El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, ha confirmado que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de amparo, presentado por su partido, sobre la supuesta incompatibilidad del actual consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
Cañizares ha señalado en rueda de prensa que en el Pleno de las Cortes, del jueves, se va a dar traslado de la notificación del TC por el que «ha admitido a trámite el recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales ante la negativa de Gobierno regional de facilitar la documentación precisa por una posible incompatibilidad de cargos de Ruiz Molina», ha afirmado Cañizares.
Se ha referido, en este contexto, a la llegada del titular de Hacienda a la Consejería tras ejercer antes como director general del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y «aparecer, a los pocos meses, como responsable de una empresa privada (Indra) que recibió contratos por más de 15 millones de euros».
A juicio de Cañizares, el recurso del Grupo Parlamentario Popular iba dirigido a aclarar la posible incompatibilidad de Ruiz Molina y ante la denegación de los expedientes administrativos conocer «si existía o no incompatibilidad» en el desarrollo de un cargo público y su posterior entrada en una firma privada.
«Se nos ha negado» la información, ha denunciado Cañizares, «en una labor de ocultación de un asunto peliagudo, comprometido y que el PSOE, con el apoyo incalificable de Podemos, nos ha denegado los expedientes».
A juicio del portavoz popular, la admisión a trámite del recurso, «indica que ha causado suficiente preocupación para ser analizado en profundidad» y que, ahora, la Mesa de las Cortes deberá contestar, con la aportación de la pertinente documentación, en diez días, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que remitirá, a su vez, al Tribunal Constitucional.
«A ver qué explicaciones se dan al Tribunal Constitucional», se ha interrogado Cañizares, quien ha entendido que «es un hecho gravísimo tener a un consejero marcado desde el minuto 1» y que «en vez de actuar con transparencia’ el recurso servirá para comprobar «si se incumple algún requisito formal, si se nos oculta algo».
Cañizares ha concluido: «Queremos que se vea ese expediente administrativo que, como cualquier funcionario público, debe obtener antes una resolución positiva que conceda la compatibilidad».