Así lo recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, que les absuelve del delito de allanamiento y solo les condena por un delito de desobediencia.

Los hechos juzgados que recoge la sentencia se remontan al 5 de diciembre de 2017 en la oficina de Caixabank de Cabanillas del Campo, donde los enjuiciados participaron en un acto para evitar el desahucio de veinte familias.

La sentencia considera que la protesta fue pacífica, aunque indica que la sucursal no era el lugar adecuado para realizarla ni para negociar un desahucio que, por otra parte, finalmente se produjo.

El día del juicio, el pasado 10 de febrero, la acusación particular de la entidad financiera rebajó su petición de penas de los 3,5 años de cárcel a los 10 meses solicitados por la Fiscalía por delitos de resistencia y allanamiento contra estos ocho activistas.

Los ocho acusados no se presentaron al juicio y ahora, según han señalado a EFE fuentes próximas a los activistas, tienen previsto recurrir la sentencia ya que consideran que lo que hicieron no fue delito sino una forma de protesta y libertad de expresión

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Los afectados por esta operación que podría dejarlos sin vivienda en los próximos meses, se han mostrado asombrados ante esta notificación ya que, avisan, tienen todas las mensualidades pagadas y «en regla», como avisan desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en un comunicado. A pesar de que no se trata de un tema relacionado con hipotecas ni préstamos, la Plataforma se ha puesto a trabajar en este caso, para aconsejar y ayudar a los vecinos de Azucaica.

Ejecución hipotecaria a la empresa inmobiliaria que gestiona los alquileres

Enrique Gómez, abogado colaborador de la PAH, a quien llegó este caso a partir de la ejecución hipotecaria que tenía prevista Liberbank hacia la empresa arrendadora, explica a encastillalamancha.es que se trata de un caso «muy vivo» y que se trata de una historia que tiene que ver con una promoción de vivendas vacías, que fueron construidas gracias a un prestamo de la entonces Caja Castilla-La Mancha.

Con unos contratos de alquiler en vigor, Liberbank inició una ejecución hipotecaria hacia el promotor por diversos impagos, por lo cual dicha empresa tendría que devolver las viviendas vacías hacia la entidad bancaria. El juzgado, conforme explica el abogado, no ha reconocido a los terceros, es decir, a los inquilinos de las 23 viviendas -otras tres han sido abandonadas por sus inquilinos de forma reciente vista la situación-, ya que no reconoce los alquileres que han sido lícitos, según cuenta Gómez.

Desde el juzgado se pone fecha al «lanzamiento» de las viviendas, es decir, cuando Inversiones y Alquileres Logar tendrá que devolver las viviendas sin ocupantes. Esto ha sido dispuesto a través de un decreto en el que el juez de turno ha resuelto «que no se reconoce a la sociedad el derecho a ocupar las viviendas».

Un caso que ha llegado al Ayuntamiento

El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Javier Mateo, se reunió hace unos días con estos afectados para mostrar su «total disposición» en este caso que no ha dudado de tachar como «injusto y surrealista». En este «extraño tema», no se ha tenido en cuenta a las personas que viven en régimen de alquiler en las casi 30 viviendas del barrio.

Allí viven muchos de ellos desde 2014, cuando decidieron firmar el contrato con la arrendadora que ahora tendrá que entregar «las viviendas vacías» al banco», señala el propio Mateo. Estos vecinos «han pagado religiosamente sus alquileres», señala el edil de Ganemos Toledo, tal y como se explica también desde el comunicado que se ha hecho público: los vecinos «no entienden cómo pueden ser desahuciados de sus casas teniendo sus contratos vigentes y estando al corriente del pago de cada uno de sus alquileres».

Negociaciones con Liberbank

Según explica el abogado que colabora en este caso, se le ha propuesto una solución «amistosa» a Liberbank para que los inquilinos puedan seguir viviendo en dichas viviendas, mientras que el alquiler se pague a la inmobiliaria filial de la entidad bancaria a la que se adjudicó la propiedad de los pisos, de tal manera que se queden a un lado posibles desahucios y mayores problemas para las 23 familias que viven en este bloque de pisos.

Por lo tanto, en este caso la responsabilidad recae a la entidad que tendrá que decidir si las personas que viven en estos adosados podrán continuar viviendo allí  o, por el contrario, decide optar por que se ejecute la decisión de que se entreguen las casas vacías.

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