Así lo ha explicado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, este martes en una rueda de prensa previa a la presentación de la memoria ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, donde ha matizado que, aunque «todos los datos son malos», este aumento puede representar una buena cifra «si significa un refuerzo de la respuesta penal» ante esta problemática delictiva.

En lo referente a la violencia de género, la Fiscalía llevó a cabo un total de 2.357 procedimientos de diligencias urgentes, así como 1.774 diligencias previas, 688 procedimientos abreviados, cinco procedimientos ordinarios y tres juicios con jurado.

Además, la Fiscalía elaboró 2.775 escritos de acusación -en 2017 fueron 2.008-, mientras que de las sentencias dictadas, 1.360 fueron condenatorias -1.205 en 2017-, 1.004 fueron de conformidad -685 en 2017- y 665 absolutorias -916 en 2017-.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, en el pasado año se produjeron 711 delitos en toda la región, 104 más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 17 por 100. Entre ellos, se gestionaron 218 delitos de agresión sexual y violación, que suponen un aumento del 36 por 100.

Por su parte, los delitos de abuso sexual se cifraron en 266 (un 25 por 100 más), los de acoso sexual en 36 (un 16 por 100 más), los de exhibicionismo y provocación sexual en 25 (un 25 por 100 más), los de prostitución en 10 (un 64 por 100 menos), los de pornografía infantil en 17 (un 60 por 100 menos) y los de corrupción de menores en 23 (un 122 por 100 menos). De su lado, los delitos en los que se vieron envueltas víctimas menores de 16 años fueron 116 (un 36 por 100 más) y no hubo delitos que afectaran a menores de entre 16 y 18 años.

En este punto, el fiscal ha destacado la creación de la figura del delegado autonómico en materia de violencia de género, que ha supuesto un «reforzamiento» de la actividad especializada, explicando que su labor es la coordinación de esta especialidad en la comunidad autónoma y que sirve de enlace con los órganos superiores de la Fiscalía General del Estado.

11 homicidios y asesinatos más que en 2017[/ze_summary]

Mientras, los homicidios dolosos y asesinatos ascendieron a 49 en toda la región en 2008, por los 38 que hubo en el año 2017. De ellos, 11 tuvieron lugar en la provincia de Albacete, 11 en Ciudad Real, siete en Cuenca, cuatro en Guadalajara y 16 en la provincia de Toledo.

Asimismo, los homicidios por imprudencia también aumentaron, pasando de 33 en 2017 a los 40 del pasado año, y se mantuvieron en el mismo nivel los de asistencia o incitación al suicidio, con dos delitos.

En cuanto a los delitos por lesiones, también tuvieron un ascenso, en este caso del 6 por 100, con 17.312 delitos, 989 más que en el año 2017. En concreto, las lesiones dolosas se elevaron un 13 por 100, alcanzando las 11.647; las lesiones imprudentes bajaron un 11 por 100, con 3.446; las de maltrato familiar crecieron un 5 por 100, llegando hasta las 2.207; y las lesiones por riña aumentaron un 100 por 100, con un total de 12 delitos de esta clase.

Sobre otro tipo de delitos, el fiscal ha comentado que se han producido aumentos en 2018 en los delitos contra la libertad -1.729, un 8 por 100 más que en 2017-, de tráfico de drogas -392, un 17 por 100 más-, contra la ordenación del territorio y la protección histórico y del medio ambiente -151, un 10 por 100 más- y contra el orden público -411, un 6 por 100 más-.

Mientras, se mantuvieron estables los delitos contra la hacienda pública -con 27 casos, uno menos que en 2017- y de falsedad -681 delitos, 21 menos- y descendieron los delitos contra el honor -306 delitos, un 18 por 100 menos- y contra la administración pública -157, un 16 por 100 menos-, modalidad esta última «donde se albergan los principales delitos de corrupción».

Por otra parte, el fiscal superior en Castilla-La Mancha ha señalado que el 2018 fue un año de «estancamiento» en las plantillas, una situación que «se arrastra de años anteriores», y aunque sí ha citado «avances importantes» en infraestructuras, especialmente en Guadalajara, Albacete y Toledo, ha considerado que «sigue habiendo un déficit» en esta materia.

De igual modo, ha apuntado que 2018 ha sido, al igual que los anteriores, un ejercicio «de transición del trabajo en papel al trabajo digital», algo que ha supuesto que se haya incrementado la carga de trabajo para los fiscales de la región. Por ello, ha querido reconocer «las dificultades que se están superando».

Por otra parte, en lo funcional, ha querido también citar los problemas que han ocasionado a los fiscales la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca un máximo de seis meses para la instrucción temporal de los procesos, lo que ha supuesto un «esfuerzo notable» para acelerar los procesos.

Finalmente, José Martínez ha recordado la «desconocida conflictividad laboral» en su ámbito, resultado, ha dicho, de «una dura y prolongada pugna entre las asociaciones profesionales de jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia».

Por su parte, los tres grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de tomar medidas para mejorar los medios materiales y personales de la Fiscalía. En su intervención en la comisión, el diputado de Cs David Muñoz Zapata ha marcado el objetivo de conseguir una cifra superior de fiscales por cada 100.000 habitantes, no solo para «aligerar cargas» sino también para aumentar la rapidez de una justicia que en ocasiones, ha añadido, genera «malestar» en la ciudadanía por su lentitud.

Mientras, la diputada «popular» Lola Merino ha reconocido el trabajo realizado por todos los profesionales de la Fiscalía y ha puesto también de manifiesto la «necesidad de medidas económicas y de personal para poder realizar bien el trabajo y la responsabilidad por parte del Ministerio Fiscal».

Finalmente, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha defendido que es «una reivindicación» de su partido «poner sobre la mesa más presupuesto, más plantilla y mejores condiciones» para lograr «el mejor trabajo de la Justicia en sedes más dignas y con equipamiento y tecnología propia del siglo XXI».

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Así lo ha puesto de manifiesto este jueves el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, que ha comparecido en las Cortes regionales para dar cuenta de la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al año 2017.

Contra la libertad sexual, lo que más preocupa

En la propia Memoria, se indica que junto con los delitos contra la vida, los secuestros y los robos con violencia, puede decirse que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual son las conductas que más preocupación despiertan, y más inseguridad producen, en la sociedad.

De hecho, tipos penales como la agresión sexual y la violación, prostitución, pornografía infantil, corrupción de menores y delitos sexuales contra menores de 16 años, presentan en 2017 las cifras más altas de los referidos cinco años, siendo especialmente relevante el incremento de los delitos que tienen a los menores como víctimas.

En estos casos, según apunta la Memoria, la práctica de prueba anticipada es una herramienta procesal imprescindible para evitar la doble victimización, procurando que las declaraciones vayan precedidas de informes médicos y psicológicos.

En definitiva, la declaración de estas víctimas ha de rodearse de todos los elementos necesarios para evitarles los perjuicios derivados de su enfrentamiento en la vista oral con el presunto agresor.

En todo caso, el porcentaje de incoaciones por hechos de esta naturaleza supone un 1 por 100 de la totalidad de las diligencias previas registradas (59.263), lo que da idea de la escasa incidencia cuantitativa de estas conductas ilícitas, pese a su gravedad cualitativa, en la evolución anual de los procedimientos criminales.

El número de casos resueltos por sentencia dictada en causas por delitos contra la libertad sexual viene siendo relativamente alto, tendencia que se mantiene en 2017, en que se han dictado 87 sentencias por delitos de esta clase, muchos de ellos (11) por la modalidad más grave de agresión sexual o violación.

La mayoría de las diligencias previas incoadas se tramitan después como procedimiento abreviado -116-, quedando reducidos los casos de juicio rápido (11) para algunos supuestos de abuso sexual y exhibicionismo.

La Memoria destaca también que casi la mitad de los 72 procedimientos ordinarios por delitos muy graves incoados en Castilla-La Mancha durante 2017 lo fueron por delitos contra la libertad sexual (32).

A su vez, los escritos de acusación presentados ascendieron a 103 y las medidas de prisión provisional adoptadas se cifraron en 10.

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