El alcalde de Magán (Toledo), José Luis Martínez, ha interpuesto una denuncia, a título particular, contra la exalcaldesa socialista Carmen Pedraja por adjudicar «a dedo» a una empresa de gestión de escuelas deportivas la prestación de un servicio público, cuando tenía que haber sido licitado.
En nota de prensa, el PP de Magán ha informado de que los hechos puestos en conocimiento de la justicia pueden ser constitutivos de «un presunto delito de prevaricación».
En concreto, se refieren a un informe jurídico de la secretaria-interventora municipal, fechado el 14 de febrero de 2018, que relata «la ausencia de todo procedimiento legal» para realizar una contratación desde el Ayuntamiento, por importe de 130.000 euros, a una empresa de gestión de escuelas deportivas para la prestación de un servicio público por periodo de tres años.
Según el PP de Magán, el informe expresa que la contratación realizada por la exalcaldesa «no ha sido fiscalizada por esta Secretaría-Intervención» y añade que se apartó a la funcionaria «de todos los trámites de preparación y suscripción del contrato».
[ze_summary text=»La exalcaldesa habría usado una atípica figura para realizar a dedo la contratación, consistente en denominar "convenio" al contrato administrativo para evitar así licitarlo públicamente»]La exalcaldesa habría usado una atípica figura para realizar a dedo la contratación, consistente en denominar "convenio" al contrato administrativo para evitar así licitarlo públicamente[/ze_summary]Asimismo, señala que la exregidora «utilizó una atípica figura para realizar a dedo la contratación«, consistente en denominar «convenio» al contrato administrativo para evitar así licitarlo públicamente.
El PP ha incidido en que este argumento ha sido desechado por la funcionaria municipal, ya que en su informe alega que el servicio de gestión de las escuelas deportivas del municipio «debía de haberse tramitado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público«.
Es decir, «realizando una licitación, al ser su importe muy superior al límite del contrato menor (18.000 euros) y estando prohibido para los contratos menores su duración por plazo superior a un año», cuando el denominado «convenio» suscrito, según su cláusula novena, era de tres años.
En la denuncia interpuesta, se indica al juez que, independientemente de la denominación de la figura por la que se contrate el servicio, un gasto de esa relevancia tiene que estar consignado y fiscalizado por la Intervención tal como marca la ley y que han de seguirse siempre los criterios de libre concurrencia y publicidad.
El PP de Magán ha indicado que el Ayuntamiento ha tenido que proceder, mediante los trámites legales, a la anulación del contrato, aunque, como ha explicado el alcalde, esta «se ha realizado por mutuo acuerdo de las partes».