La ministra Magdalena Valerio prevé actuar contra los abusos en los contratos temporales y a tiempo parcial

El Gobierno, contra la explotación laboral

Que no se olviden del sector periodístico, encargado de que se cumpla el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Sin unas condiciones de trabajo dignas, ese derecho no se puede cumplir

Algo parece que ha empezado a cambiar, para bien, en el Ministerio de Trabajo que dirige Magdalena Valerio. Su antecesora del PP en ese cargo, Fátima Báñez, siempre presumía de los datos de creación de empleo pero pasaba de puntillas sobre las lamentables condiciones que tienen la mayoría de los nuevos puestos de trabajo. Frente a esa actitud, su sucesora tiene previsto poner en marcha este verano un plan para combatir los abusos en la contratación temporal y en el empleo a tiempo parcial, dos de los problemas más graves del mercado laboral. Ahora toca vigilar y exigir que ese plan se inicie y se cumpla.

El pasado 24 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en una entrevista en el diario El País que pondrá en marcha un plan de lucha contra la explotación laboral. Apenas tres semanas después, el borrador de ese plan ya se ha completado y ha sido remitido a sindicatos y gobiernos autonómicos para que presenten alegaciones, según ha publicado ese mismo periódico.

Contratos por horas o por días

Es muy probable que quien esté leyendo esta columna conozca a alguna persona, sobre todo joven, que alguna vez -o muchas- habrá sido contratada por una empresa para trabajar solo unos días, o unas pocas semanas o, si ha tenido suerte, habrá trabajado durante un año y después la habrán despedido sin ninguna indemnización con el argumento de que no ha superado el periodo de prueba de 12 meses, un abuso que permite la ley gracias al lamentable y fracasado contrato de emprendedores que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

Probablemente también conocen a personas que tienen un contrato para trabajar solamente tres o cuatro horas al día, pero que en la práctica realizan una jornada completa de siete u ocho horas, sin cobrar por el tiempo extra, porque si se niegan a hacerlo son despedidas.

Y quizá también saben de casos de trabajadores de alguna empresa que ha sido subcontratada por otra más grande y, cuando ésta ha cerrado por la crisis, la suya no les ha pagado los salarios pendientes porque no ha cobrado por el trabajo realizado para la que la había contratado.

Abusos laborales habituales

Estas situaciones han sido habituales en el mundo laboral durante la última década y continúan siéndolo. Y a ellas hay que añadir, entre otras, el caso de los falsos autónomos, que trabajan para una empresa en exclusiva pero no pertenecen a su plantilla sino que tienen que pagarse su cotización como autónomos; los becarios que hacen los mismos horarios y tareas que la plantilla, pero no cobran nada o solo una pequeña ayuda para manutención y transporte. como establece la legislación…

El citado borrador del plan contra los abusos en la contratación prevé aumentar los efectivos de la Inspección de Trabajo, que actualmente son unos 960 inspectores y 840 subinspectores para toda España. Y también prevé que se puedan imponer sanciones, porque hasta ahora los casos de contratos temporales irregulares que son denunciados e inspeccionados se resuelven haciendo indefinidos a los trabajadores afectados pero sin sancionar a la empresa que comete esa ilegalidad.

En muchos medios de comunicación -no en todos, porque siempre hay excepciones- se dan esos abusos e ilegalidades y otros, sin que los distintos gobiernos hayan tenido verdadera voluntad política de actuar para resolverlos. José Luis Rodríguez Zapatero no se atrevió a regular por ley la profesión periodística y las condiciones laborales de los profesionales de la información, pese a que se había comprometido a hacerlo cuando era el líder de la oposición, porque no quiso enfrentarse a los grandes medios, que se le habrían echado encima con toda su artillería de editoriales y críticas. Y a Mariano Rajoy y al PP solo les ha preocupado controlar RTVE y otros medios públicos, y poner de su lado a aquellos medios privados que se han plegado a ello a cambio de ser favorecidos con publicidad institucional o de otra manera.

Ahora, el Gobierno del PSOE y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social dicen que quieren combatir con urgencia los abusos laborales. En todos los sectores, pero con actuaciones especiales en la hostelería -las camareras de piso, conocidas como las kellys y la seguridad privada. Hay que pedirles que no se olviden del sector periodístico, porque es el que se encarga de que se cumpla el derecho constitucional que tiene la ciudadanía a recibir información veraz y plural. Sin unas condiciones de trabajo dignas, ese derecho no se puede cumplir como corresponde.