Exigen al Ministerio del Interior que adopte medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad personal «de los compañeros que forman parte del despliegue en Cataluña ante los ataques, acoso, persecución y señalamiento que los sectores independentistas radicales están llevando a cabo en diversas localidades». Por ello se han concentrado en la puerta de las diversas Comisarías (en este caso, las imágenes y el video son en la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Castilla-La Mancha, en Toledo), para apoyar a sus compañeros, «quienes se limitaron a cumplir con la legalidad durante el 1-O y han sido puestos en el centro de la presión de determinado sector social. El objetivo último sería la salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Cataluña como elemento necesario para que la impunidad pueda abrirse paso».

Son los diferentes sindicatos policiales: SUP, CEP, UFP, SPP y ASP, quienes critican «el trabajo de los Mossos D’Esquadra, que sigue presidido por la inacción, la laxitud, la equidistancia y la aversión al cumplimiento de sus obligaciones legales».

De ahí que exijan al Ministerio del Interior:

Uno, «la revocación inmediata de los acuerdos adoptados en la Junta de Seguridad celebrada el 10 de julio, en la que de una manera absolutamente irresponsable se decidió integrar a los Mossos en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado».

La diferencia salarial entre los Mossos y la Policía Nacional

Dos, «la modificación de la decisión ministerial mediante la que se ha aprobado el ingreso en la Orden al Mérito Policial de 2017 de varios mossos, de tal manera que se retiren las condecoraciones otorgadas a los miembros del cuerpo autonómico y se evite, en lo sucesivo, otorgarles cualquier tipo de condecoración».

Por ello insisten en que «ocho Juzgados de instrucción de Cataluña están tramitando ya procedimientos para investigar la no actuación de los Mossos el 1-O, lo que es motivo más que suficientes para adoptar estas medidas».

Y terminan recalcando que «todos los incidentes ocurridos en Cataluña, en esa campaña de acoso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, obligan al Gobierno a eliminar, de una vez por todas, la escandalosa diferencia salarial que padecen los policías nacionales respecto a los cuerpos autonómicos. Ya no se trata de un compromiso político, sino de una obligación democrática».

Si no lo hacen, anuncian, «vamos a pedir la dimisión, por dejación de sus funciones, de cuantos cargos ministeriales sea necesario, empezando por el director general de la Policía, siguiendo por el secretario de Estado de Seguridad, continuando por el ministro del Interior y llegando hasta el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.