Así lo ha expresado este lunes el responsable vitivinícola de UPA en la región, Alejandro García-Gasco, durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, en la que también ha participado el responsable regional de UPA, Julián Morcillo, desde donde han reclamado una reunión “urgente” a la Consejería de Agricultura para abordar la próxima campaña de vendimia.

García-Gasco ha señalado que, pese a que las previsiones apuntan a una producción nacional de unos 33 millones de hectolitros en la próxima campaña, un 10% menos que en la anterior y un 15% por debajo de la media de las cinco últimas, los problemas del sector persistirán por la caída del consumo y de las exportaciones.

Además, ha advertido de que, si finalmente la cosecha aumentara hasta los 39 o 40 millones de hectolitros, crecerían considerablemente las existencias y se agravaría la presión a la baja sobre los precios del vino y de la uva.

La reducción de las existencias respecto al año anterior supone uno de los pocos datos positivos, aunque UPA considera especialmente preocupante la evolución de la demanda.

El consumo nacional ha descendido un 6% y se ha situado en 9,18 millones de hectolitros, mientras que las exportaciones, que duplican el volumen consumido en España, han bajado un 5%.

Esta situación también ha acabado afectando al vino blanco, que hasta ahora había funcionado como refugio frente a las dificultades del mercado.

«Esto es una tormenta perfecta ante lo que es una campaña normal», ha resumido García-Gasco, quien ha advertido de que una cosecha de entre 39 y 40 millones de hectolitros agravaría considerablemente el problema.

Una producción de esas dimensiones, unida a la caída del consumo y de las ventas al exterior, provocaría un aumento de las existencias y podría repercutir directamente en los precios del vino y de la uva.

Un programa de intervención «cojo»

La organización agraria considera que el programa de intervención sectorial del vino carece de herramientas urgentes y “está cojo” para hacer frente a las dificultades a corto plazo.

Por ello, ha pedido analizar, desde la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, medidas como el arranque de viñedo, la vendimia en verde y la destilación de crisis, además de ofrecer al agricultor orientaciones claras sobre las producciones que puede absorber el mercado.

UPA también ha expresado su preocupación por la cofinanciación prevista en el nuevo marco financiero y por la reforma de la Política Agraria Común, al entender que no incorpora instrumentos suficientes para garantizar precios que cubran los costes de producción.

Sobre el arranque de viñedo, García-Gasco ha recordado que Francia ya ha puesto en marcha esta medida, aunque ha advertido de que se trata de una solución a largo plazo que supone eliminar superficie productiva de manera definitiva.

La vendimia en verde tampoco tendría efectos inmediatos sobre la campaña que comienza este verano, sino sobre la siguiente, y las cantidades previstas no serían suficientes para recuperar los precios y cubrir los costes de producción, según ha señalado la organización.

UPA considera fundamental que la Consejería de Agricultura reúna durante antes del mes de julio a la Interprofesional del Vino, las organizaciones agrarias y el resto del sector para analizar las previsiones de producción, las existencias y la estrategia ante la nueva campaña, que comenzará oficialmente el 1 de agosto, aunque la recolección de algunas variedades podría adelantarse.

UPA desconfía de Trump y alerta del golpe del gasóleo

Por otro lado y a preguntas de los periodistas tras el anuncio del presidente de los Estados Unidos sobre el fin de la guerra de Irán, el secretario general de UPA, Julián Morcillo, ha expresado su desconfianza y ha asegurado que las palabras de Trump no tranquilizan al sector agrario.

«De Trump no nos creemos nada», ha afirmado, antes de cuestionar si el anuncio responde realmente a un acuerdo de paz o a una nueva declaración del presidente estadounidense.

Morcillo ha advertido de que el campo ya está sufriendo las consecuencias del conflicto, especialmente por la subida del gasóleo, que ha pasado de situarse en torno a los 80 céntimos a alcanzar 1,30 euros e incluso superar esa cifra.

A su juicio, este incremento está poniendo en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones y sus efectos seguirán notándose, aunque se reabra el Estrecho de Ormuz.

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Sale adelante con el voto de PSOE y PP

Este jueves, las tres organizaciones han analizado la aprobación de dicha ley, que ha salido adelante con los votos a favor de PP y PSOE, pero con el rechazo de Vox, y que permitirá actualizar la representatividad del sector primario ante las administraciones, una representatividad que se determinará según unos criterios, como tener implantación en las cinco provincias o tener personal contratado que forme a los agricultores y ganaderos y les asesore en las solicitudes de ayudas, como la PAC.

«Más del 88 por ciento de los representantes del pueblo»

Tras su aprobación en el pleno de las Cortes, el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha, José María Fresneda, ha afirmado en declaraciones a EFE que la validación de esta norma es «un homenaje importante» a todos los han trabajado, desde la implantación de la democracia en España, porque Asaja sea «una organización consolidada», con «una trayectoria generacional impresionante», con «muchísimos afiliados en Castilla-La Mancha, muchas estructuras, muchos trabajadores» y que han hecho «todo tipo de movilizaciones».

Fresneda ha subrayado que su organización ha hecho llegar sus propuestas a los tres grupos parlamentarios y ha agradecido a PP y PSOE, que suman «más del 88 por ciento de los representantes del pueblo», que hayan tenido en cuenta todos sus planteamientos, mientras que ante las críticas que otras organizaciones agrarias -que no lograrán el reconocimiento de representativa- ha señalado que cada cinco años se revisará si una organización agraria se considera representativa o no.

«Todo el mundo tiene la oportunidad», ha señalado Fresneda, que ha apostado por mantener «la tensión a tope para seguir creciendo y para seguir siendo fuertes y saber representar a los agricultores con un planteamiento muy profesional y con una independencia política absoluta».

«Cualquiera no puede llegar aquí»

También en declaraciones a EFE, la secretaria de Organización de UPA Castilla-La Mancha, Elisa Fernández, ha subrayado la importancia de la aprobación por consenso de esta ley y ha valorado que otros de los requisitos que se exija a las organizaciones agrarias es que tengan un mínimo de tres años de antigüedad, aunque ha opinado que «incluso es poco y tenía que haber sido más».

«Lo que está claro es que cualquiera no puede llegar aquí», ha recalcado Fernández, que ha subrayado que los criterios para ser organización representativa son «objetivos y totalmente legales», al tiempo que ha comprometido que UPA trabajará para «defender los intereses de los agricultores y ganaderos» y «estar al frente de las reivindicaciones que necesitan el sector lo está pasando mal».

«Un traje hecho a medida»

En cambio, en declaraciones a EFE, el presidente de Unión de Uniones de Castilla-La Mancha, Andrés García, ha criticado la norma al considerar que es un «traje hecho a medida» para UPA y Asaja, ya que a su entender les beneficia, y ha afeado que no se haya articulado un sistema de elecciones para que los agricultores y ganaderos elijan a sus representantes.

«Es una ley muy poco democrática», ha denunciado García, que ha rechazado el argumento de que ha contado con un amplio consenso en la cámara, e incluso se ha preguntado que si PP y PSOE llegaran a un acuerdo par que no se celebran elecciones autonómicas «no sería necesario que las hubiera», porque «han llegado al acuerdo el 88 % de la cámara».

García ha defendido que lo importante de una organización agraria es que defienda los intereses del sector, pero ha reprochado que la norma premia que las organizaciones agrarias hagan de «gestorías para tramitar la PAC».

Aprobada con el voto de PSOE y PP

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con el voto a favor de los grupos parlamentarios de PSOE y PP, la proposición de ley relativa a la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias en Castilla-La Mancha, que actualiza la actual norma, que está en vigor desde 1977.

En el pleno de las Cortes que se ha celebrado este jueves, y en el que se ha debatido y aprobado la norma, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha resaltado que esta norma supera «un vacío normativo que existía desde hace mucho tiempo» y permitirá establecer un procedimiento «claro, transparente y adaptado a la realidad actual del sector» para determinar qué organizaciones agrarias son representativas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

En concreto, la norma detalla los requisitos que las organizaciones han de cumplir para poder concurrir al procedimiento para la determinación de la representatividad, como que deben estar constituidas y reconocidas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y de asociación sindical y que formen parte de una estructura a nivel estatal, la cual sea a su vez miembro del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA).

También deben acreditar que entre sus objetivos tienen la defensa de los intereses generales de la agricultura y la ganadería, y que tienen implantación y actividad efectiva en las cinco provincias.

Y entre los criterios para determinar la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, se tendrá en cuenta que estén compuestas por un «número relevante» de asociados a la organización y que disponga de «un número relevante» de sedes permanentes en la región, así como la acreditación de trabajadores en plantilla propios o de organizaciones provinciales miembro integradas y el desarrollo de programas de formación dirigidos a los agricultores y ganaderos.

También se tendrá en cuenta la participación en tareas de representación, diálogo y colaboración con la administración regional, provincial y local; el asesoramiento a solicitantes para facilitar el acceso a ayudas públicas, en especial de la PAC, y a los seguros agrarios, y el número de solicitudes de ayudas agrarias tramitadas por la organización con carácter anual en las distintas convocatorias lanzadas por la administración regional.

La Consejería competente será la encargada de designar cuáles son las organizaciones profesionales agrarias más representativas de Castilla-La Mancha, para lo que deberá dictar una resolución motivada y dicha resolución tendrá una vigencia de cinco años.

De este modo, a las organizaciones profesionales agrarias de carácter general a las que se reconozca la condición de más representativas en la región desarrollarán funciones de representación institucional en defensa de sus intereses ante la Junta de Comunidades y otras entidades u organismos de carácter regional, y tendrán los derechos inherentes a su consideración como tales.

Una ley que «contribuye a fortalecer la voz del campo»

Por todo ello, el consejero de Agricultura ha subrayado que esta norma «da seguridad jurídica, estabilidad institucional y garantiza la interlocución de las entidades que tengan implantación en toda la región» y «contribuye a fortalecer la voz del campo, con un procedimiento de gobernanza más justo, representativo y eficaz».

Martínez Lizán, que ha agradecido la disposición del PP por trabajar «por el consenso, escuchando la voz de los agricultores y ganaderos», ha tachado de «papelón» la intervención del presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, que ha pedido que se paralice la tramitación de la ley y su grupo ha votado en contra de la misma.

Vox critica «pactos de conveniencia entre PP y PSOE

En concreto, Moreno ha denunciado que es una norma que no beneficia al sector, sino que es «otro de sus pactos de conveniencia entre PP y PSOE», que a su entender «han presentado sin escuchar las reivindicaciones de todo el sector» y que, además, «genera desigualdades con otras comunidades autónomas».

Moreno ha criticado que la proposición de ley introduce como criterio que las organizaciones agrarias formen parte de la COPA y se ha preguntado los motivos de este requisito, pues ha advertido de que no lo existe en otras comunidades autónomas ni en la norma nacional, y ha exigido que se reconozca «la gran labor de todas las organizaciones agrarias».

«A ustedes, con su bipartidismo, les interesan más sus propios intereses», ha espetado Moreno a socialistas y populares, s los que también ha afeado que en la ley no se arbitre un mecanismo para celebrar elecciones para elegir a las organizaciones agrarias representativas, sino que se han fijado criterios en una norma tramitada «de manera oculta, con cierta nocturnidad y alevosía».

Sin embargo, el consejero de Agricultura ha detallado a Moreno que solo en Francia se celebran elecciones al campo tal y como plantea Vox, porque allí los agricultores están obligados a afiliarse a alguna organización agraria, mientras que en Castilla-La Mancha, si se convocaran comicios, solo podrían participar el 20 por ciento.

Asimismo, ha explicado que la representatividad se determina por un plazo de cinco años, por lo que si cuando se abra el plazo, alguna organización queda fuera, podrá volver a presentar la documentación pasado ese tiempo y, si cumple los requisitos, entonces se le reconocerá la representatividad.

«Será una ley importante, que viene a atender una petición histórica del sector agropecuario», ha concluido Martínez Lizán.

También el diputado del PP en las Cortes Santiago Lucas-Torres ha subrayado la importancia de la norma, que «no es un trámite, sino un mensaje político claro y refleja un compromiso institucional serio» y que «nace de la representatividad del sector, no de ocurrencias».

«Esta ley es una trasposición de la realidad de la región, no excluye a nadie», ha subrayado Lucas-Torres, que ha incidido en que la ley no discrimina a ninguna organización, sino que exige responsabilidades, al tiempo que ha calificado de importante que las organizaciones agrarias estén en la COPA, porque es donde se negocia la PAC.

El encargado de exponer los pormenores de la ley y defender la postura del grupo socialista ha sido el diputado Antonio Sánchez Requena, que ha destacado que se trata de una norma «sensata, que aporta criterios objetivos» y ha defendido que la ley saldrá adelante con el apoyo del 88 % de la cámara.

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Algo “incomprensible” si se tiene en cuenta la complicada situación que durante tres años están sufriendo. Desde UPA no entienden los criterios que ha seguido el Ministerio para otorgar estas ayudas, lamentan desde la organización agraria.

Albacete

UPA se muestra “estupefacta” al ver cómo se obvian los intereses de los agricultores y ganaderos castellanomanchegos, muy afectados por la sequía, con provincias como Albacete y otras comarcas de la región que llevan cerca de tres años sufriendo los efectos de la falta de lluvias.

UPA recuerda que la semana pasada, tras la visita del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, se anunció la asignación a España de 68 millones de euros del fondo de reserva de la Política Agraria Común (PAC).

El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció que el Gobierno destinaría en torno a 53 millones a los damnificados por la DANA, mientras que los 15 millones restantes se dedicarían a los productores ubicados en zonas afectadas por sequía recurrente, entre las que no estará Castilla-La Mancha.

UPA recuerda que ha reclamado en numerosas ocasiones algún tipo de ayudas excepcional por sequía, porque hay cultivos al límite, sin opciones ni viabilidad futura.

Ante esta exclusión, desde la organización agraria reclaman a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que también pida explicaciones al respecto.

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La responsable de la organización sindical a nivel provincial y miembro de la Comisión Ejecutiva Regional se incorpora al nuevo equipo de trabajo de Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos a nivel Federal, recién elegido con un 92,6 % de votos.

María José Ramiro

Desde UPA Castilla-La Mancha destacan que María José Ramiro, reconocida por su trayectoria y compromiso con el sector agrario en la provincia de Guadalajara, asume “un papel clave” como enlace entre los agricultores, ganaderos y afiliados de Castilla-La Mancha y la dirección federal de UPA.

Añaden que “su labor será fundamental para trasladar las propuestas y necesidades del campo castellanomanchego a un nivel superior, asegurando que su voz sea escuchada en la toma de decisiones”.

Presencia de Castilla-La Mancha en la estructura federal

UPA destaca la importancia de esta incorporación, “que consolida la presencia de Castilla-La Mancha en la estructura federal de la organización”.

“María José Ramiro será la voz de nuestros agricultores y ganaderos en la Ejecutiva Federal, garantizando que las particularidades de nuestra región sean tenidas en cuenta en las políticas agrarias nacionales”, señalan desde la organización provincial.

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Para exponer esta problemática y abordar posibles soluciones se han reunido este martes en Ciudad Real con el delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, Casto Sánchez.

Al encuentro han asistido el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, acompañado de agricultores afectados, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Amparo Bremard.

Cultivos de La Mancha

En la reunión se han abordado los daños que la fauna silvestre está ocasionando en distintos cultivos de La Mancha, como herbáceos, viñedo y olivar.

Desde la organización agraria indican que se ha transformado en “un problema persistente”, independientemente de la reciente declaración de emergencia cinegética.

UPA Castilla-La Mancha ha pedido acometer más actuaciones en sintonía a daños en los cultivos.

Han trasladado que “son muchos los perjuicios ocasionados, y en esa dirección se deben acometer las soluciones”. Han añadido que “es importante, asimismo, sensibilizar a los titulares cinegéticos de los cotos, para que atiendan las demandas de los agricultores en las parcelas más afectadas”.

Comisiones de pastos

La organización agraria quiere trasladar también a las comisiones de pastos que  a los ganaderos afectados, que se quedan sin opciones de alimento, se les condone las tributaciones a esas comisiones.

Alternativas excepcionales

Otra propuesta de UPA ha sido que se estudien alternativas excepcionales en la lucha contra esta plaga tan grave, aprovechando las nuevas tecnologías para disminuir y atajar los daños. Aprovechando la medida de emergencia cinegética, de forma excepcional, adecuar aspectos legales.

Emergencia cinegética en Castilla-La Mancha por la sobrepoblación de conejos en 308 municipios

Seguro agrario

A UPA le preocupa la situación de “indefensión” de agricultores y ganaderos una vez recurren de manera continuada al seguro agrario.

“El seguro es otro de los asuntos que se debe abordar de manera urgente” pues los afectados, al dar parte de manera continuada en sus siniestros, ven cómo se les encarece el seguro, y se les bajan las garantías, “a efectos prácticos son expulsados del seguro”, han apuntado.

Además, los daños de la fauna silvestre acarrean un problema añadido, puesto que las producciones quedan expuestas a cualquier otro tipo de adversidad climática, sin ningún tipo de garantía.

Parques naturales

UP Castilla-La Mancha ha pedido también que en aquellas zonas donde haya parques naturales o zonas de especial protección deberían de tomarse medidas “adicionales y excepcionales”, con la posibilidad de que la administración instale cercados o trampas para capturar a estos animales dañinos.

Finalmente, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha ha solicitado que en estas zonas afectadas se atienda con urgencia las mejoras del procedimiento administrativo-burocrático cuando los agricultores y ganaderos presenten reclamaciones patrimoniales.

Desde UPA CLM inciden en que seguirán trabajando para buscar soluciones efectivas que protejan la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.

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UPA, en un comunicado de prensa, ha exigido «una política comercial coherente que beneficie a las familias que nos dedicamos a la agricultura y la ganadería en España», y ha recordado que «los agricultores y ganaderos europeos no respaldaremos nunca un acuerdo comercial que carezca de armonía y que sea perjudicial para el medio ambiente, para nuestra soberanía alimentaria y para el medio rural».

«Somos conscientes de que hay que entablar amistades y forjar alianzas en estas épocas turbulentas que atraviesa la geopolítica internacional. Sin embargo, criticamos que Ursula von der Leyen, incumpliendo su compromiso de estrechar lazos con el sector agrario, no haya dialogado suficientemente con las organizaciones representativas de agricultores y ganaderos, representadas por el COPA-Cogeca», ha expresado.

Un acuerdo que puede perjudicar a las explotaciones familiares

En este sentido, la organización ha recordado que «no tiene sentido alguno tolerar un acuerdo que ponga en jaque a un sector tan estratégico como la agricultura y ganadería«, por lo que desde UPA consideran «que este acuerdo puede perjudicar especialmente a las explotaciones de carácter familiar y suponer un freno al necesario y tan complejo relevo generacional».

Por todo ello, han exigido que «haya un compromiso obligatorio para los países del Mercosur sobre las normas relacionadas con el bienestar animal, el uso de medicamentos en la producción animal, el clima, el tratamiento químico y demás normas medioambientales».

Productos fitosanitarios, legislación laboral, bienestar animal…

Y es que la firma del acuerdo «podría suponer la importación al mercado europeo de productos agroalimentarios que distan mucho de cumplir con las normas que sí se imponen a los productores y fabricantes europeos, por ejemplo, el uso de productos fitosanitarios o la legislación laboral y en materia de bienestar animal».

«Entendemos que esta firma es un primer paso de un largo camino en el que los agricultores y ganaderos debemos ser escuchados y respetados. El Acuerdo deberá ratificarse por parte del Parlamento Europeo, así como en los estados miembros. En esos trámites esperamos que nuestras demandas sean escuchadas y tenidas en cuenta», prosigue UPA.

Impacto en sectores

El Acuerdo UE-Mercosur despierta una gran preocupación debido a las importantes diferencias en términos de competitividad que esto conllevaría para algunos sectores, especialmente el del vacuno de carne, avícola, porcino, azúcar, maíz y miel.

Sobre los sectores españoles que podrían beneficiarse de una mayor apertura de los mercados del Mercosur, el del vino y el aceite de oliva se postulan como los más importantes.

Desde UPA seguirán «muy atentos los siguientes pasos desde la firma de este acuerdo, exigiendo siempre que el sector agrario sea respetado, escuchado y protegido. Lo haremos en Europa, a través del COPA-Cogeca, y lo haremos en España, exigiendo a nuestro Gobierno que tenga en cuenta nuestras demandas y que no acepte ni apoye ningún acuerdo que sea perjudicial para el campo».

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En una reunión con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, desde UPA le han mostrado su preocupación por los continuos agravios sufridos por los viticultores españoles.

«Hemos pedido al consejero que transmita al Ministro de Agricultura la necesidad de que su homólogo francés garantice el respeto a nuestro sector», declararon los representantes de UPA.

A la Consejería se le ha remitido el punto de vista de UPA sobre el borrador de la norma de comercialización presentado por la Interprofesional del Vino de España, que plantea penalizaciones a parcelas con sobreproducción.

Desde UPA se muestran contrarios a esta medida, argumentando que «penaliza al agricultor por decisiones que no están bajo su control, como el destino final de sus uvas», señalaron.

Y subrayan la importancia de aplicar las herramientas ya existentes, como el control de rendimientos establecido en el Real Decreto, que limita la producción a 18.000 kilos por hectárea para variedades tintas y 20.000 para blancas.

«Un control riguroso garantizaría una gestión más eficiente de la sobreproducción y protegería al sector».

Asimismo, indican que, si los consejos reguladores hicieran un control eficaz y radical de rendimientos de las parcelas acogidas a las denominaciones de origen, «frenaríamos el potencial productivo de la región».

UPA solicita, además, que vuelva a publicar la limitación del contenido mínimo que tiene que tener la graduación de la uva, y que tenga continuidad en el resto de campañas, independientemente de la producción existente.

«Es flaco favor el que se hace al sector, si se permite que cooperativas y bodegas puedan admitir uva con menos de esa graduación».

 Alegaciones a la futura ley de restructuración de viñedo

UPA ha hecho alegaciones a la futura ley de restructuración y reconversión de viñedo.

Desde la organización agraria consideran que se debe paliar el efecto negativo que ha tenido la aplicación de la puntuación de zonas de despoblamiento frente al resto de viticultores.

«Es cierto que ha habido una gran demanda, rondando los 80 millones de euros en solicitudes; lo que da buena señal de la efectividad, y la continuidad de la medida en el futuro para que sirva de adaptación a las nuevas tendencias del mercado de nuestro viñedo; que ayude a ser competitivo», han indicado.

Se incluye, en esta misma temática, reducir la puntuación por pertenencia a EAPIR (Entidades Asociativas Prioritarias), debido a que no todos los viticultores tienen acceso a ellas, con lo que puede derivar en un efecto discriminatorio.

Mientras que la rebaja de 75% a 65% de la financiación de la subvención, así como las rebajas de la puntuación de agricultura ecológica, hacen necesaria una revisión.

En UPA consideran que se debe crear un nuevo perfil, primordial en las puntuaciones: primar a aquellas explotaciones que tengan de superficie entre 10 y 50 hectáreas.

«Creemos que son las medianas explotaciones y que mantienen a los agricultores profesionales. Estas alegaciones revertirían a que los agricultores profesionales, los ATP, no se queden sin poder optar a las medidas de restructuración y reconversión del viñedo».

Además de las mencionadas, UPA ha pedido al consejero que transmita al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que reconsidere su posicionamiento en contra del arranque y que se ponga en marcha con fondos extraordinarios.

En UPA consideran que, ante una medida extraordinaria como es el arranque, se debe contar con fondos extraordinarios, para paliar el abandono del viñedo y la ruina de los viticultores.

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