El cuerpo de Agentes Medioambientales no estará representado en la futura Ley de Bienestar Animal que prepara la consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno castellano-manchego y cuyo borrador ya ha sido publicado en el portal web de la Junta. De este modo, el proyecto de la futura Ley dejaría fuera de actuación a este cuerpo y no habría cobertura en los casos producidos en el medio natural de Castilla-La Mancha.
En un comunicado, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM), pone de manifiesto estas reivindicaciones dirigidas al consejero Francisco Martínez Arroyo, y critican la «omisión del Cuerpo de Agentes Medioambientales para el desempeño de una labor tan necesaria como la protección de animales domésticos». De esta forma, explican, se produciría una «carencia de personal para llevar a cabo la lucha contra estos delitos e infracciones» e incluyen una serie de causas por las cuales debería incluirse a este cuerpo en la futura ley, entre las que destaca la función primordial que, según la Asociación, tienen los agentes: hacer que se cumpla la normativa en el medio rural.
Reuniones de los agentes con Martínez Arroyo
Hace más de un año, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Martínez Arroyo, se reunió con los representantes de los Agentes Medioambientales para abordar la inclusión de este colectivo en la Ley que, por entonces, estaba en trámite de desarrollo. Según APAM-CLM, el consejero se comprometió a incluir a este cuerpo en la modificación de la Ley de Protección de Animales Domésticos -futura Ley de Bienestar Animal-.
En diciembre de 2016, de nuevo el consejero se reunió con representantes del cuerpo para continuar con las negociaciones para ser incluidos en la Ley, así como otras demandas como el aumento de efectivos, o pasar a depender de la Presidencia de la Junta para coordinar sus funciones, así como crear una brigada especial de calidad ambiental.
Asociaciones y organizaciones «conservacionistas» han solicitado por escrito así como en las diferentes reuniones mantenidas con el Gobierno regional, que existan más competencias para los agentes medioambientales, con el objetivo de poder atender posibles casos de abandono y maltrato animal en el medio natural. Según APAM-CLM, «desconocemos los motivos por los cuales se hace caso omiso a estas peticiones, que pondrían fin al grave problema con el que cuenta la consejería de Agricultura», explican en el comunicado. De esta forma, consideran que no se cumbren las necesidades de personal «para poder atender este tipo de sucesos».
Hace tan solo unos meses, también Podemos CLM se reunió con el presidente de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la región, Miguel Ángel Martín, para abordar y negociar diferentes cuestiones, entre las que estaban las demandas del colectivo relacionadas con la Ley de Bienestar Animal. La reunión fue mantenida entre el presidente de la asociación y la ahora diputada por la formación morada en las Cortes, María Díaz, que estuvo acompañada por el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos en la región.
El borrador de Ley ni siquiera los nombra
La recogida de animales abandonados y perdidos, según viene estipulado en el Anteproyecto de Ley, corresponderá a las entidades locales, que tendrán que comunicarse con los titulares de las zonas -espacios naturales incluidos- para proceder a la recogida. Del mismo modo, se incluye que la recogida de animales tendrá que procederse mediante «personal con la formación adecuada y con el certificado de competencia, utilizando métodos que no ocasionen un sufrimiento, dolor y angustia innecesaria».
El Consejo Asesor de bienestar y protección de los animales solamente incluye un representante de las asociaciones de protección del medio ambiente de la región, aunque sin especificar. En todo el documento no se habla de agentes medioambientales o de personal de estas carácterísticas, sino que se hace una mera referencia a los «agentes de la autoridad».
Según APAM-CLM, la inclusión del Cuerpo en la futura ley «no conllevaría coste económico alguno», sino que supondría una «optimización de los recursos con los que cuenta la Junta».