La organización ha solicitado que el proyecto reciba una Declaración de Impacto Ambiental negativa, al considerar que el estudio presentado no aporta información suficiente para evaluar sus efectos sobre la flora, la fauna, los hábitats de interés comunitario, la Red Natura 2000 y el cercano Parque Nacional de Cabañeros.

Aunque la pista de aterrizaje se ubicaría fuera de la Red Natura 2000, Ecologistas ha señalado que se encontraría inmediatamente junto a este espacio y que las trayectorias previstas para el aterrizaje y el despegue de los aviones privados sobrevolarían zonas protegidas de la ZEC y ZEPA Montes de Toledo.

Uno de los empresarios más ricos de España impulsa un aeródromo privado en su finca junto a Cabañeros

Las alegaciones también recogen posibles daños sobre unas 112 hectáreas, derivados de los movimientos de tierra, la tala de árboles centenarios de la dehesa y la instalación de los distintos elementos asociados al aeródromo. La organización ha advertido igualmente de afecciones sobre la vegetación, el dominio público hidráulico y varios hábitats de interés comunitario.

Otro de los argumentos planteados es la proximidad de la infraestructura al Parque Nacional de Cabañeros, cuyo límite nordeste se encuentra a menos de diez kilómetros. A juicio de Ecologistas, el ruido de las aeronaves y su paso continuado podrían alterar la tranquilidad del espacio y afectar especialmente a las aves.

La cercanía del embalse de la Torre de Abraham incrementaría además el riesgo de colisiones entre aeronaves y aves, debido a la presencia habitual de rapaces, aves acuáticas, grullas y otras especies de gran tamaño. Entre las especies amenazadas presentes en el entorno figuran el buitre negro, el águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el águila perdicera, el sisón y el milano real.

Ecologistas también ha cuestionado el cambio de modelo cinegético asociado al proyecto, basado en una actividad exclusiva y continuada durante amplios periodos del año. Según ha explicado, esta explotación podría exigir densidades elevadas de animales, vallados, alimentación suplementaria y repoblaciones artificiales.

Por último, la organización ha pedido ampliar el plazo de información pública después de detectar problemas para acceder al estudio ambiental mediante el enlace publicado en el tablón de anuncios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

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Según han explicado los naturalistas a EFE, los trabajos se están desarrollando en la zona más profunda de esta laguna temporal, precisamente el punto en el que consideran que se concentra el principal reservorio de huevos de esta especie, lo que, a su juicio, podría comprometer su supervivencia futura en este espacio.

El cráter de Peñalagua se sitúa junto a la autovía de Puertollano y próximo a Ciudad Real. Se trata de un antiguo volcán de tipo freatomagmático, originado por erupciones violentas provocadas por el contacto entre magma y agua, y está incluido en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico.

Más allá de su valor vulcanológico, este enclave destaca por la formación de una laguna temporal en su interior durante los periodos de lluvias abundantes. Las precipitaciones registradas este año durante los meses de marzo y abril han permitido la recuperación de este humedal estacional y la aparición masiva de Triops cancriformis.

Esta especie de crustáceo conserva una morfología que apenas ha cambiado en más de 220 millones de años. Los Triops pertenecen a un género de invertebrados con cuerpo segmentado, patas articuladas y un caparazón que recuerda al aspecto de los antiguos trilobites.

Su ciclo vital está estrechamente ligado a estos humedales efímeros. Los ejemplares adultos desaparecen con la llegada del calor y la desecación de la laguna, pero sus huevos permanecen en estado latente durante años, enterrados en el sedimento, hasta que nuevas lluvias permiten su eclosión.

La especie está catalogada como de Interés Especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.

Junto a los Triops, este año también se ha detectado una elevada presencia de otros crustáceos de agua dulce, como ejemplares del género Chirocephalus, conocidos popularmente como «gambas duende», además de anfibios protegidos como sapos y ranas y numerosas larvas de insectos asociadas a este ecosistema temporal.

Los denunciantes han lamentado la falta de actuación por parte de las administraciones y organismos competentes en materia medioambiental ante una situación que, según sostienen, afecta a un enclave singular por su valor geológico y biológico.

Un espacio transformado por la actividad humana

El entorno del cráter de Peñalagua presenta desde hace años una notable transformación por la actividad agrícola, la instalación de infraestructuras eléctricas y la construcción de la autovía, que alteró parte del flujo natural del agua hacia la cubeta volcánica.

Pese a ello, los naturalistas han destacado que en años especialmente lluviosos el espacio recupera temporalmente buena parte de su biodiversidad y se convierte en un enclave singular para la observación de especies ligadas a humedales efímeros.

Por ello, han advertido de que los movimientos de tierra en la zona más sensible de la laguna pueden tener efectos directos sobre la capacidad de recuperación del ecosistema en futuros ciclos de lluvia, especialmente si afectan al sedimento donde permanecen los huevos de Triops durante los periodos secos.

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El colectivo ha defendido que la situación actual del parque no responde a causas naturales, sino principalmente al agotamiento del acuífero del Alto Guadiana, y ha alertado de que, sin una recuperación efectiva del régimen hidrológico, cualquier planificación quedará «en papel mojado».

Entre sus principales alegaciones, la asociación ha reclamado la revisión de concesiones de agua antiguas que considera incompatibles con la regeneración del ecosistema, así como la implantación obligatoria de sistemas de telecontrol en todas las captaciones del entorno. También ha propuesto delimitar zonas de protección hidrogeológica estricta en las áreas de recarga.

Uno de los puntos más críticos señalados es la falta de un programa específico para restaurar el nacimiento del Alto Guadiana, que continúa seco «por la sobreexplotación del acuífero». En este sentido, ha pedido un plan integral de recuperación hídrica que incluya la restauración del cauce y la eliminación de presiones sobre el sistema.

En materia de calidad del agua, la asociación ha denunciado que el PRUG apenas aborda la contaminación agrícola y, aunque reconoce la existencia de zonas vulnerables a nitratos, no establece limitaciones concretas al uso de fertilizantes ni plantea medidas efectivas frente a los vertidos difusos.

Por ello, ha propuesto la creación de una zona tampón agroambiental obligatoria alrededor de las lagunas, con restricciones estrictas al uso de productos químicos, junto a programas de inspección y sanción. Además, ha defendido incentivar la agricultura ecológica y prohibir la ampliación de superficies de regadío en la cuenca vertiente.

Piden acotar el uso público del parque

El uso público del parque es otro de los aspectos cuestionados. Según la asociación, el plan mantiene o incluso amplía actividades como el baño o la navegación sin evaluar adecuadamente la capacidad de carga del sistema, por lo que ha solicitado una moratoria temporal en las lagunas más frágiles hasta recuperar niveles ecológicos mínimos.

Asimismo, ha advertido del deterioro de las barreras tobáceas, cu0a degradación atribuye a la reducción de caudales, la presión turística y las alteraciones del entorno, y ha reclamado un plan específico de diagnóstico y restauración con financiación y calendario definidos.

En el ámbito del seguimiento ambiental, ha criticado la ausencia de indicadores hidrológicos concretos y ha propuesto incorporar parámetros como niveles piezométricos, caudales ecológicos o volumen de extracciones, con umbrales que activen medidas automáticas de restricción.

Finalmente, la asociación ha señalado que el PRUG no tiene en cuenta el impacto del desarrollo urbanístico y turístico en municipios del entorno como Ruidera u Ossa de Montiel, por lo que ha solicitado una evaluación estratégica que condicione nuevas licencias a la disponibilidad real de agua y a sistemas de saneamiento adecuados, además de un inventario de afecciones urbanísticas y la retirada progresiva de infraestructuras incompatibles con la conservación del parque.

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El incendio forestal en Burujón (Toledo) obliga a evacuar a 33 personas durante la noche

Según ha informado la organización ecologista, el fuego se extendió rápidamente desde fincas agrícolas colindantes hacia el interior del espacio protegido incinerando una parte significativa de su superficie. A lo largo de la noche hubo que evacuar a las personas que habitan una urbanización cercana, si bien estas ya han podido regresar a sus casas, lo cual celebra Ecologistas en Acción.

Esta mañana el incendio se ha declarado controlado y ya se están rematando las labores de extinción y de vigilancia para evitar rebrotes, asimismo se está dando curso a la investigación sobre el origen del fuego. Se apunta inicialmente a un origen humano, según asegura la organización en nota de prensa.

Tristeza por el espacio protegido

Pero el escenario que ha quedado tras el paso de las llamas es «desolador«, especialmente para el espacio protegido. Ecologistas en Acción de Toledo ha podido comprobar que el fuego ha afectado a una buena parte de la singular vegetación de las Barrancas, en particular al arbolado disperso constituido sobre todo por enebros y al monte bajo de retamas y tomillos.

«Así el paisaje vegetal semiárido de la zona se ha tornado a una mayor aridez de la que difícilmente cabe esperar una recuperación a largo plazo dadas las duras condiciones de la zona. Una pérdida de indudable valor ambiental y paisajístico que hay que lamentar, al igual que la segura pérdida de nidadas de aves, de vivares de mamíferos o de otras muchas especies de fauna y flora protegida».

Ecologistas en Acción de Toledo hará un seguimiento de la situación, tanto de las causas del incendio como de las medidas a adoptar para la recuperación de la zona. De estas últimas la más importante –advierte la organización– es que no se haga nada de momento debido a la fragilidad del ecosistema. Ni siquiera replantaciones hasta que se observe la evolución del terreno a lo largo del próximo año.

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Según la Plataforma, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) es la entidad responsable.

«El cierre total y repentino del canal de conexión entre los embalses de Entrepeñas y Buendía, realizado el pasado viernes 24″, han señalado a través de un comunicado, «ocasionó que miles de peces quedaran varados en esta infraestructura. A pesar de los esfuerzos realizados (con mención especial a la ciudadanía organizada en las primeras horas), cientos de peces han muerto».

Vídeo | Miles de peces atrapados por el cierre del canal de Entrepeñas y Buendía: piden ayuda ante el «desastre»

Según la Plataforma, el cierre no se realizó de manera progresiva, contrariamente a lo manifestado por la dirección de la CHT: «Esto es una muestra que la gestión efectuada por la Confederación, lejos de mirar al interés de la cuenca del Tajo, prioriza la función de almacenaje de agua para favorecer los futuros trasvases al Levante», han afirmado.

La Plataforma ha incidido especialmente en el daño a especies autóctonas del espacio Red Natura 2000 de la Sierra de Altomira, como los barbos comunes y la trucha común.

«Este espacio natural protegido, se adentra parcialmente en las aguas del embalse de Entrepeñas. Por tanto, el cierre del canal de conexión puede ser considerado como una afección directa a estas especies protegidas por su importancia europea», han señalado.

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La organización ecologista ha cuestionado en una nota de prensa el hecho de que el texto legal, al que ya han presentado alegaciones, recoja la posibilidad de que el control y supervisión de los proyectos los puedan ejercer entidades privadas en lugar de funcionarios de la administración regional.

En este sentido, ha calificado de «clara dejación de funciones» la posibilidad de que las denominadas «entidades colaboradoras de la Administración» puedan desempeñar esta labor con una declaración responsable como único requisito; algo que ha considerado «inaceptable».

Ecologistas en Acción ha defendido que el control para aprobar nuevos proyectos, y en especial aquellos que son de especial sensibilidad medioambiental, «debe continuar siendo ejercido por los empleados públicos de la administración, que cuentan con la preparación y los conocimientos que garantizan el desempeño de su función».

Ha añadido que las experiencias de privatización en sanidad, educación o atención a los ancianos «no ha mejorado la eficiencia en la prestación» de los servicios.

Preocupa que se dé silencio administrativo

Asimismo, ha manifestado que es «muy preocupante» que se dé un sentido positivo al silencio administrativo, lo que abre la puerta a la aprobación de proyectos «muy sensibles sin que hayan sido debidamente evaluados».

Por otra parte, ha mostrado su temor de que la reducción de plazos administrativos que contempla el anteproyecto de la ley pueda aplicarse a los trámites ambientales, y se reduzcan así los períodos para alegar, o que se dejen en manos de las entidades colaboradoras los mecanismos de reclamación ciudadana.

Ecologistas en Acción ha recordado que cinco de las nueve normativas afectadas por esta ley se refieren a competencias ambientales, y ha apoyado la creación de una comisión para la agilización, siempre y cuando respete «el principio de no regresión en materia ambiental, ni perjudique su naturaleza de servicio público».

El Gobierno de Castilla-La Mancha inició el pasado 24 de octubre el proceso participativo del anteproyecto de esta ley, cuyo plazo ha concluido este martes 19 de noviembre.

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Varias comunidades incumplen con la protección de las aguas por nitratos 

En nota de prensa, recuerdan que fue el pasado 14 de marzo cuando la sala 6 del Tribunal de Justicia Europeo emitió una sentencia condenatoria contra España porque varias comunidades autónomas no cumplen sus obligaciones relacionadas con la protección de las aguas por nitratos, Castilla-La Mancha entre ellas.

Además, el reciente informe de Ecologistas en Acción sobre la contaminación del agua por nitratos, basado en los datos oficiales tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como del Ministerio de Sanidad, muestra una situación generalizada de altos niveles de nitratos en aguas superficiales, subterráneas e incluso de consumo.

«Los datos del Ministerio de Sanidad-SINAC (Sistema información nacional de aguas de consumo) reflejan que en los últimos años más de 50 municipios de Castilla-La Mancha han superado el nivel permitido de nitratos (50 mg/litro) en su agua de grifo«, alertan desde estos colectivos.

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«Muy preocupados»

Por ello, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Pueblos Vivos Cuenca y Stop Ganadería Industrial se muestran muy preocupados, tras la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia Europeo y ante la finalización de la moratoria porcina vigente en Castilla-La Mancha que vence el 31 de diciembre del año en curso.

De ahí que, a raíz de estos acontecimientos y por lo que consideran «escasa preocupación de la Administración por tomar medidas adecuadas», hayan solicitado una reunión con el vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

A juicio de Ecologistas en Acción, Greenpeace, Pueblos Vivos Cuenca y Stop Ganadería Industrial, la moratoria no sirvió para alcanzar ninguno de los fines para los que en teoría se dictaba, pues no se estableció el diálogo social con las organizaciones ciudadanas y solo se entabló dicho diálogo con las patronales y organizaciones profesionales agrarias como Asaja, a pesar de que expresamente este compromiso fue enunciado por el presidente de la Junta de Comunidades.

De igual modo, critican que «las excepciones que contenía el texto legal eran tantas y de tal calibre que en la práctica es como si no hubieran existido, los 11 proyectos que han continuado solo en la provincia de Cuenca lo demuestran».

«La contaminación media por nitratos en aguas subterráneas aumentó en CLM un 36,2%»

Mantienen también que el último informe de seguimiento de la Directiva de Nitratos, que el Gobierno español envió en diciembre de 2020 a la Comisión Europea, concluyó que, en el período de 2016-2019 -último período analizado, ya que este año se tiene que presentar el informe para el período siguiente 2020-2023-, la contaminación media de nitratos en aguas subterráneas en Castilla-La Mancha aumentó un 36,2%.

Según estos colectivos, «todas las declaraciones que se hacen desde diversas instancias de la Administración apuntan a continuar la política de fomento de la ganadería industrial sin abrir ninguna posibilidad a una nueva moratoria y en ningún momento se han concretado medidas específicas que realmente atajen el problema de las aguas de nuestra comunidad más allá de parcheos como la Tubería Manchega».

Temen también que «una de las soluciones que se vayan a impulsar pasen por el fomento de la instalación de macroplantas de biogás que supongan un castigo adicional a los municipios con alta concentración de porcino».

Tras criticar que la Consejería de Desarrollo Sostenible «no considera interlocutores válidos a las organizaciones que, precisamente están velando porque el desarrollo sea sostenible», estas organizaciones exigen que se establezcan cauces válidos de interlocución y por ello solicitan una reunión con el vicepresidente de la Junta como primer paso.

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