en riesgo la salud de las personas a las que se suministra agua desde los pozos del paraje Las Rejas, en el término municipal de Socuéllamos, y desde los pozos del paraje Marta, en Campo de Criptana.

«Aunque la sentencia llega más de nueve años después de los hechos condenados, lo cual ha supuesto reducción de penas por dilación indebida, creemos que es una sentencia ejemplar que debe poner sobre aviso a otras empresas que habitualmente generan o manejan residuos tóxicos, como los estercoleros y balsas de purines de las macrogranjas, los residuos derivados de la extracción minera que aflora de nuevo en nuestra región o proyectos de transformación de residuos peligrosos como el de solidificación de mercurio que la empresa Mayasa de Almadén quiere acometer», han señalado.

Ecologistas en Acción ha instado a las administraciones «a que se doten de medios y personal suficiente para ejercer un mayor control sobre estas actividades de tratamiento de residuos, con inspecciones exhaustivas y periódicas para evitar la posible contaminación del medio natural y los efectos nocivos sobre la salud de las personas, así como a realizar un seguimiento epidemiológico de las poblaciones que pudieran verse afectadas por contaminantes como los detectados en este caso», concluyen.

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La petición, que tiene como destinatarios al Ayuntamiento de Daimiel y la Junta de Comunidades, rechaza este proyecto que, según recuerdan la organización conservacionista, causa ya gran alarma en Aragón y Cataluña porque «se están contaminando las aguas subterráneas».

Ecologistas en Acción ha advertido de que las macrogranjas «se están desplazando a La Mancha», donde corren riesgo los acuíferos 23 y 24, que ya están contaminados por nitratos, procedentes de la agricultura y la ganadería.

Además, han alertado de que estos acuíferos están declarados sobreexplotados por el exceso de extracción de agua para riego y estas instalaciones ganaderas requieren mucho gasto de agua también, no solo para beber los animales, sino para la limpieza y el arrastre de los purines, que se hace con mangueras de agua a presión.

A todo ello, se añade el problema de los malos olores que desprenden estas instalaciones, unido a «las moscas, otros insectos y bacterias resistentes a los antibióticos, lo que conlleva la resistencia a los antibióticos, tanto de las personas como de los animales».

Los ecologistas han hecho hincapié además en que las instalaciones intensivas suponen también una clara amenaza para el cambio climático, puesto que la ganadería es la responsable del 18 por 100 de emisión de gases de efecto invernadero.

En España, según los últimos datos publicados, los sectores de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son los responsables de las emisiones del 54,4 por 100 del metano y del 72 por ciento del ácido nitroso, dos gases de efecto invernadero más potentes que el CO2.

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En un comunicado de prensa, la organización conservacionista ha señalado que la «minería especulativa apoyada por la Diputación de Ciudad Real amenaza de nuevo a la conservación de la biodiversidad de la provincia de Ciudad Real».

Esta vez, según Ecologistas, «la amenaza se cierne sobre el Parque Nacional de Cabañeros» y uno de los corredores ecológicos más importantes de la Península Ibérica, el que une los Montes de Toledo con Sierra Morena, actualmente utilizado por el lince ibérico, ha informado en un comunicado de prensa.

Alcudia Mining, empresa vinculada al socialista y profesor de la Escuela de Minas de Almadén Pedro Aranguez, quiere abrir una mina a cielo abierto a menos de tres kilómetros al este del pueblo de Fontanarejo y a 10 kilómetros al sur del Cabañeros, ocupando una superficie de 60 hectáreas.

La mina, que se abrirá mediante maquinaria y explosivos, tendrá una profundidad de 150 metros y se compondrá de una zona de extracción o corta al aire libre, una escombrera de 40 metros de altura y 30 hectáreas de superficie, además de una planta de tratamiento para concentrar los fosfatos que generará aguas ácidas como las que afectaron a Doñana tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

La mina esta previsto que dure 35 años, tiempo en el que se pretende remover un total de 7,7 millones de metros cúbicos de rocas de los que se esperan obtener unos ocho millones de toneladas de reservas mineras de fosfatos con una ley media del 23 por 100.

Para que el proyecto sea viable económicamente los promotores no piensan rellenar por completo el hueco minero, por lo que se creará una escombrera aledaña a la corta minera de 30 hectáreas de superficie y 40 metros de altura que acumulará unos cinco millones de metros de materiales estériles.

Según los promotores, la mina creará tan solo 25 puestos de trabajo que intentarán sean en su mayoría de los pueblos de la comarca, aunque matizan que los puestos técnicos y los que requieran experiencia previa deberán ser contratados fuera de la misma.

La mina se localiza en la cabecera del río San Marcos, afectaría a los arroyos de Valdehornillos y del Puerto, y vertiría sus aguas contaminadas a este último.

Los ecologistas han advertido que se «está en un espacio de gran valor ambiental, que recientemente ha sido recolonizado por el lince ibérico gracias al programa de reintroducción Iberlince, que cuenta con un proyecto Life de la Unión Europea».

Además, en el entorno inmediato a la mina se reproducen o tienen sus áreas de campeo y alimentación especies amenazadas como el águila imperial, la cigüeña negra, el alimoche común, el águila perdicera o el águila real, según reconoce el propio estudio de impacto ambiental presentado por los promotores.

Para Ecologistas en Acción Ciudad Real, las voladuras con explosivos son claramente incompatibles con la conservación de todas estas especies y con la tranquilidad de los habitantes de Fontanarejo, a lo que se suma el impacto sobre el sistema fluvial, los riesgos de vertidos de aguas altamente contaminadas a los arroyos de la zona, los impactos sobre el paisaje y en la hidrogeología.

Por todo ello, exige a la Junta de Comunidades que emita una Declaración de Impacto Ambiental negativa.

Ecologistas en Acción tiene previsto en los próximos días poner en marcha una importante campaña informativa en los municipios afectados por esta iniciativa, entre las que se encuentran charlas informativas y una marcha que concluirá en los terrenos donde se prevé abrir la mina.

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Ok a un campo de golf en Ciudad Real

Según la resolución publicada hoy en el Diario Oficial de la Región (DOCM), el Gobierno regional considera que revisada nuevamente toda la documentación incluida ahora en el expediente se alcanzan los objetivos planteados en las evaluaciones ambientales anteriores del referido campo de golf.

La Junta entiende que con el desmantelamiento de la línea eléctrica que cruza el campo de golf junto con las medidas propuestas y los informes recabados en el procedimiento de evaluación ambiental, el proyecto puede alcanzar una evaluación de impacto ambiental favorable, conjugando la protección de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico del área previsiblemente afectada por el proyecto.

Todo ello, según señala la Viceconsejería de Medio Ambiente, siempre que se cumplan las determinaciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y su documentación adicional.

La resolución deberá ser incorporada en la autorización que conceda el correspondiente órgano sustantivo, los ayuntamientos de Torrenueva y Torre de Juan Abad, que son los términos municipales en los que se ubica el campo de golf.

Ecologistas en Acción Ciudad Real siempre se ha opuesto a este proyecto por considerarlo inviable ambientalmente y el pasado mes de febrero, en un escrito incorporado a la declaración de impacto ambiental, recordó que el proyecto tenía cuatro declaraciones ambientales negativas, emitidas en octubre de 2007, octubre de 2008, abril de 2012 y junio de 2014, además de con, al menos, dos expedientes sancionadores.

Esta organización también señaló que hay diligencias previas abiertas contra este proyecto en el Juzgado número 1 de Valdepeñas (Ciudad Real).

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