Unai Sordo ha sido elegido secretario general con cerca del 90 por ciento de los votos y la Ejecutiva confederal ha obtenido el apoyo del 61, 2 % de los delegados y delegadas.

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha «se congratula» de que dos sindicalistas como José Luis Gil y Lola Santillana, «con una militancia comprometida y una larga trayectoria dentro de la organización», formen parte de la Ejecutiva confederal, ha subrayado De la Rosa.

Por último, el dirigente regional de CCOO ha expresado su «disposición y compromiso a trabajar y colaborar con la nueva dirección del sindicato a nivel confederal en esta nueva etapa que comienza, en la que -ha afirmado- tenemos que acercar el sindicato a las personas, hacer más sindicato para más personas, porque si somos más haremos más fuerza».

De la Rosa ha abogado también por la práctica de «un sindicalismo a la ofensiva para que la recuperación llegue a las personas en forma de empleos estables y de calidad, en forma de incrementos salariales suficientes que permitan a la gente vivir de forma digna y en forma de recuperación de todo lo que nos han arrebatado en los últimos años, porque este 2017 tiene que ser el año de la recuperación de la mayoría social», ha sentenciado.

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El informe -que ha sido presentado hoy por el secretario general y por la secretaria de Políticas de Empleo de CCOO de Castilla-La Mancha, José Luis Gil y Lola Santillana, respectivamente- alerta sobre los datos «negativos y muy preocupantes» que se desprenden de las estadísticas del INE, del Ministerio de Empleo y del Observatorio regional de Empleo.

En el informe se pone de manifiesto la precarización progresiva de las condiciones de los trabajadores castellanomanchegos entre 2007, cuando se inició la crisis económica, y 2016, especialmente a partir de 2012 en el que se aprobó la segunda reforma laboral, ha comentado Gil.

Esta precarización se plasma en datos como el incremento del 97,80 por 100 en los contratos de menos de siete días que se ha registrado a partir de 2012, que aumenta el porcentaje al 141,10 por 100 si se atiende el periodo comprendido entre 2007 y 2016.

Otro dato revelador es el del porcentaje de contratos temporales en relación con la contratación total, que ha crecido entre 2012 y 2016 en un 94,14 por 100 frente al 5,84 por 100 de crecimiento que han tenido los contratos indefinidos.

Una proporción similar se ha registrado en el número de contrataciones temporales en el periodo 2007-2016, que han aumentado en 182.620 en 10 años, pasando de las 609.736 contrataciones temporales de 2007 a 792.356 en 2016.

Por el contrario, la contratación indefinida se ha reducido en un 32,82 por 100, con 24.081 contratos fijos menos en 2016 que los que había en 2007.

En el periodo de 10 años, la contratación temporal ha ido ganando terreno, de forma que ha pasado del 89 por 100 sobre la contratación total que tenía en 2007 a un 93,92 por 100 de media en 2016, mientras que el número de personas con contrato temporal que no puede encontrar empleo fijo ha aumentado un 15,27  por 100 desde 2012.

Además, la contratación inferior a tres meses en la región fue del 46,39 por 100 en el año 2016, en el que casi la mitad de los contratos temporales fue inferior a los 180 días.

Uno de los datos más preocupantes del estudio, según Lola Santillana, es el de la denominada rotación contractual (número de contratos de media por trabajador) que ha aumentado en un 0,70 por 100 entre 2007 y 2016.

Así, se ha pasado de contabilizar 683.000 contratos formalizados a 374.000 personas en 2007 a los 841.649 contratos que se hicieron en 2016 a 333.000 personas, ha señalado Santillana.

Según el informe de CCOO, en 2007 se hicieron 685.117 contratos de media anual en la región, que aumentaron a 843.665 en 2016, lo que supone un incremento del 23,14 por 100, mientras que desde 2012 el número de contratos registrados en Castilla-La Mancha se ha incrementado en un 52,62 por 100.

Ante estos datos «alarmantes», Gil ha propuesto medidas para revertir la situación, cuya solución «inexorable» pasa por derogar las dos reformas laborales, especialmente la de 2012.

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En un comunicado, CCOO ha informado de los escritos enviados al viceconsejero de Economía, Empresas y Empleo, Francisco Rueda, y al director general del Sepe, Julio Ángel Martínez, en relación con el fraude denunciado por el sindicato y la Inspección de Trabajo sobre la agencia privada de colocación San Román.

Según ha constatado Comisiones Obreras, San Román tiene entre sus sedes en Castilla-La Mancha locales cerrados y sin ninguna actividad; en otros casos, se ubica en centros de formación, asesorías o autoescuelas, donde les es desconocida la agencia de colocación o «en el mejor de los casos» hay un buzón para depositar los curriculums.

CCOO: «Nos parece más que evidente que estamos ante una estafa»

«Nos parece más que evidente que estamos ante una estafa», ha subrayado el sindicato tras las comprobaciones in situ llevadas a cabo y el informe de la Inspección de Trabajo denunciando, entre otros aspectos, la «inexistencia de actividad» y que «no está operando» como agencia de colocación «en los términos exigidos por la legislación».

Tras el cierre de 13 ‘sedes fantasma’ de San Román en la región CC.OO. ha emplazado a la Consejería a inspeccionar todos los locales que tiene la firma y a que extienda su actuación sobre la agencia Manpower, que también obtuvo otro convenio para operar como agencia de colocación.

En la misma línea, CC.OO. pide al Sepe que investigue la actividad de San Román en todo el país, donde tiene más de un centenar de locales.

La secretaria regional de Empleo de CC.OO., Lola Santillana, ha instado a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo a que mantenga informado al sindicato sobre la situación de las agencias privadas de colocación «y sobre las conclusiones de las inspecciones que se lleven a cabo».

Santillana ha indicado que «no se puede tolerar» que se haga negocio con los desempleados, con el «dinero de todos» y con fondos públicos que se están «quitando» de las políticas activas de empleo y de los servicios públicos de empleo.

A su juicio, «hay que sancionar a quienes están haciendo negocio de forma fraudulenta con fondos públicos y utilizando la desgracia ajena para enriquecerse» porque es «ilícito».

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