En una entrevista con la Agencia EFE, tres meses después de su toma de posesión, Astray ha explicado que «una cosa es que no se hayan convocado las plazas necesarias siquiera para cubrir jubilaciones de los jueces y otra que vayamos a dar entrada sin los requisitos de calidad necesaria».

Sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial

De hecho, sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, que busca cambiar, entre otras cuestiones, el acceso a la carrera judicial, la presidenta del TSJCLM ha señalado que aunque la norma «tiene muchas aristas, se percibe como una entrada fácil y privilegiada«, y de ahí la reacción de jueces y fiscales.

Astray ha afirmado que Castilla-La Mancha necesita 52 jueces, como mínimo, pero también ha reiterado que «hay que mantener los estándares porque lo que quiere al final el ciudadano es una justicia de calidad» y ha dejado claro que «todo se resuelve con una varita mágica que se llama dotación presupuestaria».

Ha detallado que ahora mismo «la prioridad inmediata está en la Audiencia de Toledo, primera instancia de Guadalajara y Audiencia Provincial de Ciudad Real».

«Hemos hecho la lista de prioridades, pero necesitamos una dotación presupuestaria real», ha afirmado Astray, quien ha reconocido como logro en estos tres meses que, además de las plazas de Toledo y Guadalajara para los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, se ha conseguido una plaza más en Ciudad Real.

María Pilar Astray ha explicado que son necesarios contactos institucionales y protocolos «para que las víctimas no se resientan de las comarcalizaciones ante la distancia entre su domicilio y el juzgado especializado donde van a prestar declaración” y ha anunciado que “se va a rehabilitar la Comisión Autonómica de Violencia de Género”.

Defiende una justicia especializada en la violencia contra la mujer

Ha defendido una justicia especializada en la violencia contra la mujer y ha insistido en la necesidad de una especial atención a los menores víctimas en un contexto en el que «los equipos psicosociales de atención son gravemente insuficientes».

“En violencia, que es una prioridad, sería importante, ya no solo una justicia especializada, centrada en la atención a las víctimas, también salas especiales, atención a los hijos”, ha manifestado al tiempo que ha opinado que los menores necesitan “una asistencia desde el principio, ya que hay una labor asistencial que también debe completarse”.

Situación por provincias

La presidenta del TSJ ha recalcado que, con 216 jueces, Castilla-La Mancha está a la cola de España, lo que no ha impedido que esté por encima de la media nacional en número de resoluciones.

Así, ha detallado que “somos la última comunidad de jueces por habitante”, lo que, en su opinión, “tiene que ver con la asistencia a una región muy dispersa y alejada, que hace que se necesite un juez aunque la población no lo justifique, además de la necesidad acuciante de plazas y el aumento de la litigiosidad”.

En un análisis por provincias, se ha detenido en la situación de Illescas (Toledo), donde los problemas en unas infraestructuras que presentan incluso problemas de seguridad sanitarias en algunos edificios llevará a que no pueda albergar los nuevos recursos de violencia contra la mujer, que se quedarán en Toledo capital hasta que se levante un nuevo edificio, que ya está licitado.

En Toledo «estamos mal por el incremento poblacional, falta dotación en las primeras instancias, en la Audiencia provincial de Toledo y los juzgados de Illescas, Toledo, Ocaña y Talavera de la Reina», ha citado en un análisis más pormenorizado.

En Albacete, ha considerado que las carencias «más importantes» están en los juzgados de primera instancia «puesto que la ratio por juez supera el doble de asuntos que le corresponden».

En Ciudad Real, «tenemos a la audiencia provincial con escasez de plazas y necesidad de un segundo juzgado en Almagro; los de Puertollano están colapsados y los de la capital, los mixtos se encuentran con carencia y veremos cómo se distribuye la carga con el juzgado de violencia», ha explicado Astray, que se ha referido también a Tomelloso como un partido judicial muy sobrecargado.

En Guadalajara, el incremento de población del Corredor del Henares demanda recursos en primeras instancias y en los juzgados de instrucción en una situación que Astray ha descrito como «de grave colapso».

Similar circunstancia se da en Cuenca, donde se requiere un incremento en los juzgados de primera instancia mixtos y en los de Tarancón.

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