González ha asegurado que no se puede permitir que las sesiones plenarias se conviertan en una réplica de la política nacional, donde el insulto y las descalificaciones graves marquen la dinámica de las sesiones. Según ha explicado el portavoz socialista, cada vez que el Grupo Municipal presenta una propuesta o realiza una crítica constructiva en el ejercicio de sus funciones, se encuentran con «barbaridades e improperios» provenientes del Equipo de Gobierno.

El portavoz socialista ha subrayado que, si bien la crítica política es legítima y el debate es necesario, “no se debe entrar en el juego de la falta de respeto constante, ya que degrada la calidad democrática y perjudica directamente a los vecinos y vecinas de Albacete”.

En este sentido, José González ha recordado que ya en el año 2024 el Grupo Municipal envió una carta al alcalde, Manuel Serrano, solicitando formalmente que se rebajase el tono de las respuestas a sus propuestas. Al no haber obtenido un cambio de actitud, “hoy exigimos de nuevo al alcalde, como máximo responsable del Pleno, que tome medidas para que la institución cumpla su verdadera función, que no es otra cosa que debatir y mejorar la vida de la ciudadanía”.

El último ejemplo

Como ejemplo de esta deriva, González Martínez ha citado episodios recientes en los que, ante temas de calado como el Plan Juvenil de Vivienda, el Equipo de Gobierno ha desviado la atención recurriendo a temas ajenos a la gestión municipal, en lugar de centrarse en el problema habitacional que afecta a la ciudad.

Finalmente, el portavoz socialista ha reiterado el compromiso del Grupo Municipal para seguir realizando una oposición responsable y una labor política alejada del ruido, insistiendo en que Manuel Serrano y su Equipo de Gobierno perdieron la oportunidad de pedir disculpas por sus declaraciones y les ha instado a trabajar por un clima de respeto mutuo. «Es momento de hablar de Albacete y sus necesidades; nosotros vamos a estar en ello y pedimos que se trabaje por esa calidad democrática que los ciudadanos y ciudadanas se merecen», ha concluido José González.

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En rueda de prensa, González ha denunciado que lo ocurrido en el Pleno de enero “no fue un calentón ni una salida de tono puntual, sino una intervención preparada y escrita que posteriormente se reprodujo incluso en una nota de prensa”. A su juicio, se trata de un ejemplo claro de “matonismo político, fomentado y permitido por el alcalde”.

Haciéndose eco de las disculpas de la concejala del PP de un pueblo de Valencia tras insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz socialista ha indicado que “es evidente que la crítica política es legítima, el insulto no, el insulto no puede formar parte del debate democrático. Pero en Albacete el Partido Popular no solo insulta, sino que además se niega a pedir disculpas”.

A juicio del portavoz socialista, esta estrategia de confrontación verbal sirve para desviar la atención de la falta absoluta de gestión del concejal de Urbanismo y del alcalde, especialmente en materia de vivienda y planeamiento. “El anuncio de un supuesto Plan Integral de Vivienda realizado por el alcalde en el último Pleno fue una reacción a una moción socialista en la que solicitamos un Plan de Vivienda Municipal Juvenil y, a día de hoy, no es más que un titular vacío”.

15 viviendas para una lista de espera de 3.000 personas

“Hablan de 5.500 viviendas y de 1.700 con alguna protección social, palabras huecas que suenan a mentira, porque lo único que este concejal de Urbanismo y este alcalde  hacen es visitar la promociones privadas, confundiendo al personal”, ha manifestado González Martínez, quien ha recordado que, tras más de 30 meses de mandato, la única actuación atribuible al actual concejal de Urbanismo es la finalización de 88 viviendas del Sector 10, heredadas del anterior Equipo de Gobierno, y el anuncio de 15 viviendas de alquiler social ”como respuesta a una lista de espera de más de 3.000 familias”.

En cuanto al planeamiento urbanístico, González ha explicado que “no existe gestión, Albacete necesita un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ya que el vigente tiene más de 25 años y ha sido modificado en más de 60 ocasiones, sin que el actual Equipo de Gobierno haya iniciado ningún trabajo serio en esta materia”.

A todo ello se suma, según José González, el colapso de la Gerencia de Urbanismo, con retrasos generalizados en licencias y trámites administrativos y una atención prácticamente inexistente a las quejas ciudadanas, tal y como reflejan los informes municipales de Quejas y Sugerencias conocidos, que datan de 2024, “que son los últimos que manejamos, esa es la transparencia”. Según esos informes se estaba dando una “muy escasa por no decir nula” atención a las comunicaciones referidas al año 2024 por parte de las entidades que dependen de Julián Garijo.

“Albacete no puede permitirse un concejal de Urbanismo más preocupado por sus intereses en la empresa privada que por la gestión municipal”, ha afirmado González, quien ha cuestionado la dedicación real del responsable de Urbanismo al Ayuntamiento. “El concejal de Urbanismo tiene concedida una liberación del 65%, sin embargo, gana más como empleado de la empresa privada que como responsable público”, ha detallado.

Para concluir, el portavoz socialista ha recordado que en noviembre de 2024 el PSOE ya pidió formalmente en una carta remitida al alcalde que pusiera fin a los insultos y a la descalificación a los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista, “nada se hizo entonces y, lamentablemente, la situación ha empeorado”, ha comentado. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista insiste en que Julián Garijo debe pedir disculpas públicamente por sus palabras. “Y si no es capaz de hacerlo, el alcalde tiene la obligación de cesarlo. En democracia no todo vale”, ha concluido González.

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Para ello, la FEMP insta a los gobiernos locales a seguir trabajando para garantizar la accesibilidad universal, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la plena inclusión de las personas con discapacidad en la vida social, económica y cultural de nuestros municipios y ciudades.

Además, solicita que contribuya a la lucha contra la discriminación laboral de las personas con discapacidad para que tengan las mismas oportunidades de que el resto de la población para su desarrollo profesional y personal, cumpliendo con la reserva de plazas ofertadas de empleo público para personas con discapacidad, según lo establecido legalmente y a realizar acciones para el impulso de su contratación por parte del sector empresarial.

Del mismo modo, solicita a las entidades locales que promuevan la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones que afectan a su vida y a su comunidad, garantizando su representación en los órganos de consulta y en el diseño de políticas públicas que impacten en su bienestar, reforzando así el principio de autonomía y autodeterminación.

Políticas públicas de vivienda

Asimismo, anima a impulsar políticas públicas de vivienda que garanticen el derecho de las personas con discapacidad y las personas mayores a una vivienda digna, accesible y adaptada a sus necesidades.

Una declaración que además pide a las entidades locales que inviertan en entornos accesibles y en el desarrollo de soluciones innovadoras que favorezcan la autonomía de las personas con discapacidad, así como a cumplir con los principios rectores y las disposiciones establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Solo desde la acción local podremos construir una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas, donde la diversidad sea reconocida como un valor y cada persona pueda desarrollar su vida con autonomía, igualdad y dignidad.

España ratificó este tratado en 2007 e incorporó su contenido al ordenamiento jurídico el 3 de mayo de 2008. Desde entonces, ha supuesto un avance significativo en la garantía de derechos para las personas con discapacidad. Entre sus principales logros destacan su integración en el sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, el reconocimiento de la discapacidad como una cuestión de derechos fundamentales y la creación de un marco legal exigible.

La Convención se sustenta en principios esenciales como la dignidad, la autonomía, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad y la participación inclusiva. Además, promueve la igualdad de género y el respeto a la identidad y el desarrollo de la infancia con discapacidad, principios que deben aplicarse de manera transversal en la defensa y garantía de los derechos reconocidos en el tratado.

La conmemoración de este día busca sensibilizar sobre la importancia de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España y resaltar el papel de la Convención como referencia clave en el desarrollo de políticas públicas y reformas legislativas en materia de discapacidad.

Un avance significativo en esta línea ha sido la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, alineado ahora con los principios de la Convención. Tanto esta reforma como el tratado comparten un mismo objetivo: garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, eliminando barreras y fomentando su inclusión real y efectiva en la sociedad.

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Todos los grupos políticos han votado a favor del destino que se dará a 9.311.906,96 euros, de los cuales más de 6,15 millones de euros serán para amortizar deuda municipal, y el resto irán a diversos servicios para la ciudadanía.

El concejal de Hacienda se ha mostrado muy satisfecho por la aprobación unánime de la propuesta del equipo de gobierno “que permitirá mejorar la situación financiera del Ayuntamiento, reduciendo la deuda y por tanto la cantidad que debemos destinar a amortización y al pago de intereses, y también servirá para ampliar numerosas partidas de inversiones y subvenciones”.

Así, entre otras cuestiones, los remanentes servirán para mejorar en casi medio millón de euros las ayudas de carácter social, así como para la mujer y la tercera edad; casi un millón de los remanentes se destinará a actuaciones en educación y en cultura, y más de 800.000 euros permitirán atender peticiones de los vecinos, con actuaciones en diversos barrios y zonas de la ciudad. También se incrementará en 100.000 euros la cantidad destinada a la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas, y la partida para la Feria de septiembre contará con 50.000 euros más.

Reina ha declarado que “es una buena noticia que el Pleno apruebe por unanimidad esta propuesta, que conjuga el rigor presupuestario con la mejora en la atención a quienes más lo necesitan y con la previsión de inversiones que beneficiarán a todos los ciudadanos. También es de destacar que hemos escuchado a los vecinos y a los distintos colectivos implicados, en un proceso ampliamente participativo que ahora corroboran todos los grupos políticos presentes en el Pleno”.

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