Castilla-La Mancha, entre las comunidades que menos destina la enseñanza concertada: un 8% de su gasto público educativo

Sin embargo, en el caso de Madrid se da la paradoja de que la mayor inversión en la concertada es por el elevado peso que tiene esta red de centros en la región, ya que si se tiene en cuenta el gasto asignado por alumno concertado, este es el más bajo.

Son datos del duodécimo informe ‘Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español‘ correspondiente a 2026, elaborado por la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación, y que señala que mientras el gobierno vasco destinó el 26 % del gasto público educativo a la concertada en 2024, Madrid derivó el 18 %, Navarra el 17 % y Baleares, La Rioja y Cataluña, el 16 %.

Canarias, Extremadura y Castilla-La Mancha financiaron plazas concertadas con el 8% de su gasto público educativo, mientras que Asturias invirtió el 9,5 % y Andalucía y Galicia, el 10,6 %.

No obstante, al medir el gasto real que recibe una plaza en la concertada, Madrid es la comunidad con menor gasto (3.400 euros por alumno en 2023), seguida de Comunidad Valenciana (3.463 euros) y Galicia (3.481 euros).

La media de gasto público en conciertos por alumno fue de 4.705 euros, frente a los 7.943 euros por alumno en centros públicos.

El analista senior del centro de estudios de Funcas Juan Carlos Rodríguez señala en un artículo de este informe que las familias de las concertadas, sobre todo en Madrid y la Comunidad Valenciana, deben asumir gastos adicionales para suplir un «déficit de financiación pública» por alumno.

Y es que el máximo gasto por estudiante de los hogares se registra en Madrid (2.676 euros) y el mínimo en Extremadura (737 euros).

Según el INE el gasto que hacen los hogares en educación fue de 1.668 euros de media, en el curso 2023-2024, sobre todo en Educación Superior (2.935 euros por estudiante) y en Educación Infantil (1.390 euros por estudiante).

¿Cómo ha evolucionado la financiación en la concertada?

El último informe ‘Datos y cifras del curso escolar 2026-2027’ del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que actualmente el 66,8 % del alumnado se encuentra matriculado en centros públicos, el 24,5 % en centros privados concertados y el 8,7 % en centros privados no concertados.

Existen 19.436 centros públicos y 9.326 concertados y privados.

Y el gasto público destinado a conciertos y subvenciones representó el 11,5 % del gasto total en 2026.

Sin embargo, la evolución ha sido muy diferente: en 1992 esta partida ascendía al 9 % del gasto público, entre 2010 y 2014 creció cerca del 12 % y entre 2020 y 2023 se redujo un punto debido a un mayor incremento de otras partidas públicas consecuencia de la pandemia de la covid.

Entre 2004 y 2023 el aumento fue del 68,5 % y durante la crisis de 2008 el gasto a la concertada no cayó, a diferencia de los recortes que hubo en la pública.

El analista de Funcas sugiere además que en aquellas comunidades donde estuvo gobernado el PP, la concertada tuvo mayor financiación, ya que en las fechas analizadas hubo «alzas considerables» en Madrid o Murcia (con Gobiernos del PP) frente al empeoramiento en Andalucía, Canarias, Asturias y Extremadura, gobernadas por el PSOE una gran mayoría de esos años

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En nota de prensa, los sindicatos consideran que la tramitación de este anteproyecto representa una oportunidad para abrir un proceso de diálogo y negociación que permita avanzar en la equiparación progresiva con la enseñanza pública, una reivindicación histórica del profesorado y ampliamente compartida por la comunidad educativa.

Educación aprobará 420 millones para acuerdos con la enseñanza concertada

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Entre las cuestiones que plantean negociar figuran la reducción de la carga lectiva del profesorado, el abono de la paga de antigüedad y el establecimiento de un calendario de negociación que permita abordar medidas como la reducción de la burocracia en los centros, el pago delegado para personal de administración y servicios y personal complementario de educación especial, el reconocimiento de sexenios, las sustituciones desde el primer día o el reconocimiento económico y horario de tutorías y cargos directivos.

Las organizaciones sindicales firmantes reiteran su disposición al diálogo y confían en que la Administración convoque próximamente la reunión solicitada para avanzar en la mejora del sistema educativo y en el reconocimiento del trabajo del profesorado.

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En mayo, las organizaciones sindicales ya exigieron la apertura de una mesa de negociación antes de finalizar el curso escolar, reclamando un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales tras la entrada en vigor de la nueva legislación estatal, así como otras «demandas históricas» como la reducción de la carga lectiva «en línea con lo acordado en la enseñanza pública» y el pago de la paga por antigüedad, pendiente desde hace más de una década, o el cobro del verano para todos los docentes, según han informado estos sindicatos en nota de prensa conjunta.

«Una vez más, la Consejería vuelve a dar la espalda a un colectivo que está exhausto y que lleva demasiado tiempo esperando soluciones. No entendemos esta negativa constante a sentarse a dialogar, cuando hablamos de un servicio esencial para más de 50.000 alumnos y alumnas de nuestra región», señalan los representantes de UGT, CCOO, USO y FSIE.

Concentración a las puertas de la Consejería el 9 de octubre

Las organizaciones sindicales recuerdan que la enseñanza concertada en Castilla-La Mancha suma más de 6.000 docentes y que sus mejoras laborales en los últimos años han sido «mínimas, por no decir inexistentes».

Ante esta situación, FSIE, UGT, USO y CCOO han convocado una concentración de delegados y trabajadores el 9 de octubre a las puertas de la Consejería de Educación en Toledo para exigir «una negociación real y avances inmediatos» en las mejoras sociales y laborales del sector.

«Queremos negociar, queremos soluciones y queremos hechos, no excusas. Si la Consejería persiste en su negativa al diálogo, intensificaremos nuestras acciones de presión y haremos todo lo necesario para lograr unas condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza concertada», advierten los sindicatos convocantes.

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En declaraciones a los medios de comunicación este martes en Toledo, donde se han concentrado ante la puerta de la Consejería de Educación, responsables de los cuatro sindicatos han denunciado que, tras una reunión celebrada el pasado 12 de marzo con la viceconsejera de Educación, Mar Torrecilla, no se han producido avances.

Tras ello y a preguntas de los medios sobre este tema en una rueda de prensa, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asegurado que respeta sus reclamaciones al tiempo que ha adelantado que hay prevista una reunión con ellos en este mes de mayo, aunque no ha concretado el día.

Buscan un acuerdo «justo» que «reconozca» a la enseñanza concertada

Han explicado que en ese encuentro se les comunicó que no había una partida presupuestaria para financiar la jubilación parcial del profesorado de la enseñanza concertada, con lo que, a su juicio, dejaron claro «su rechazo a esta demanda justa».

De igual modo, han señalado que la Administración regional no ha convocado la reunión que se había comprometido para este mes de mayo, por lo que han avanzado que intensificarán las acciones con el fin de que se abra «una vía de diálogo» para abordar las necesidades de los trabajadores de la educación concertada.

«No vamos a cesar hasta lograr un acuerdo justo que reconozca y respete la labor del profesorado y el personal de administración y servicios de la enseñanza concertada», han añadido.

Los responsables sindicales han solicitado a la Administración regional que se les convoque «antes de que finalice este curso» para negociar un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales de cara al próximo curso, al tiempo que han reivindicado el cobro de la paga de antigüedad y una reducción de la jornada lectiva «igual o similar» a la que se ha firmado con los trabajadores de los centros públicos.

Reunión fijada para «ahondar en los sistemas de negociación»

Al respecto y preguntado por la convocatoria de dichos sindicatos en la puerta de la Consejería este martes con el fin de que no queden en saco roto las reclamaciones que los trabajadores vienen reclamando en el sector, el titular de Educación ha defendido que «el diálogo con los representantes de la mesa concertada es continuo».

De hecho, aunque hoy han realizado estas denuncias, ha continuado Amador Pastor, hay comprometidos con los sindicatos «una reunión para ahondar en los sistemas de la negociación que tenemos».

«Tenemos con ellos suscritos varios acuerdos que tienen caducidad este curso y alguno que tiene caducidad el próximo curso. Y es bueno siempre el diálogo para fortalecer las preocupaciones y las posibilidades de crecimiento».

«Entiendo que el derecho a la manifestación y a la concentración existe, pero también es necesario recordar que ese compromiso por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de reunirse con ellos ya estaba por anticipado desde la última reunión», ha aseverado.

Una reunión que, según ha adelantado, estaba fijada para celebrarse durante el mes de mayo. «Le puedo decir que está puesto el día, pero no está confirmado para ellos», por lo que el consejero por «respeto» a los sindicatos no ha querido concretar el día.

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En una nota de prensa conjunta, las organizaciones sindicales han informado de que Educación convocó el pasado 12 de marzo a los sindicatos y patronales para trasladarles los detalles de la nueva Ley de jubilación parcial y sus condiciones.

Sin embargo, han indicado que la viceconsejera de Educación, María del Mar Torrecilla, dijo que no existe partida presupuestaria destinada a financiar la jubilación parcial, ante lo que los sindicatos manifestaron su oposición y exigieron no solo la negociación y financiación de un acuerdo de jubilación parcial «justo y beneficioso» para todos los trabajadores, sino también una inversión económica «suficiente» para reducir la carga lectiva.

El objetivo, han precisado, es que se reduzca esa carga lectiva de los docentes de la enseñanza concertada en las mismas condiciones que ya se han acordado para la educación pública.

No obstante, los sindicatos han apuntado que la Consejería se limitó a comprometerse a una nueva reunión en mayo para estudiar las propuestas que se presenten, una medida que consideran «insuficiente» y que solo prolonga la negativa de la Administración a abordar este problema de manera efectiva.

Por todo ello, van a poner en marcha una serie de medidas de presión para exigir una negociación inmediata y garantizar un trato «igualitario y respetuoso» hacia la enseñanza concertada, como la solicitud de una reunión urgente, inversión «justa» en la enseñanza concertada, denuncia pública de la falta de negociación y organización de un calendario de concentraciones reivindicativas.

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La convocatoria cubre el período comprendido entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029 y se ha publicado este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), ha explicado la Consejería de Educación en nota de prensa.

En total, está previsto que la medida llegue a unos 120 colegios e institutos que imparten enseñanza en las etapas de Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, Educación Especial, Formación Profesional y Bachillerato.

Serán 25.861 los alumnos y las alumnas beneficiados.

Al término del actual curso académico 2024/2025 finaliza la vigencia de dichos conciertos, actualmente suscritos con los centros docentes privados de Castilla-La Mancha, y procede, por tanto, aprobar las normas que regirán las suscripción, renovación y modificación de estos a partir del curso 2025/2026.

De acuerdo a la ley, los centros educativos que accedan al régimen de concertación deben formalizar con la administración educativa el correspondiente concierto, que tendrá una duración mínima de seis años.

El plazo para la presentación de solicitudes será desde el 8 de enero hasta el día 31.

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No obstante, la misma Ley precisa cuándo se implantarán cada una de las medidas.

Así, a los 20 días de la publicación en el BOE, se aplicarán las modificaciones relativas a: la participación y competencias del Consejo Escolar, el Claustro y de los directores de centro; la autonomía de los centros docentes; la selección del director en los centros públicos; y la admisión de alumnos.

Si bien, los procesos relativos a la selección del director en los centros públicos y la admisión de alumnos que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse, es decir, por la Lomce o Ley Wert.

Precisamente, el presidente del PP, Pablo Casado, anunció que las comunidades donde gobierna su partido (Galicia, Murcia, Madrid, Castilla y León y Andalucía) «adelantarían» este proceso para así sortear la Ley. De momento, estas cinco regiones ya han publicado sus respectivas resoluciones sobre este tema.

Medidas más tardías

Por otro lado, hay otras cuestiones que se aplicarán más tarde. Según especifica la Ley, al inicio del curso 2021-2022 se implantarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de promoción de las diferentes etapas educativas.

También en esas fechas se aplicarán las modificaciones introducidas en las condiciones de titulación de Educación Secundaria Obligatoria, ciclos formativos de Grado Básico y Bachillerato; la titulación de las enseñanzas profesionales de música y danza; y las condiciones de acceso a las diferentes enseñanzas.

Asimismo, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Educación Primaria se implantarán para los cursos 1º, 3º y 5º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º, 4º y 6º en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Igualmente, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos y programas de Educación Secundaria Obligatoria se implantarán para los cursos 1º y 3º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para los cursos 2º y 4º, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Y en cuanto a las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos de Bachillerato, se implantarán para 1º en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor de la Ley, y para el 2º curso, en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Supresión de los módulos obligatorios

Sobre las modificaciones introducidas en el currículo, la organización y objetivos en los ciclos formativos de Grado Básico se implantarán en el curso que se inicie un año después de la entrada en vigor de esta Ley.

En este curso se suprimirá la oferta de módulos obligatorios de los Programas de Cualificación Profesional Inicial preexistentes. Y el 2º curso de los ciclos formativos de Grado Básico se implantará en el curso que se inicie dos años después de dicha entrada en vigor.

Con respecto a las modificaciones que se introducen en el artículo 38 de la Ley, relativas al acceso y admisión a la universidad, se aplicarán en el curso escolar en el que se implante el 2º curso de Bachillerato.

Por último, las evaluaciones de diagnóstico a las que se refieren los artículos 21 y 29 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, comenzarán a aplicarse en el curso escolar en el que se implanten los cursos 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria Obligatoria.

Los cambios de la Ley Celaá

La nueva Ley recoge las siguientes modificaciones: el aumento de plazas públicas en la educación de 0 a 3 años; la oferta «suficiente» de plazas públicas; que la asignatura de Religión no cuente para las nota media; la prohibición de que los colegios concertados segreguen por sexo; o la cesión de suelo público exclusivamente a la construcción de centros de titularidad pública.

La Lomloe también incluye la fijación de la «excepcionalidad» de la repetición de curso; la inclusión de una cuarta modalidad de bachillerato más general; o la derivación de alumnos de centros de Educación Especial a centros ordinarios en el plazo de 10 años.

Asimismo, la norma suprime la referencia al castellano como «lengua oficial del Estado», así como la consideración de «lenguas vehiculares» tanto del castellano como de las demás lenguas cooficiales, un asunto que según el Gobierno no supondrá cambio alguno en la práctica.

El Ejecutivo de coalición recuerda que el castellano no quedó plasmada como una lengua vehicular en la enseñanza hasta la Ley Wert de 2013.

Sin embargo, la oposición ve con esta modificación (que vino de una enmienda conjunta entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC) una concesión al independentismo para lograr su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Esta polémica ha suscitado que el PP, Cs y Vox hayan anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional la Ley Celaá.

Otro firme opositor a la Ley ha sido el sector de la concertada, representada por la Plataforma Más Plurales, que ha abanderado las seis concentraciones de protesta contra la Ley durante los meses de noviembre y diciembre.

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