Sensibilizada con los delitos de violencia, tanto de género como los abusos sobre menores, decidida a implantar protocolos que humanicen tan duros procedimientos, infatigable reivindicadora de los medios que necesita la administración de justicia y defensora a capa y espada de la independencia judicial pese a los obstáculos. Así se muestra Pilar Astray, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en esta larga entrevista mantenida con ENCLM en su despacho de la plaza del Altozano, en Albacete, sede al Alto Tribunal.
Representante del Poder Judicial en Castilla-La Mancha, une a las tareas gubernativas y representativas del cargo, las jurisdiccionales como presidenta de la Sala Civil y Penal del TSJCLM, lleva más de tres décadas vistiendo la toga, casi todas ellas en Castilla-La Mancha. La magistrada Astray No oculta su contrariedad por las líneas rojas que, en su opinión, la política ha cruzado con los jueces. Reclama un pacto de Estado para que la separación de poderes haga honor a su nombre, se dote a la Justicia de los presupuestos que necesita y se dé al Consejo General del Poder Judicial autonomía para definir prioridades.
«El poder pequeño, como decía Montesquieu», ironiza cuando le preguntamos si no ve con legítima envidia la legión de asesores y medios que exhiben los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, los que controla la política. Ve con preocupación el camino de deterioro institucional que se alienta con los mensajes de lawfare y, aunque está convencida de que los jueces hacen lo que tienen que hacer en sus sentencias y no les afecta la presión, le preocupa que el ruido está socavando la imagen del poder judicial.
“Las prioridades de los presupuestos para Justicia las tendría que decidir el Consejo General del Poder Judicial”
¿Cómo valora el trabajo de jueces y fiscales, en este contexto de dificultades y carencias?
Yo creo que tanto jueces como fiscales, y también los letrados, están haciendo un trabajo y un esfuerzo que se puede ver en el número de resoluciones que se sacan a pesar de las dificultades diarias que existen, tanto de infraestructuras como de medios humanos. Frente a esas dificultades, se está intentando sacar el trabajo, aunque quizás no de la forma satisfactoria que podría entender el ciudadano, porque hay lo que podríamos llamar mucha lista de espera.
¿Usted cree que los jueces, fiscales y profesionales de la justicia están danto todo lo que pueden, aunque el administrado no perciba el funcionamiento tal y como le gustaría?
Claro. A veces los colapsos son tan grandes que valoramos la productividad, pero también hay que valorar la calidad. ¿Queremos un juicio de cinco minutos o que un médico nos pueda atender cinco minutos o queremos que nos atiendan el tiempo necesario para resolver nuestro caso? Por eso se necesitan muchos más profesionales, para solventar la necesidad básica, que no la tenemos solventada, pero también la calidad de esa necesidad de atender el servicio público.
El Poder Judicial parece el hermano pobre de los tres poderes del Estado, porque el poder político, tanto el legislativo como el Ejecutivo, se perciben con más recursos: legiones de asesores, protagonismo mediático, sueldos elevadísimos en empresas públicas a las que se llega sin experiencia…
El poder pequeño, que llamaba Montesquieu. Está claro que los otros dos poderes se dotan ellos mismos de sus propios presupuestos y deciden dónde asignan el dinero. El Consejo General del Poder Judicial no tiene autonomía presupuestaria, no podemos decidir sobre los Presupuestos. Quizás habría que discutir mucho si cuando hablamos de la partida para los refuerzos, el Ejecutivo puede decir tengo este dinero y hasta aquí puedo llegar, pero las prioridades, ¿quién las tendría que decidir, el Consejo o el Ministerio…?
«Puedes criticar una resolución judicial desde el punto de vista jurídico, pero llegar a descalificaciones personales o a algunas que implican incluso la imputación de un delito, parece muy serio»
¿Quién, en su opinión?
En mi opinión, el Consejo. El Ministerio podría negarse hasta un determinado tope, pero quien tiene que marcar las prioridades es el Consejo, si queremos una verdadera autonomía y consideramos que la administración que realiza el Ejecutivo sobre la justicia es de manera prestacional, no funcional; porque si afecta tanto, a lo mejor podemos decir que puede afectar a la propia independencia e incluso a la propia potestad jurisdiccional. Uno puede ser muy independiente, pero tiene que tener los medios.
En realidad del conjunto de procedimientos judiciales en España, es mínima la parte que afecta a políticos; sin embargo, son los que más trascienden y hace que a veces se vea a la justicia politizada, el famoso lawfare. ¿Por qué pasa? ¿Cómo se puede arreglar?
Esto se hubiera arreglado antes de que desde la tribuna del parlamento se llamara prevaricador a un juez del Tribunal Supremo. Se hubiera arreglado en ese momento. Aunque exista esa inmunidad, propia de la libertad de expresión del parlamentario, de poder decir lo que quiera y que no se pueda proceder contra él. Pero se tenía que arreglar en ese momento, porque las líneas rojas no se pueden pasar.
¿Cree que desde la política se han pasado esas líneas rojas con respecto al trabajo judicial?
Yo creo que sí. Tú puedes criticar una resolución judicial desde el punto de vista jurídico o técnico, porque opinas que debería ser otra cosa, pero llegar a descalificaciones personales o a algunas que implican incluso la imputación de un delito, parece muy serio. Si no, pon una querella criminal y demuéstralo.
¿Hasta dónde les afecta ese estado de opinión que se está propiciando desde instancias políticas como el Gobierno?
Yo entiendo que ningún juez se va a ver afectado en su función por lo que una persona pública diga de él, porque va a hacer lo que tiene que hacer. Pero sí afecta a la apariencia de parcialidad, a la imagen, porque la socava y la deteriora. Al final eso hace una degradación de las instituciones, que puede calar en el ciudadano y con ello en el Estado de derecho y la democracia. ¿Hasta dónde llegamos? Si vemos la lucha que hemos tenido por Estado de derecho a lo largo de la historia podríamos entender que la independencia judicial es un principio muy asentado en el ordenamiento jurídico occidental y la democracia un valor consolidado en Europa y, por lo tanto, estos son unos meros matices; ya se pasará la época y no tendremos problemas.
“La acusación de lawfare no afecta al juez, que hace lo que tiene que hacer, pero afecta a la apariencia de imparcialidad y socava la imagen del poder judicial”
“Se está transitando un camino peligroso en el deterioro de las instituciones”
En este sentido, ¿cree que se está transitando un camino peligroso hacia el deterioro de las instituciones?
La polarización política se ha trasladado a todo tipo de instituciones y entiendo que se está transitando un camino peligroso.
¿Tienen antídoto desde la judicatura?
No, porque a nosotros no nos corresponde ese freno. A nosotros nos corresponde hacer nuestro trabajo, que es aplicar la ley, dictar sentencias y ejecutar la normalidad democrática y el respeto a las instituciones. Pero el respeto desde la política para no afectar las instituciones esenciales, que podemos ser nosotros u otras instituciones, tiene que nacer de la propia política.
¿La moral sigue alta entre los profesionales de la justicia?
Sí, aunque hay personas que entienden que esta situación les afecta gravemente en el sentido de que entienden que se está produciendo un deterioro y ese deterioro lo identifican con su propio trabajo y la imagen de la función pública. De alguna manera se percibe como injusto, porque un juez de a pie está trabajando todos los días, mañana, tarde y noche en casos que nadie ve. Pero creo que la moral debe ser alta, porque nosotros estamos prestando un servicio público y lo tenemos que prestar con nuestras herramientas, que es nuestra independencia constitucionalmente garantizada.
“Un juez de a pie está trabajando todos los días, mañana, tarde y noche en casos que nadie ve”
¿Qué pediría a las instituciones políticas y sus representantes con respecto a la administración de justicia?
Llevo tiempo diciéndolo. Lo primero que pediría es un pacto de Estado, que la Justicia y la administración de justicia dejen de ser moneda de cambio para ninguno. Que en ese pacto de Estado estuviéramos fuera del debate político y además tuviéramos una dotación presupuestaria suficiente para poder dar un servicio mejor. Un pacto o un sentido de estado que alejara de verdad ya fuera del debate político a los tribunales de justicia.
Sin duda un juez se entrena para la presión durante toda su carrera…
Claro…
No solo me refiero a la presión política sino a organizaciones criminales peligrosas que ustedes juzgan y sientan en sus salas. ¿Se ha sentido amenazada o en peligro alguna vez?
No, no me ha tocado vivir un momento que yo haya sentido que haya peligro real. En todas las labores judiciales, especialmente cuando eres juez de instrucción, en determinados casos, si te enfrentas a una mafia, a veces sí que pueden ocurrir cosas, pero yo no lo he apreciado como un peligro.
«Vamos a intentar un mayor avance en la aplicación de la inteligencia artificial: tramitación automatizada y cosas básicas»
¿Qué medidas ha tomado en este año y medio que lleva al frente del TSJ?
Como en este tiempo nos han sucedido los tribunales de instancia (antiguos juzgados unipersonales), hemos tenido que estar en los grupos de trabajo de implantación, infraestructuras, seguimiento; ha sido un área muy determinante en el esfuerzo tanto de la Sala de Gobierno como de la presidenta, porque es el asunto de actualidad que compete al diseño de la oficina judicial. Las otras áreas son siempre los problemas de infraestructuras, la falta de plantillas, que ponemos en conocimiento del Ministerio para que se cubran y que ocupa bastante tiempo en la actividad diaria, porque es un problema estructural que se produce muy cotidianamente. Las otras dos áreas que hemos trabajado, en materia de violencia de género hemos terminado el acuerdo de coordinación (con la Consejería de Igualdad), y poner en marcha las comisiones autonómica y las provinciales. También hemos puesto en marcha el protocolo de enfermos mentales judicializados, se ha exportado la comisión que había en Toledo al resto de las provincias, que están empezando a andar. Ahora esperamos abarcar la automatización de ciertos procedimientos, al menos en programas pilotos, para ver si podemos iniciar un mayor avance en la aplicación de la inteligencia artificial…
¿Cómo ha ido el proceso de implantación de los tribunales de instancia?
Nos encontramos a escaso tiempo para poder valorar ningún proceso de ejecución, porque la primera fase, en julio, afectó a las poblaciones más pequeñas, que contaban con muchas deficiencias, como hemos dicho a veces de la propia estabilidad de la plantilla. También hay que decir que al principio se genera un caos, porque hay que adaptar las oficinas y la informática y mientras se hace no se están sacando procedimientos. Todo el mundo que haya estado de obras en su casa sabe que al principio hay inconvenientes: la cartelería llega mal, no se tienen los directorios de teléfonos, los abogados no saben a quién llamar… Pero me parece que las deficiencias que se observaban antes las seguimos observando ahora y no sé hasta qué punto la flexibilidad que promete la oficina va a poder solucionar deficiencias estructurales. Por mucha flexibilidad que yo pueda tener para la atribuciones a un puesto, tiene que venir con otras medidas, que es lo que nosotros defendemos, porque si encontramos pueblos con plantillas que no están cubiertas, poco voy a poder sacar de esa oficina, por mucha flexibilidad que yo ponga.
Cuándo habla de que uno de sus objetivos es avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial, ¿a qué se refiere?
Hablamos de tramitación automatizada, siempre de cosas básicas y con supervisión humana, porque así lo determinan nuestra legislación y la europea; nada va a estar en manos de una máquina. Pero a lo mejor sacar un montón de procedimientos para incoación o que saque todas las notificaciones a la vez, lo puede hacer una máquina. No estamos hablando de que haya un juez robot.
Los grandes gurúes de la IA, dicen que podrá diagnosticar mejor que un médico, escribir mejor que los periodistas, fallar mejor que los jueces… ¿No se ve en ese escenario?
No me veo en ese escenario porque la inteligencia artificial todavía es una herramienta que tiene sus limitaciones, por muy evolucionada que esté; a la par que tiene sus sesgos, que va generando a la vez que va aprendiendo… ¿Quién controla eso, la trazabilidad de esos sesgos…? Nos tendríamos que preguntar muchísimas cosas antes de llegar a ese escenario. No deja de ser una herramienta informática, por mucho que lo llamemos inteligencia. ¿Nos va a solucionar la vida, va a ser el gran oráculo que nos va a decir cómo tenemos que curarnos, cómo tenemos que resolver los conflictos y, a lo mejor, qué técnica tenemos que aplicar en psicología…? No, yo creo en la inteligencia artificial como una herramienta que tenemos ahí, muy útil para algunas cosas; para otras aún queda mucho camino para que las pueda desempeñar con solvencia y fiabilidad.
«La litigiosidad que más sube es la civil y la social, propio del incremento de población»
¿Qué litigiosidad está creciendo más? ¿Qué evolución prevén?
La litigiosidad civil y la social han crecido de forma más sostenida en el tiempo desde el año 2018 hasta aquí. La población española ha crecido exponencialmente y, por lo tanto, la legislación que afecta más a los ciudadanos, que es su trabajo y su vida cotidiana, si tienen una arrendamiento o si se divorcian o tienen que demandar por un determinado contrato, es propio del incremento poblacional. En 2025 y en el primer trimestre del 26 ha habido un retroceso en la litigiosidad, no sabemos si porque hay una disminución de asuntos, porque la reformas procesales han generado cierta incertidumbre y en los despachos se han quedado más demandas esperando a ver los criterios y también por la propia implantación de los tribunales de instancia, que puede generar ciertos retrasos en la incoación de asuntos.
«Me gustaría avanzar en el tratamiento de los menores que son víctimas de delitos graves»
¿Alguna espina clavada, alguna asignatura pendiente que va a poner especial empeño en ella? ¿Algo que le gustaría que cambiara cuando haya finalizado su mandato?
Hay cosas que no dependen de mí, como es que exista el dinero suficiente para que haya una dotación en Castilla-La Mancha que podamos decir que existe una justicia de calidad, que el ciudadano va y tiene una respuesta en un tiempo razonable. En cuanto a qué me gustaría cuando terminen estos años de mandato, una justicia más accesible; una administración de justicia que tenga la capacidad de atender e informar al ciudadano de una manera ágil y que las herramientas informáticas respondan a las necesidades de los ciudadanos sobre sus procedimientos y todo lo demás. También tenemos que mejorar en la atención a la violencia, porque en eso nunca hacemos lo suficiente, cómo hacemos la declaración de los menores. En Albacete estamos ahora implantando el modelo Barnahus, de atención a los menores de manera diferente, en una sala distinta y en la que se le puede recibir una atención más cordial, con especialistas y cómo se conjuga eso con las necesidades del proceso. Me gustaría avanzar en el tratamiento de los menores que son víctimas de delitos graves y en la violencia de género. Es una labor de coordinación y hago una llamada a todas las instituciones, porque a veces esto empieza en Sanidad o en Servicios Sociales o una atención policial y tiene que ir coordinado de forma suficiente para que la víctima se vea amparada en todo el proceso.
“Es muy importante la cobertura de vacantes de forma inmediata y ágil”
En este contexto, tienen que encajar además los efectos negativos de dos problemas de la justicia: las dilaciones de los procedimientos y las suspensiones de juicios, a veces por causa difíciles de entender. ¿Por dónde se podrían empezar a atajar estos problemas?
Hay gente que pone el foco en las normas procesales, que si son más o menos complejas; al estar más burocratizadas o tener una fase de instrucción tan larga de alguna manera se dilata el procedimiento; también hay que ver que muchas veces nos encontramos que los órganos de las poblaciones más pequeñas están muy desasistidos. Ahora, por ejemplo, tenemos una queja de Tarancón por la multitud de vacantes… la gente quiere vivir en las capitales y la cobertura de plazas por funcionarios interinos es lenta, a veces no se cubren y nos encontramos con situaciones que entre las vacantes y las bajas, una parte importante de la plantilla no está. Y si no tenemos personas que tramiten, por mucha digitalización que tengamos, es muy difícil poder sacar las cosas en tiempo. Es un problema estructural que tenemos y es muy importante la cobertura de vacantes de forma inmediata y ágil.
¿Las dilaciones y suspensiones mejorarían si se cubrieran las vacantes?
Yo creo que sí. Ahora bien, el tema de las suspensiones es muy complejo, no podemos decir que todo se suspende por una inadecuada tramitación; de hecho, en Ciudad Real se hizo un estudio y el porcentaje de asuntos suspendidos por defectos de tramitación era relativamente mínimo. Son muchas circunstancias las que pueden determinar la suspensión de un juicio: que no viene un testigo, que por el tiempo transcurrido ya no se le localiza y son testigos esenciales, algún problema de la defensa o de la acusación…
