Me gustaría explicarle a nuestra estimada directora del Instituto castellano-manchego de la Mujer que hay personas que, después de intentarlo todo, ven que la gestación subrogada es la única vía para cumplir su sueño de ser padres. No es el camino ideal. No es su primera opción. Es la única. Esta situación, este deseo irrenunciable hace que muchos, al cerrársele esa puerta en España, busquen fuera esta posibilidad. Y aquí empiezan los problemas, la inseguridad jurídica de los padres, de los niños… Y el descontrol sobre las condiciones de la mujer gestante. Si no se regula, si no hay garantías, es evidente que habrá quienes que, ante esta ‘demanda’, ofrezcan la gestación subrogada como un servicio a cambio de dinero, convirtiendo lo que debería ser un enorme acto de generosidad en algo más cercano al tráfico de personas. Ante esta realidad hay tres posibilidades: mirar hacia otro lado, que es lo que lleva haciendo el bipartidismo durante décadas; prohibir y negar la existencia de esta opción, que es lo que realmente generaría un verdadero y terrible mercado negro; o enfrentar la realidad con soluciones.  Y es en este tercer camino donde se sitúa Ciudadanos.

Nuestra propuesta consiste en regular esta práctica, tomando como ejemplo el muy garantista modelo canadiense, para que sólo pueda darse de forma altruista, protegiendo los derechos de la madre gestante, los padres y, sobre todo, del niño nacido por gestación subrogada.

Existen personas cuya única opción para tener un hijo es la gestación subrogada. Existen, aunque no lo crea nuestra querida Araceli, mujeres maravillosas que desean hacer ese regalo. Existen niños que nacen en estas familias y tienen derecho a ser tratados exactamente igual que cualquier otro niño por la Administración. Existen, y merecen que la política se ocupe de ellos, y no que los insulte o estigmatice. Porque la política debe servir para dar soluciones a los problemas que existen, no para crear problemas nuevos.

Existen. Seámosles útiles».

Orlena de Miguel, portavoz de Cs en Castilla-La Mancha.

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«No» a la gestación subrogada

Así se ha manifestado Martínez, en la semana en la que más de 300 organizaciones que integran la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV) han pedido al Gobierno que lidere una campaña y actúe ante Naciones Unidas para «frenar el alquiler de vientres y el tráfico de bebés» y exigido la ilegalización y clausura de las agencias, clínicas y todos los negocios relacionados con la gestación subrogada «en todos los países del mundo, así como la ilegalización de los anuncios publicitarios».

La responsable del Instituto de la Mujer ha explicado que su posición respecto a este asunto es coincidente con la de la Asociación ‘No somos vasijas’, que ha emprendido una iniciativa a nivel internacional para que todas las agencias de las Naciones Unidas, así como desde los movimientos feministas, se alineen en la misma dirección, la de que «los vientres de alquiler es una mercantilización del cuerpo de las mujeres y quienes participan de la misma también están siendo cómplices de la compraventa de niños y de niñas».

«Una cosa es el deseo de ser padres y madres, lo cual es muy respetable, pero ese deseo no se convierte en un derecho, más cuando implica a terceras personas, en este caso una madre gestante normalmente en una situación de precariedad vital que hace que sea vea abocada a este tipo de prácticas«.

Una práctica que Araceli Martínez también cree que «es comparable«, como dijo la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, «al tráfico de órganos» y, en definitiva, ha recalcado, «a poner valor en el mercado la vida, no solamente de esas madres gestantes, sino también de sus criaturas».

Martínez ha afirmado no tener conocimiento de que en Castilla-La Mancha estén operando agencias relacionadas con la gestación subrogada y ha recordado que el ordenamiento jurídico español «prohíbe» los vientres de alquiler. Es por ello que no cree que este asunto necesite de otra regulación extraordinaria por parte de las comunidades autónomas porque, según ha dicho, contravendría «lo que ya marca el ordenamiento jurídico estatal».

En esta cuestión «no hay vacío de ley; está prohibido», ha afirmado con contundencia la directora del Instituto de la Mujer, quien ha advertido de que estas agencias «no utilizan la ley española». «Estas agencias lo que hacen es una serie de gestiones en países extranjeros para camuflar esa compra de niños como si fuera una adopción», ha censurado.

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