En un comunicado, la organización ha destacado que este hecho supone un duro revés para la empresa y un paso adelante en la lucha por la defensa de la salud pública, el entorno natural y el tejido socioeconómico de la provincia de Ciudad Real, especialmente en sectores esenciales como el agroalimentario.

La plataforma ha recordado que la oposición al proyecto ha sido masiva, sumando el apoyo de ayuntamientos, cooperativas, partidos políticos, sindicatos y numerosas entidades sociales y ciudadanos, quienes han manifestado su rechazo ante una empresa que, según afirman, “únicamente genera incertidumbre y adolece de una grave falta de credibilidad empresarial”.

En este sentido, han señalado que las cuentas de 2023 de Quantum Minería reflejan una delicada situación financiera, con un patrimonio neto negativo de más de 120.000 euros, pérdidas cercanas a los 90.000 euros y una deuda superior a los 3 millones de euros con empresas vinculadas a su presidente, Javier Merino.

A esta situación se suma la denuncia interpuesta por la Guardia Civil el pasado 9 de diciembre contra la mercantil por llevar a cabo prospecciones en busca de tierras raras sin contar con las autorizaciones pertinentes, lo que podría derivar en una sanción administrativa de hasta 300.000 euros.

Desde “Sí a la Tierra Viva” han criticado la campaña de promoción impulsada en las últimas semanas por entidades como Primigea para respaldar a Quantum Minería, considerando que “sin autorizaciones, incumpliendo las normas y acumulando rechazo social, la mercantil ha quedado fuera de los proyectos prioritarios de la UE, perdiendo el acceso a procesos de autorización simplificados”.

Para la plataforma, esta exclusión supone un obstáculo para la viabilidad de la empresa y permite a la sociedad civil ganar tiempo para frenar un proyecto que consideran perjudicial para la provincia.

En este contexto, la plataforma ha reiterado los riesgos ambientales y para la salud que conlleva la minería de tierras raras, respaldando su postura con diversas investigaciones científicas, como la publicada en 2022 en Frontiers of Environmental Science, en la que se alerta sobre la acumulación de estos elementos en el organismo humano, afectando tanto a trabajadores del sector como a residentes cercanos a las explotaciones mineras.

Asimismo, han exigido al Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) que garantice la neutralidad de sus empleados y evite el respaldo público de algunos de ellos a Quantum Minería. En este sentido, han señalado a Ester Boixereu Vila, trabajadora del organismo, por apoyar el proyecto, lo que consideran una actitud “inaceptable” que compromete la confianza en la institución y genera un claro conflicto de interés.

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Unos hechos que supuestamente incumplen hasta ocho normativas vigentes en la comunidad autónoma, tal y como ha expresado en un comunicado la plataforma Sí a la Tierra Viva.

Así, señalan, Quantum Minería habría infringido la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas por «realizar aprovechamientos de recursos mineros sin contar con autorización o concesión de una exploración a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico» y «carecer del plan de labores de la explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico».

El Ayuntamiento señala que habría infringido el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre la gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras por «carecer del plan de restauración de un espacio natural afectado por actividades mineras para la instalación de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico»; de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades por «ejercer la actividad o realizar una modificación sustancial en la misma sin la preceptiva autorización ambiental».

De igual manera, el informe señala que las presuntas infracciones han tenido lugar en diferentes ámbitos pasando, por ejemplo, por encima de las obligaciones contempladas en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas al «carecer de la autorización de la confederación hidrográfica para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y policía de la Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad»; de lo indicado en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha al «no haber somedito el proyecto de la instalación de una explotación de extracción de tierra a cielo abierto al trámite de evaluación de impacto ambiental»; de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal de Sostenible en Castilla-La Mancha y de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha al «roturar terreno forestal para la extracción de tierras en la zona de servidumbre y de policía de la Rambla del Camino de la Torre de Juan Abad» y carecer de las preceptivas autorizaciones.

Y, finalmente, del Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística por «carecer de licencia urbanística expedida por el Ayuntamiento de Torrenueva para la instalación y funcionamiento de una explotación a cielo abierto de extracción de tierras dentro de terreno rústico» y «la instalación y funcionamiento de una explotación a cielo abierto de tierras que producen un impacto negativo en relación a la integración en el entorno inmediato o en el paisaje».

«A día de hoy esta es la realidad, y no otra, de la empresa Quantum Minería, que ya en su anterior etapa en 2016 fue denunciada y sancionada por operar irregularmente y desarrollar con impunidad una actividad clandestina en un corral de Torrenueva». Por eso, una vez más, la Plataforma Sí a la Tierra Viva vuelve a dirigirse a la responsable de la consejería de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para que actúe en consecuencia y proceda a la denegación de la solicitud de permisos para el proyecto de exploración Neodimio «visto el evidente historial de desprecio por la legalidad y el medioambiente por parte de la mercantil».

De hecho, esta operativa bajo ningún concepto puede considerarse como un hecho aislado sino la norma de quienes sin embargo en público a menudo traen a colación conceptos como el de la minería «responsable», «sostenible» o la utilización de «las mejores técnicas disponibles» en lo que a la vista de los hechos supone justamente lo contario.

Finalmente, Sí a la Tierra Viva hace un llamamiento a la ciudadanía a mantenerse alerta e informar «de cualquier movimiento sospechoso que por parte de la empresa Quantum Minería pueda producirse durante las fechas navideñas».

Quantum acusa a la plataforma de mentir

Desde Quantum señalan que «una vez más, la Plataforma Sí a la Tierra Viva recurre a tergiversaciones en su campaña de hostigamiento a un proyecto que conllevaría empleo y más futuro a todo el Campo de Montiel, de forma compatible con su actual tejido productivo».

Quantum quiere manifestar su estupor ante la beligerancia de esta autodenominada «plataforma vecinal». Frente a una realidad, unas tareas agrícolas en una finca privada, «Sí a la Tierra Viva habla de supuestos incumplimientos en cuestiones que no tienen nada que ver, como la gestión de residuos, los permisos de la Confederación Hidrográfica o la roturación de los terrenos forestales».

Ciñéndose a los hechos, Quantum Minería prepara su respuesta ante el Servicio de Minas de Ciudad Real de la Junta de Castilla-La Mancha, organismo que ha abierto un expediente informativo para dilucidar qué labores se han realizado en la finca, situada en el municipio de Torrenueva.

Quantum Minería quiere expresar su respeto a la actuación de la administración pertinente, y recalcar que «no ha cometido ninguna ilegalidad con los trabajos en su finca».

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La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real ha desestimado, por unanimidad, el recurso de apelación de Quantum Minería contra la sentencia de abril de 2018 del Juzgado de Primera Instancia 1 de Villanueva de los Infantes en la que no ve responsabilidad del presidente de la Plataforma, ha informado el colectivo en nota de prensa.

De este modo, los tribunales han rechazado la pretensión de la mercantil de ser indemnizada por el supuesto daño a su imagen pública confirmando la absolución del responsable de la plataforma de las acusaciones vertidas por la empresa minera.

Los proyectos de Quantum Minería, rechazados por la Junta

La demanda fue interpuesta por Quantum en enero de 2017, en el momento álgido de la oposición ciudadana al proyecto para extraer tierras raras en la provincia de Ciudad Real.

Se basaba en las actuaciones de la plataforma que solicitó la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), para esclarecer si eran o no legales las catas realizadas en terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000 sin la pertinente licencia municipal.

Además de los trabajos de exploración, la mercantil minera estaba realizando tareas de investigación en un corral dentro del casco urbano de Torrenueva, y en ambos casos estas actividades fueron clausuradas con posterioridad por el Ayuntamiento de la localidad y la empresa fue sancionada.

La resolución de la Audiencia Provincial, que finalmente no ha sido recurrida por la minera, avala la postura expuesta por la abogada de la plataforma, Mari Carmen Morallón, quien desde el inicio manifestó que la denuncia ante el Seprona se circunscribía “en el ámbito de la acción penal pública que corresponde a la ciudadanía en defensa de un bien jurídico general como es el derecho al medio ambiente”.

Los proyectos de Quantum Minería fueron rechazados en octubre de 2017 por la Junta de Castilla-La Mancha por su inviabilidad ambiental y técnica, su impacto sobre los recursos hídricos y la afectación a especies en peligro de extinción como el lince ibérico.

Además, en enero de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha determinó que la Administración autonómica «actuó con criterio y a favor del interés general» dado que de haber salido adelante «el proyecto hubiera tenido consecuencias claramente perjudiciales para el entorno del Campo de Montiel».

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En un comunicado, la agrupación ecologista de la provincia ofrece datos sobre la respuesta que ofreció la propia Comisión Europea tras las cuestiones que se le trasladaron sobre el proyecto minero. La CE reconoce que la actividad minera en la provincia «está relacionada con el proyecto Aremon», según Ecologistas, que asu vez esta incluido en la iniciativa European Innovation Partnership on Raw Materials.

A pesar de esta información que han recibido de primera mano, denuncian que desde las instituciones europeas se niegan a ofrecer mayor información sobre el proyecto porque, a juicio del colectivo, «consideran que los intereses empresariales deben primar sobre los ambientales y sociales».

Ocultan los intereses de un lobby

Desde Ecologistas en Acción interpretan que en esta negativa ante una petición de transparencia «se ocultan los intereses de un lobby de empresas y agentes de la CE» que serían partidarios de «explotar los recursos mineros de tierras raras» en la provincia. Desde el colectivo critican que se trata de una estrategia del desarrollo de este sector «para abastecer la demanda europea, pese al fuerte impacto ambiental que genera».

De esta forma, también informan de que se estaría infringiendo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión y el derecho de acceso a la información, en pro de unos «intereses comerciales», que no pueden estar por encima del medio ambiente, según reflejan.

También destacan que Quantum Minería es responsable del «lavado, cribado y concentración de arenas de monacita en un corral de Torrenueva», algo que se produjo sin autorizaciones previas, según denuncian. Por lo tanto, esta acción se hizo, a juicio de Ecologistas en Acción, y se ocultaron los riesgos radiológicos, por lo que después se suspendió la actividad de la empresa en febrero de 2016 y más tarde recibieron una sanción administrativa.

El colectivo de Ecologistas en Ciudad Real considera que «hay evidencias de que los trabajos han generado responsabilidad medioambiental», por lo que vuelven a insistir en la publicidad de la información sobre los intervinientes y sus intereses, así como el papel que hubieran cumplido en las actuaciones que se señalan y que fueron sancionadas.

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Así lo ha destacado hoy en Toledo el portavoz de la Plataforma, Manuel Ginés, que ha comparecido ante los medios para informar sobre esta manifestación ciudadana, arropado por representantes de organizaciones agrarias y ecologistas, cooperativas agroalimentarias y asociaciones culturales que se oponen también al proyecto.

#21MTorrenueva : Manifestación ciudadana contra la minería de #tierrasraras en el Campo de Montiel. Acude. pic.twitter.com/K6DxLrySB4

— Si a la Tierra Viva (@sialatierraviva) 17 de mayo de 2017

Ginés ha justificado la oportunidad de esta manifestación en que los motivos que la originaron, como la afección a los recursos naturales, al patrimonio histórico y paisajístico y al entorno socioeconómico, «no han sido resueltos e incluso se han agravado».

Y en este punto se ha referido a la declaración de impacto ambiental que ha presentado la empresa Quantum Minería, pese a la resolución de la Defensora del Pueblo que instaba a la suspensión de la tramitación, «dada la manifiesta falta de recursos hídricos para acometer los proyectos extractivos en esta zona».

Ha citado también la resolución aprobada por mayoría absoluta en las Cortes Regionales el 19 de mayo de 2016, que pedía el archivo de las actuaciones mineras en Ciudad Real afectadas por los informes negativos de la Confederación Hidrográfica, y otra del pasado mes de febrero que instaba al Gobierno regional a iniciar los trámites para elaborar una ley que impida este tipo de minería en la región.

En este punto, Ginés ha asegurado no entender «el miedo que está demostrando tener el Gobierno regional a una empresa modesta como es Quantum Minería, que sólo busca su pelotazo propio».

Y ha pedido al Gobierno regional y a su presidente, Emiliano García-Page, que recientemente dijo que este proyecto no se llevaría a cabo, «que pasen de las palabras a los hechos» y paralice este proyecto, que «es técnicamente irrealizable y ambiental y socialmente inviable», y adolece además de irregularidades legales.

En este mismo aspecto ha hecho hincapié el portavoz de Ecologistas en Acción, Miguel Hernández, quien ha asegurado que un proyecto como el que pretende desarrollar Quantum Minería en el Campo de Montiel «supone transformar de una manera tan radical un territorio, que no queda otra vía que la administración lo anule».

Y se ha mostrado convencido de que la manifestación del próximo domingo en Torrenueva, que recorrerá a partir de las diez de la mañana las calles de esta población, para pedir «una provincia de Ciudad Real sin minería de tierras raras», tiene que ser «un hito en la consecución de este objetivo».

Por su parte, José Guzmán, de SEO-BirdLife, ha subrayado que «simplemente el dato de que, en el proyecto previsto, se van a movilizar 220 toneladas de tierra por hora quita el sentido» y evidencia el daño que se causará al paisaje, los cultivos, el modo de vida y la conservación del medio ambiente, de un territorio que además está incluido en la Red Natura 2000, ha recalcado.

Por su parte, el responsable de la Plataforma Campo de Montiel Origen del Quijote, Federico Fernández, se ha centrado en el perjuicio que la minería de tierras raras tendrá para la declaración de esta comarca como Patrimonio Mixto de la Humanidad Natural y Cultural, «que no podría lograrse, al perderse la integridad natural».

Por su parte, los representantes de Asaja, Arturo Serrano; COAG, Noelia Serrano, y UPA, Elena Escobar, han expresado su apoyo a la Plataforma Sí a la Tierra Viva, porque es lo que demandan los agricultores y ganaderos de esta comarca, que ven amenazado el desarrollo sostenible de sus pueblos.

En similares términos se ha expresado José Gallego, de la Fundación Savia, quien ha afirmado que «la mina solo traería el deterioro del suelo», aspecto en el que ha abundado el presidente de la cooperativa de 2º grado Campo de Montiel, Pablo Vivar, quien ha destacado el perjuicio de la minería de tierras raras para los productos agrícolas y las industrias de transformación.

En cuanto a la manifestación, la organización confía en superar la participación de la celebrada hace un año, que fue de unas 3.000 personas, así como el número de tractores, que calculan que alcanzará el medio millar.

En este punto, el portavoz de la Plataforma ha hecho hincapié en que el mismo día de la manifestación se recogerán alegaciones contra el proyecto, actualmente en fase de información pública (concluye el próximo día 25) y ha resaltado que hasta el momento se han recogido 7.000 alegaciones ciudadanas.

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