A nivel nacional, el precio de la vivienda se encareció un 12,9 % en el primer trimestre de 2026, encadenando 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. En el caso de la vivienda nueva lo hizo un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

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Además, en Castilla-La Mancha el precio de la vivienda de segunda mano ha subido un 11,6 % en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado y un 2,5 % en comparación con el trimestre anterior, mientras que la vivienda nueva se ha encarecido un 10,2 % de enero a marzo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025 y un 1,2 % si se compara con el último trimestre de 2025.

La subida nacional se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,7 % de media en 2025, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

Sube un 3,5 % respecto al trimestre anterior

Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, el precio de la vivienda acentuó su subida al 3,5 % en tasa intertrimestral.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano aumentaron un 3,5 % en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025.

Este aumento intensifica la subida del 1,8 % que se registró en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

Crece a doble dígito en todas las comunidades

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el primer trimestre del año, todas ellas de doble dígito.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6 % ambas).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % en ambas); de Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja (14,3 % en los tres casos); Cantabria (14 %); Baleares y Madrid (13,6 % en ambas); Galicia (13,5 %); Andalucía (13,3 %) y Melilla (13,2 %).

Los menores aumentos, superiores al 10 %, se localizaron en País Vasco (10,3 %) y Navarra y Cataluña (10,5 % en las dos), según el INE, que tiene en cuenta para su cálculo alrededor del 95 % de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre.

Además, el INE ha indicado recientemente que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo tras las caídas de enero (-5 %) y febrero (-0,5 %).

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Propuesta de Urvial

Garijo ha dicho que “la propuesta que hizo Urvial a petición del equipo de gobierno es la base para el futuro Plan, y se centraba en la ocupación ilegal de viviendas sociales, destinadas a familias y personas en situación de vulnerabilidad y necesidad habitacional, por lo que su ocupación impide que puedan ser adjudicadas a quienes realmente las necesitan. Pero las aportaciones de ese documento pueden servirnos para actuar contra la ocupación en general y la inquiokupación”.

El borrador de Urvial tenía como objetivo garantizar un uso adecuado y legal de las viviendas públicas, reforzando el control, la transparencia y la protección del patrimonio destinado al alquiler social. Para ello planteaba actuaciones de seguimiento para identificar viviendas ocupadas, comprobar la titularidad de los ocupantes, evitar usos distintos a los previstos y agilizar los procedimientos de recuperación de los inmuebles.

El Ayuntamiento va a abordar actuaciones coordinadas con otras administraciones, con el Colegio de Abogados, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales, para garantizar un enfoque integral y coordinado frente a la ocupación irregular.

Desde Urvial se informará tanto a inquilinos como a propietarios en cualquier problema relacionado con las viviendas tanto públicas como privadas. Se priorizarán los mecanismos de detección temprana, vigilancia y actuación rápida para la recuperación de las viviendas, y también se pretende evitar la inquiokupación para proteger a los arrendadores de perjuicios económicos y sociales.

Asesoramiento a los propietarios

Se contemplan actuaciones como asesorar a los propietarios sobre las herramientas disponibles, proteger a las familias vulnerables y favorecer la coordinación interinstitucional. También se concienciará y sensibilizará a la ciudadanía, con acciones de información pública para disuadir la ocupación ilegal y fomentar que los propietarios conozcan sus derechos, los arrendatarios sus obligaciones, y los vecinos los cauces de denuncia ante posibles irregularidades. Todo ello servirá además para reducir la conflictividad social y vecinal, evitando tensiones derivadas de la ocupación, como problemas de convivencia, seguridad o deterioro de los edificios.

Canal directo de denuncias ciudadanas

Se proponen medidas como la creación de un canal directo de denuncias ciudadanas (teléfono/email), y una base de datos única y centralizada con información sobre las viviendas gestionadas por Urvial para detectar incongruencias entre el ocupante y el titular registrado y generar alertas tempranas.

También se quiere fomentar la colaboración vecinal en la detección temprana de casos, y dar visibilidad a los canales de denuncia anónima, a través de los cuales cualquier vecino podrá comunicar de forma confidencial indicios de ocupación, subarriendo ilegal o uso indebido de una vivienda. Se propone también un sistema de comunicación directa con las asociaciones vecinales, con charlas y sesiones informativas en los barrios,

En edificios o zonas con especial conflictividad se reforzará la protección con videovigilancia en accesos comunes, sensores de movimiento o alarmas disuasorias conectadas a central receptora. Con la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil se crearán protocolos de actuación inmediata ante ocupaciones recientes. La colaboración con los servicios sociales se estima fundamental para diferenciar entre ocupaciones derivadas de una situación de necesidad extrema y otras que respondan a actos fraudulentos o delictivos.

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El PERIM, que cuenta con el visto bueno de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento, plantea modificar el uso de la edificabilidad terciaria permitida para destinarla a uso residencial plurifamilia.

En concreto, contempla una edificabilidad de 3.000 metros, así como una zona verde pública que los técnicos de Urbanismo consideran que debería ser mantenida por la comunidad de propietarios de las futuras viviendas, dado que sería utilizada como zona de acceso a los garajes.

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Por otro lado, el titular de Urbanismo ha informado de que su departamento ha requerido a más de cien propietarios de la ciudad a que adecenten sus solares para garantizar la seguridad ante posibles incendios.

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Martínez Guijarro, que ha presentado en Uclés (Cuenca) la primera de las cinco Agendas de Desarrollo Urbano y Rural que se han hecho en la región, ha defendido que la oferta de productos y servicios (inmobiliarios) para resolver el problema de la vivienda no puede ser la misma en las ciudades que en los pequeños pueblos. “Tenemos que adaptar la respuesta a las necesidades de los pequeños municipios y eso es lo que estamos definiendo”, ha asegurado.

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Durante la presentación de la ADUR desarrollada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en colaboración con ADESIMAN (Asociación para el desarrollo de la Sierra y Mancha Conquense), ha señalado que esta Agenda ha visto la luz tras meses de trabajo con los colectivos, ayuntamientos y responsables de los municipios que integran esta zona de la provincia de Cuenca dando como resultado la estrategia a desarrollar durante los próximos años para seguir consolidando la tendencia de recuperación de la población que está viviendo en  esta y otras zonas rurales de la Comunidad Autónoma desde la aprobación de la Ley de medias contra la Despoblación en el año 2021.

Necesidades comunes

En este sentido, Martínez Guijarro ha trasladado a los asistentes a esta presentación, que lo que ha sacado a la luz la redacción de las cinco ADUR es que “hay asuntos que son comunes a todas las comarcas donde hemos hecho las agendas y que son comunes a las 26 zonas delimitadas en la Ley de medidas contra la Despoblación”.

Al respecto, ha avanzado que el Ejecutivo regional va a impulsar la creación del Estatuto básico del Pequeño Municipio con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma, “para dar apoyo administrativo y de gestión a estos territorios impulsando medidas de colaboración público- privada”.

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A preguntas de los periodistas sobre qué harán con los inmuebles que la Junta deje vacíos en el centro de la capital, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha explicado que el objetivo del Ejecutivo autonómico es evitar que estos edificios queden sin uso y, al mismo tiempo, dar respuesta a la demanda de vivienda en la ciudad, especialmente en régimen de alquiler asequible para jóvenes.

En este sentido, José Manuel Caballero ha detallado que ya se trabaja sobre varios inmuebles concretos, como el edificio de Nuevos Ministerios en la calle Alarcos, varios de la calle Paloma o el de la carretera de La Fuensanta, que albergarán estas nuevas promociones residenciales.

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El vicepresidente ha avanzado que uno de los primeros edificios en los que se intervendrá será el de la calle Alarcos, donde se habilitarán entre 100 y 120 apartamentos de 80 metros cuadrados, con el objetivo de que estas viviendas puedan estar operativas en un plazo aproximado de dos años y medio.

Asimismo, ha indicado que el Plan de Vivienda que presentará el presidente regional, Emiliano García-Page, permitirá concretar y detallar algunas de estas actuaciones.

El vicepresidente segundo ha subrayado que este planteamiento se apoya en cambios normativos impulsados por el Gobierno regional, que han permitido crear una nueva tipología de vivienda, las denominadas “viviendas dotacionales”, pensadas para dar respuesta a necesidades sociales y facilitar el acceso a un alquiler asequible.

Así, ha explicado que las modificaciones introducidas tanto en la Ley de Acompañamiento como previamente en la Ley de Simplificación han permitido reducir de forma significativa los plazos administrativos, de modo que trámites que antes podían prolongarse hasta tres años ahora pueden resolverse en un periodo de entre cuatro y seis meses.

Una vez completada la tramitación, ha añadido, se procederá a la licitación de los proyectos bajo un modelo de colaboración público-privada, con el fin de desarrollar estas actuaciones en los distintos inmuebles.

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Andalucía lidera la asignación total y el mayor porcentaje de incremento con respecto al anterior Plan de Vivienda se da en Murcia.

En concreto, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que se está abordando este martes con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial, a Andalucía se le asignarán la mayor cantidad de recursos, 1.197 millones de euros (877 millones más que en el plan 2022-2025); a la Comunidad de Madrid 1.113 millones (815 millones más) y a Cataluña 1.015 millones (473 millones más).

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Por su parte, a la Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (558 millones más); a Galicia, 399 millones (293 millones más); a Castilla y León, 378 millones (277 millones más); a Canarias, 371 millones (272 millones más); a Murcia, 308 millones (258 millones); a Castilla-La Mancha, 280 millones (205 millones más); y a Aragón, 266 millones (195 millones mas).

Para Asturias irán 231 millones (175 millones más que en el plan anterior); para Extremadura, 210 millones (154 millones más), a Baleares le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (98 millones más) y a La Rioja, 119 millones, (86 millones más).

Atendiendo a los porcentajes de incremento, el mayor corresponde a Murcia (606 %) y el menor a Cataluña (187 %). En este sentido, en el caso de Cataluña, fue la única comunidad que aportó más del 40 % de recursos propios en la anterior convocatoria y esta proyección se ha hecho situando la aportación autonómica.

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Durante un foro organizado por el medio de comunicación La Tribuna de Ciudad Real en el municipio ciudadrealeño, Rodríguez ha subrayado que muchas localidades pequeñas cuentan con viviendas cerradas que no se alquilan porque no están en condiciones, una situación que el plan pretende revertir con un paquete de ayudas centrado en la rehabilitación.

Así, se contemplan subvenciones de hasta 8.000 euros para actuaciones estructurales, hasta 13.000 euros para mejorar la accesibilidad y hasta 20.500 euros para eficiencia energética, una cuantía que se ha incrementado en 12.000 euros respecto a programas anteriores.

Además, el plan incorpora por primera vez un refuerzo específico para inmuebles con valor patrimonial o ubicados en cascos históricos, donde las obras son más costosas por las exigencias de conservación. En estos casos, las ayudas pueden alcanzar los 30.000 euros adicionales, lo que permite llegar a un máximo de 50.000 euros por vivienda.

La ministra ha defendido que esta estrategia responde a una realidad que conoce de primera mano en municipios de Castilla-La Mancha, donde, según ha explicado, existe demanda de vivienda pero no oferta disponible en condiciones adecuadas. En este contexto, ha insistido en que rehabilitar para vivir en el medio rural es una de las soluciones al problema de la vivienda, frente a la presión existente en grandes ciudades.

El plan también incluye incentivos para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible. En concreto, se contemplan ayudas de hasta 35.000 euros para rehabilitar inmuebles siempre que se destinen al alquiler durante al menos cinco años a precios ajustados a los índices de referencia. A ello se suman compensaciones a propietarios que cedan sus viviendas a la administración durante siete años, con financiación para su adecuación inicial y su devolución en buen estado al finalizar el periodo.

En municipios de hasta 20.000 habitantes

Junto a la rehabilitación, el programa contempla medidas para facilitar el acceso a la vivienda en municipios pequeños, especialmente para jóvenes. Entre ellas, destacan ayudas de hasta 15.000 euros para la compra o construcción de la primera vivienda en localidades de menos de 10.000 habitantes, ampliables a municipios de hasta 20.000 en riesgo de despoblación.

Rodríguez ha defendido que el plan supone un cambio de enfoque al incorporar de forma decidida la ruralidad en las políticas de vivienda, con el objetivo de fijar población y aprovechar el potencial de estos territorios. En el caso de Castilla-La Mancha, ha señalado que la financiación pasará de 75 millones a 280 millones de euros, lo que permitirá desplegar estas medidas con mayor intensidad.

Garantizar el derecho a la vivienda

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará un total de 7.000 millones de euros, triplicando la inversión respecto al anterior programa e incorporando nuevas líneas de actuación para ampliar la oferta y mejorar el parque residencial.

Más allá del medio rural, la ministra ha enmarcado este plan en la necesidad de reforzar el parque público de vivienda en España, que ha situado aún lejos de la media europea. Según ha indicado, el país ha pasado del 2,5% al 3,5% de vivienda pública, frente al 8% o 9% de otros países, y ha defendido que el objetivo es consolidar una infraestructura pública similar a la de servicios como la sanidad o la educación.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno seguirá interviniendo el mercado para garantizar el derecho a la vivienda y ha rechazado que se trate de una medida inédita, recordando decisiones adoptadas en crisis anteriores. Asimismo, ha defendido que España no es una sociedad especialmente morosa y ha atribuido a intereses políticos la generación de miedo en torno al alquiler.

El plan incluirá también la financiación de obras de urbanización, una novedad respecto a programas anteriores, y reforzará el papel de ayuntamientos y comunidades autónomas en el desarrollo de suelo y ejecución de las políticas de vivienda. Todo ello con el objetivo de incrementar la oferta, rehabilitar el parque existente y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en aquellos territorios donde, pese a existir casas, no están en condiciones de ser habitadas.

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