El Gobierno de Castilla-La Mancha y Podemos han alcanzado un acuerdo para aprobar el proyecto de presupuestos de 2017, en el que se reservan 119 millones para el Plan de Garantías Ciudadanas propuesto por la formación morada y que presentó como condición necesaria para apoyar las cuentas.
Este acuerdo, alcanzado tras las reuniones que han mantenido durante esta semana el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, y después de que el Consejo de Gobierno aprobara el lunes de la semana pasada la toma en conocimiento del Plan de Garantías, se ha hecho público en una rueda de prensa que han ofrecido ambos dirigentes en las Cortes de Castilla-La Mancha.
Además, llega cuatro meses después de que Podemos Castilla-La Mancha diera por roto el acuerdo de investidura que esta formación alcanzó con el PSOE en la región y que permitió que el socialista Emiliano García-Page asumiera la Presidencia de la Junta de Comunidades.
Ruiz Molina ha adelantado que, tras el acuerdo alcanzado, el proyecto de ley de presupuestos será aprobado mañana en el Consejo de Gobierno, con la intención de registrarlo en las Cortes el miércoles y, de este modo, comenzar su tramitación parlamentaria para que pueda ser aprobado lo antes posible.
El consejero de Hacienda ha valorado que el presupuesto para 2017 se constituirá en la «principal herramienta para continuar con la recuperación económica y social iniciada con el presupuesto de 2016» y, además, da prioridad al gasto social e incluye «importantes incentivos para el crecimiento económico», pues a su modo de ver ello es «indispensable» para la creación de riqueza y que, por lo tanto, ésta pueda ser distribuida.
Con todo, ha admitido que el «principal elemento de discusión o el principal escollo» para alcanzar el acuerdo ha sido el plan de garantías presentado por Podemos y al que se reservan 119 millones de euros, una cuantía que se obtiene gracias a que se da «un mejor uso a los recursos» de los que dispone el Gobierno regional.
«El plan de garantías articula múltiples partidas que ya estaban recogidas en los presupuestos y que se les da una dirección. No es incrementar el gasto, sino dar mayor fruto a los recursos de los que ya disponemos», ha argumentado el consejero de Hacienda.
En cuanto a la prioridad para el gasto sanitario, Ruiz Molina ha indicado que «se consolida el impulso para contratar más personal, más tecnología y más infraestructura», al tiempo que se reduce en un 3,5 por 100 la partida para las derivaciones a la sanidad privada.
En educación, ha detallado que se contempla la reducción de ratios y un «ambicioso plan» de infraestructura, que recoge tanto la construcción de nuevos colegios como la eliminación de los barracones, mientras que para las universidades, ha destacado que se reservan 135 millones de euros para aportación nominativa a la Universidad de Castilla-La Mancha.
En cuanto a los servicios sociales, Ruiz Molina ha avanzado que se incrementará el presupuesto para ampliar centros de mayores, centros para personas con discapacidad intelectual y centros de atención temprana, al tiempo que se subirá la partida de ayuda a domicilio.
Y todo ello con «respeto absoluto a la solvencia financiera», ha recalcado Ruiz Molina, que ha resaltado que los presupuestos de 2017 demuestran que «con los mismos recursos se pueden hacer cosas muy diferentes».
Por su parte, David Llorente ha destacado que la aceptación del plan de Podemos por parte del Gobierno regional permitió iniciar una ronda de reuniones que se han intensificado en los últimos días y que han concluido con el acuerdo.
Si embargo, ha aseverado que el proyecto de presupuestos del Gobierno regional «no son los presupuestos de Podemos», que tampoco comparte el marco financiero, pues ha lamentado que no se ha podido modificar ingresos como el IRPF, para «avanzar en la necesaria reforma tributaria».
«No resuelven, ni mucho menos, las discrepancias que persisten entre Podemos y PSOE, ni agota nuestra iniciativa legislatura, pero sí hemos logrado garantías y avances en las necesidades prioritarias de la gente», ha apostillado Llorente.
Llorente ha destacado también algunas de las principales partidas, como en educación, donde «no se conceden nuevos conciertos educativos y se renuevan solo donde no existe una alternativa pública disponible», al tiempo que ha valorado la partida para la supresión de aulas prefabricadas, porque «si en la educación concertada no hay barracones, no se puede consentir que los haya en la pública».
El aumento en el gasto en agricultura, centrado en ayudas para el sector vitivinícola, los seguros agrarios y los regadíos, así como una convocatoria extraordinaria de ayudas a la agricultura ecológica, prevista para febrero, son otros de los aspectos positivos del presupuesto destacados por Llorente.
Asimismo, ha subrayado que se aumenta la partida para el Instituto de la Mujer y que las cuentas regionales contarán, por primera vez, con un estudio de impacto de género.
Con todo, ha recordado que el plan de garantías de Podemos debe alcanzar rango de ley en 2018.