El modisto Alejandro de Miguel, natural del pueblo toledano de Miguel Esteban, ha sido denunciado por la Inspección de Trabajo de la provincia ante un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según el informe de la Inspección, el modisto ingresó a sus trabajadoras una cantidad -entre 3.500 y 6.500 euros- para saldar una serie de impagos salariales, pero más tarde obligó a las mismas devolver -mediante un reingreso bancario- a devolver dichas cantidades.
A raíz de una denuncia presentada por el sindicato Comisiones Obreras en noviembre de 2016 se pudieron comprobar «numerosas prácticas anómalas e incumplimientos en materia salarial», tal y como señala el propio sindicato en el comunicado extendido. Tras la inspección laboral, se requeririó en julio de 2017 a la empresa Grupo de Confección Cadenas S.L. -que es propiedad de Alejandro de Miguel- abonar una serie de deudas no prescritas a las trabajadoras del atelier, que estarían cifradas entre 3.500 y 6.500 euros según CCOO.
[ze_summary text=»De Miguel ingresó el dinero a las trabajadoras y luego "exigió que lo devolvieran"»]De Miguel ingresó el dinero a las trabajadoras y luego "exigió que lo devolvieran"[/ze_summary]
El modisto, tras la inspección, tuvo que ingresar mediante transferencia bancaria los correspondientes pagos, para tener un justificante de los mismos, pero -según una de las trabajadoras en aquel momento, que grabó la conversación- después obligó a las empleadas del atelier a que le devolvieran el dinero «nada más recibirlo en sus cuentas», según relata el sindicato en el comunicado.
Lo hicieron, todas excepto una, que después fue requerida en una reunión con la familia del modisto -hermanas y madre, que figura como administradora de la empresa-, para exigir que devolviera el dinero.
Estos detalles son conocidos y aportados a la Inspección de Trabajo gracias a la grabación realizada por la que ahora ya es extrabajadora del atelier del modisto, una grabación «lícita» según la Inspección de Trabajo, debido a diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional -es decir, por jurisprudencia-.
La Inspección comprobó los hechos
Tras la denuncia, para conformar la veracidad tanto de la grabación como de los hechos, la Inspección de Trabajo requirió a la entidad bancaria en la que se habían realizado los movimientos que comprobara las cuentas y las transferencias realizadas por el modisto y las trabajadoras «a efectos de poder comprobar la retirada de dicho efectivo para -supuestamente- devolvérselo al empresario», dice el Informe de la Inspección.
Así, los extractos mostraron que las trabajadoras retiraron tan solo unas horas más tarde el dinero que les había sido ingresado por la empresa del modisto, por esos impagos que citamos.
Informe remitido a la Fiscalía Provincial
La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía Provincial de Toledo las actuaciones llevadas a cabo tras la denuncia de Comisiones Obreras, así como las pruebas acumuladas que apuntan a un delito contra los derechos de los trabajadores, que está incluido en el artículo 311 del Código Penal y que estaría castigado con penas desde los seis meses hasta los seis años de prisión.
Ahora, el ministerio fiscal deberá estudiar los presuntos delitos, con la revisión del Informe y con los correspondientes requerimientos que se hagan a la empresa responsable, y podrá emitir la correspondiente denuncia contra el/los responsable(s) de la empresa Grupo de Confección Cadenas S.L., con sede social en Miguel Esteban.
[ze_summary text=»Alejandro de Miguel es el responsable "principal" de las condiciones de los trabajadores, según la Inspección»]Alejandro de Miguel es el responsable "principal" de las condiciones de los trabajadores, según la Inspección[/ze_summary]«Se entiende que Alejandro Jiménez Tirado es realmente el dueño de la misma», según el informe emitido y además, explica el comunicado de CCOO, ha realizado trasferencias «a las trabajadoras y realiza facturaciones de comercio fuera de la propia cuenta de la mercantil» (del Grupo).
La Inspección halla otros incumplimientos laborales
Según Comisiones Obreras, la Unidad de Inspección provincial ha podido comprobar «otros incumplimientos laborales y salariales por Alejandro de Miguel», por lo que se han emitido una serie de requerimientos a la empresa, con el fin de comprobar los mismos, y después se han impuesto una serie de sanciones al propio modisto y su Grupo.
El sindicato señala que en las nóminas se ha abonado una cantidad que está por debajo a lo establecido en el convenio laboral -unos 200 euros menos-, aunque las trabajadoras del atelier han tenido que firmar que reciben mensualmente el salario estipulado por convenio.
Además, denuncian que se ha llevado a cabo un impago de «varios pluses» y de una serie de pagas extras «establecidas en el convenio», así como el impago de meses de vacaciones, algo que fue justificado por el propio modisto: «aquí las vacaciones no se pagan por tradición», relata el comunicado del sindicato.
CCOO ha tramitado, además, una demanda de nulidad del despido de la trabajadora que se negó a devolver a la empresa el dinero que le ingresaron, así como el despido de otra trabajadora a la que «presuntamente obligó a firmar la recepción del dinero del finiquito, aunque luego no se lo ingresó».
El sindicato «aplaude» la actuación
En palabras de la secretaria de Mujer de Comisiones Obreras-Industria en Castilla-La Mancha, María Jesús Fernández, es bueno que este caso «salga a la palestra» y se de a conocer.
«Aplaudimos la actuación de la Inspección de Trabajo», ha señalado la responsable del sindicato, que ahora espera que la Fiscalía emita su dictamen para realizar una mayor valoración.
El lunes, diferentes responsables del sindicato darán una rueda de prensa en Toledo para explicar el caso y dar nuevos detalles sobre el mismo