Eso es lo que ha hecho el cantante Julio Iglesias, que se ha querellado contra el director de elDiario,es, Ignacio Escolar, y cuatro periodistas de ese medio; y eso es lo que ha anunciado Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se querellará contra el periodista Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE.

Dos extrabajadoras de Julio Iglesias le acusan de acoso sexual

En enero pasado, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas -una empleada doméstica y una fisioterapeuta-, con el asesoramiento y apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, denunciaron al cantante en la Fiscalía de la  Audiencia Nacional. Le acusaron de hechos que podrían constituir los delitos de agresión sexual, trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado, contra los derechos de los trabajadores y alguno más.

Cuatro periodistas de elDiario.es (Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera), en colaboración con Univisión Noticias -un canal informativo estadounidense en español de la cadena Televisa, dirigido a la población hispana- han investigado durante tres años este caso, con un estricto cumplimiento de las normas deontológicas del periodismo, y han publicado el resultado de su trabajo. Han solicitado reiteradamente la opinión del cantante, por diversos medios, sin obtener respuesta de él.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias previas que incoó tras recibir la denuncia contra Julio Iglesias, porque los tribunales españoles no tienen competencia para investigar ese caso: los hechos han ocurrido en el extranjero y las denunciantes no residen en España ni tienen ningún vinculo personal o territorial con este país. El cantante se ha querellado contra elDiario.es, su director y cuatro periodistas por la presunta  comisión de los delitos de injurias con publicidad y calumnias, y contra la integridad moral.

El novio de Isabel Díaz Ayuso anuncia una querella contra Jesús Maraña

El día 4 de julio, Jesús Maraña reflexionó en una tertulia en TVE sobre lo que consideró una  aparente doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en los juzgados, dependiendo de quién sea la persona acusada.

Alberto González Amador había declarado como testigo en un juzgado, por la filtración de datos personales de dos periodistas de El País que investigaban sobre el ático en que vive con Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez dijo en su día que esos datos se los había enviado el novio de Ayuso a él y la jueza quería comprobarlo. Pero González Amador dijo que había borrado todo el contenido de su teléfono móvil después de que alguien hubiera hackeado los teléfonos de su abogado.

A Jesús Maraña le pareció curioso que González Amador argumente el borrado del contenido de su móvil y que haya sido precisamente el borrado del móvil del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, uno de los indicios fundamentales que utilizó el Tribunal Supremo para condenarle e inhabilitarle. Por ese comentario, el novio de Díaz Ayuso le pide que rectifique en TVE e infoLibre, que le pida disculpas, que le indemnice con 50.000 euros y que se comprometa a no volver a difundir informaciones sobre  él «falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas», algo que no hizo el periodista en sus reflexiones en la televisión pública.

Los jueces resolverán en su momento sobre la querella de Julio Iglesias y la que ha anunciado González Amador. Pero, a la vista de los argumentos de ambos -y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigida, como han hecho los de elDiario.es-, no es nada aventurado decir que ninguna de las dos tendrá recorrido alguno en los juzgados.

Rectificar los errores informativos, sí; dejar de informar, nunca

Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan en una información, pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un tema de interés general, como pretende el novio de Díaz Ayuso. Las acciones legales emprendidas por Julio Iglesias y Alberto González Amador son un ataque al periodismo y al derecho a la información que tiene la ciudadanía, como han manifestado la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones profesionales.

Esos son dos casos claros de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública -las SLAPP, por sus siglas en inglés Strategic Lawsuits Against Public Participation-. Son acciones judiciales que presentan grandes empresas, administraciones públicas o personas con poder para intentar acallar a medios de comunicación y periodistas, ong y activistas sociales.

Esto preocupa tanto en Europa que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en abril de 2024 una Directiva anti-SLAPP. Esa norma debería estar en vigor en todos los países de la Unión Europea desde el 7 de mayo último, pero que todavía no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español. Lo mismo ocurre con el Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una norma importante para la independencia del periodismo que debería estar en vigor desde hace más de un año pero el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para ello.

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Ya no queda nada de aquel Feijóo que llegó a la política estatal desde Galicia con la imagen de persona moderada y centrista. Hace tiempo que, al ver que Vox quita votos al PP -aunque este partido continúa en las encuestas como previsible ganador de las próximas elecciones generales-, hace seguidismo de las propuestas de la ultraderecha. Se ha visto en los gobiernos autonómicos donde sus barones han aceptado las exigencias de Vox para poder ser investidos presidentes, y gobiernan juntos; y se ha visto también en sus actuales críticas a la llamada ley de nietos que antes veían necesaria.

 Insinuaciones de un futuro ‘pucherazo’ electoral

Alberto Núñez Feijóo no pronuncia la palabra pucherazo, como hacen los dirigentes de Vox, pero dice lo mismo con otras palabras. Él afirma que el Gobierno está haciendo «ingeniería electoral» para dar la nacionalidad en un año y medio a 2,5 millones de personas, lo que supone una «modificación sustancial del censo electoral con personas que la mayoría nunca ha venido a España». Así insinúa que Pedro Sánchez quiere llevar a cabo un tipo de pucherazo consistente en modificar el censo electoral. Y se atreve a afirmar, sin ningún dato que lo sustente, que esas personas que tuvieron que marcharse durante la dictadura franquista, o sus hijos y nietos, nunca han venido a España. Seguro que las hay que no conocen España, pero muchas vienen cada año por vacaciones o cuando pueden.

Feijóo también da por hecho, como si tuviera poderes adivinatorios pero sin aportar ninguna prueba, que la mayoría de ellas votará en el futuro -no pueden votar en las elecciones previstas para 2027- y que lo hará a favor del PSOE. Olvida que el voto de los residentes en el extranjeros es siempre muy reducido y prácticamente nunca -salvo en alguna excepción- ha hecho que varíe la adjudicación de un escaño.

Declaraciones contrarias a las de hace cuatro años

Al actual Feijóo ya le da igual realizar afirmaciones sin fundamento que insultar a Pedro Sánchez en las sesiones parlamentarias de control al Gobierno, en contra de lo que dijo hace cuatro años. Siente el aliento de Vox en el cuello y no quiere quedar detrás en este asunto, aunque eso le obliga a hacer declaraciones totalmente opuestas a las que hizo antes. La hemeroteca no olvida, y todos los políticos deberían tenerlo siempre presente para mantener un mínimo de coherencia.

Una de las peores cosas que puede hacer un dirigente político, y menos quien aspira a gobernar España, es poner en duda la limpieza de unas elecciones e insinuar por adelantado la posibilidad de que pueda haber un fraude. Lo hizo Donald Trump cuando perdió frente a Joe Biden, sin que ninguno de los jueces que sentenció sus más de 60 demandas le diera la razón, y el resultado fue el asalto al Capitolio. A esa política se ha apuntado Vox y, como se está viendo desde hace tiempo, también Feijóo, la portavoz de su grupo en el Congreso, Ester Muñoz,  y otros dirigentes del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso más que su líder político, ha insinuado supuestas maniobras a favor de Pedro Sánchez y la lanzado esta advertencia «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso». No sabe, o ha querido ignorarlo, que la nacionalidad la puede conceder únicamente el cónsul, tras revisar minuciosamente la numerosa documentación que debe aportar quien la solicita.

Indignación en la carrera diplomática por las insinuaciones de PP y Vox

También se ha atrevido a afirmar que el Gobierno «no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesario para obtener el siguiente escaño». Con esta declaración, que demuestra su total desconocimiento del proceso, ha causado indignación y vergüenza ajena en el mundo diplomático y jurídico. Sus asesores deberían haberle dicho que la persona que solicita la nacionalidad es quien decide a qué municipio quiere ser asignada, y para eso se tiene en cuenta en qué población vivió, en el caso de que haya residido algún tiempo en Espala, donde tiene más arraigo ella o sus ascendientes, y otros factores.

En Vox, Santiago Abascal y otros dirigentes han hablado directamente de pucherazo, de «golpe de Estado en diferido», de «fabricar miles de españoles»… El portavoz adjunto de la ultraderecha en el Congreso, José María Figaredo, ha llegado a proponer algo que muchos juristas consideran ilegal: que no se permita el voto por correo a los españoles residentes en el extranjero y sólo puedan ejercer ese derecho personalmente en los consulados o embajadas, a veces situados a cientos o más de mil kilómetros de su residencia.

Las críticas del PP y de Vox han indignado al cuerpo diplomático hasta el punto que Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos de España (ADFE) ha tenido que recordar que «los diplomáticos y demás funcionarios en los consulados que tramitan expedientes de nacionalidad se atienen estrictamente a  la ley». Puede haber algún error, claro que sí, como en cualquier otra actividad, pero rechazan que se siembren dudas generalizadas sobre su honradez profesional como han hecho dirigentes de esos dos partidos, algunos columnistas y tertulianos y varios medios de comunicación en sus editoriales. Y el cuerpo diplomático no es precisamente un colectivo de peligrosos izquierdistas partidarios del Gobierno de coalición progresista.

Insinuar posibles pucherazos, propagar sospechas, lanzar acusaciones sin pruebas y mezclar la llamada ley de nietos con la regularización extraordinaria ya ha producido un efecto peligroso: los mensajes de odio contra las personas migrantes en las redes sociales han aumentado significativamente, hasta llegar a que el 30% piden la expulsión de esas personas, cuando en el primer trimestre eran el 11%. Por el contrario, Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ha defendido la regularización porque sectores como el campo, la construcción o la hostelería necesitan personal, aunque ha criticado la manera de llevarla a cabo.

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Dos segundos de tiempo apenas son suficientes para decir una frase, pero a los diputados del PP les han servido como excusa para montar uno de sus frecuentas alborotos en las sesiones del pleno. Mucha bulla, con gritos desde los escaños y con insultos a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol: «¡Tramposa! ¡Es usted una cobarde!», dijo la portavoz del grupo parlamentario del PP, Ester Muñoz, dirigiéndose a ella.

La bronca y la crispación como estrategia política

Cuando Alberto Núñez Feijóo decidió que Ester Muñoz sustituyera a Miguel Tellado como portavoz del grupo parlamentario popular, en su partido deberían haberle dicho que plantee sus legítimas críticas con un mínimo de educación. Podrían haberle advertido de que los numeritos que, ellos u otros grupos, montan cada miércoles en la sesión de control al Gobierno son aplaudidos por sus seguidores, sí, pero aumentan la decepción de buena parte de la ciudadanía con la clase política. Pero nadie se lo dijo porque, como se ve semana tras semana, hace tiempo que el PP incluye la bronca y la crispación permanente en su estrategia de oposición. Y es el partido que aspira a gobernar España.

Que quede bien claro que el PP no es el único partido que se comporta de esa manera en el Congreso, pero su bancada, junto a la de Vox, es de las que más broncas y ruido montan. En esta ocasión, la excusa han sido dos segundos.

Núñez Feijóo había registrado esta pregunta para el presidente del Gobierno: «¿Cuánto tiempo más va a mantener esta situación de degradación política?». En las sesiones de control, los diputados disponen de dos minutos y medio para preguntar, divididos en dos intervenciones, lo mismo que el presidente o ministro que les contesta. Cada cual puede utilizar ese tiempo como considere: los hay que formulan la pregunta exacta en unos segundos y dejan el resto del tiempo para explayarse en su segunda intervención; otros distribuyen sus palabras entre los dos tiempos; algunos utilizan gran parte de su tiempo la primera vez que hablan y dejan menos para la segunda. Y a veces, si no calculan bien, prácticamente agotan todo su tiempo en la primera intervención. Esto es lo que le ocurrió a Feijóo el miércoles.

Pedro Sánchez le respondió y, cuando concluyó, la presidenta dio paso a la siguiente pregunta. Entonces, desde la bancada del PP empezaron a gritar y hacer ruido, porque la pantalla que refleja el tiempo de cada intervención indicaba que Feijóo disponía aún de dos segundos para agotar su tiempo. No es la primera vez que le ocurre esto a algún diputado, y no pasa nada: no emplea uno o dos segundos finales y se pasa a la siguiente pregunta.

Presidenta: «¿Pueden estar en silencio»? Diputado del PP: «¡No, claro que no!»

«¡Dos segundos, quedan dos segundos!», gritaron la portavoz Ester Muñoz, su antecesor y actual secretario general del partido, Miguel Tellado, Jaime de Olano y otros diputados, mientras lo indicaban con dos dedos de sus manos. «Señores diputados, por favor, un poco de silencio. ¿Pueden guardar un poco de respeto y estar en silencio?», pidió Francina Armengol. El diputado De Olano le respondió: «¡No, claro que no!».

La presidenta dio paso a la pregunta que iba a hacer la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, pero la bancada del PP continuó con su alboroto. «¡Qué vergüenza!», gritó un diputado. «¡Tramposa! ¡Es usted una cobarde!», dijo la portavoz Ester Muñoz.

Este episodio parlamentario no es un hecho de gravedad en la situación actual de la vida política en España, desde luego. Pero conviene comentarlo porque refleja el ambiente casi irrespirable, la permanente crispación y la bronca por la bronca que muchos políticos -no todos, eso sí- practican a diario por sus intereses partidarios.

Hace tiempo que una ciudadana, una jubilada de la enseñanza, inició una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org, con el título Basta de insultos y violencia verbal en el Congreso ¡Tomen medidas ya!, y ha recogido 85.000. Tras los siete minutos de aplausos que los parlamentarios dedicaron al discurso de León XIV, ella escribió: «Aplauden, luego están de acuerdo: pero no lo van a hacer». Lamentablemente, tiene toda la razón y así ha ocurrido nada más salir el papa del Congreso.

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Discurso del papa en el Congreso

La frase «un día histórico» ha sido muy usada en distintas ocasiones para calificar lo que se vivía en un momento concreto en el Congreso. Hoy sí se puede decir que ha sido un día histórico, porque es la primera vez que un papa visita la Cámara Baja y pronuncia un discurso. En las visitas de jefes de Estado de más de 80 países que ha habido, desde que se recuperó la democracia, han pronunciado un discurso desde la tribuna del Hemiciclo los de los países hispanoamericanos y los vecinos de Francia y Portugal; y, excepcionalmente, unos pocos más. Cuando preparaban este viaje, León XIV dijo que tenía interés en dirigirse a los parlamentarios españoles, le explicaron que entonces su visita a la sede de la soberanía popular debería ser en su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y él aceptó.

León XIV ha pronunciado un discurso centrado en la defensa de la dignidad de la persona, con mucho contenido social y también de calado político, con varios mensajes dirigidos directamente a diputados y senadores. Este digital, ENCLM, ha sido uno de los medios que ha estado presente en la primera visita de un papa al Congreso de los Diputados.

Una reflexión para servir al bien común

León XIV ha dejado claro, al principio de su discurso, que la Iglesia católica, «cuando se dirige a la vida pública, lo hace respetando la misión propia de las instituciones y la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar». La Iglesia, ha dicho, «reconoce ‘la autonomía de las realidades terrenas’ y ‘la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política’ y, precisamente desde esa conciencia, aporta una reflexión nacida del deseo de servir al bien común y de recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia».

«Más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué condición de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes».

Las referencias a la dignidad de todas las personas han sido varias en su discurso: «Toda sociedad auténticamente justa se edifica sobre el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona humana. Tal dignidad precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento. Pertenece a todo ser humano por el hecho mismo de existir, y por eso debe orientar todo ordenamiento jurídico positivo», ha dicho el papa.

Defensa de la inmigración

Tal como se preveía, León XIV ha hablado de la inmigración, de las personas «que se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro». «El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional». Tras referirse a los hombres, mujeres y niños que se ven obligados a abandonar su tierra, el papa ha dicho que esa realidad «rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos». Esta frase, en presencia de los diputados de Vox y del PP, se ha interpretado por muchos como una crítica al principio de «prioridad nacional» que esos dos partidos han pactado en los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, y previsiblemente pactarán en Andalucía.

«La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos». El papa ha añadido que es una exigencia de justicia social ofrecer a esas personas «vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración», pero también trabajar para que nadie tenga que abandonar su propia tierra.

El papa León XIV también ha hablado de la defensa de la vida humana, que «debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural»; de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, que «no es neutral, porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza»; de la familia, «la primera escuela de humanidad en la que se aprende, antes que en cualquier otro lugar, la gramática elemental de la convivencia: recibir la vida, cuidar al otro, perdonar, servir y pertenecer»; del «derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas»…

El toledano que está detrás de la organización de la visita del papa León XIV

Por la paz y el derecho internacional, y contra el rearme

En el discurso del papa no podía faltar un pronunciamiento contra las guerras. «La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el derecho internacional». «Toda guerra constituye, en última instancia, una dolorosa derrota de la capacidad de negociar». «Las armas  pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera». «Preocupa que, en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional».

Frente a esa situación, ha añadido el sumo pontífice, «la verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra».

León XIV también ha tenido mensajes para los políticos. «La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una  convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos».

«Les invito a alzar la mirada», ha dicho dirigiéndose directamente a diputados y senadores, «no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades publicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse ir».

La visita del papa León XIV al Congreso se había preparado con el máximo cuidado, con la participación de los distintos departamentos de la Cámara Baja, para que nada pudiera fallar, y así se ha desarrollado.

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O, por el contrario, ¿Moreno Bonilla va a ser coherente con lo que ha proclamado cada día y va a mantener su discurso e imagen de barón del PP moderado, totalmente diferente a la actitud siempre provocadora y muchas veces ridícula Isabel Díaz Ayuso? ¿Está dispuesto a aplicar el refrán «donde dije digo, ahora digo Diego», como han hecho María Guardiola en Extremadura, Jorge Azcón en Aragón y muy probablemente hará Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, y va a aferrarse a los resultados de estas elecciones para justificar un pacto con Vox antes que no contar con apoyos suficientes para su investidura y tener que convocar elecciones de nuevo?

Falta autocrítica al analizar el resultado de las elecciones

Como ocurre en todos los procesos electorales, cada partido o coalición hace su propia lectura de los resultados obtenidos, algunos sin ninguna autocrítica y buscando en otros la excusa para justificar sus malos resultados. Y los politólogos y periodistas analizarán los datos, las sorpresas, por qué no han acertado algunas encuestas previas… Estos días se va a escuchar de todo. Pero, a la vista de los datos, se pueden decir unas cuantas cosas que son hechos, no opiniones. He aquí algunos:

• PP. Ha ganado con rotunda diferencia, pero ha perdido cinco escaños (de 58 a 53) y ha tenido un 1,5 % de votos menos que en los comicios del año 2022: entonces logró el 43,11% y ahora se ha quedado en el 41,0%, una pérdida de más de 146.000 votos.
• PSOE. Era previsible que se llevara un buen batacazo, y se lo ha llevado. En 2022 obtuvo su peor resultado en toda la democracia en Andalucía, con 30 escaños; ahora, con la vicepresidenta primera del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE y líder de su formación en Andalucía, María Jesús Montero, como candidata a presidir la Junta de Andalucía ha perdido dos escaños y, en porcentaje, un 1,38%. Ha tenido 60.000 votos más, debido a que han votado más personas en total que entonces, pero no le han servido para mantener los 30 escaños que tenía.

Vox sube menos de lo que esperaba pero tiene la llave para formar gobierno

• Vox. Ha subido un 0,35% (80.00 votos más y un diputado, de 14 a 15), cuando esperaba lograr más votos y más escaños, pero tiene la llave para formar gobierno. Sus dirigentes no aclaran si pedirán o no entrar en el Ejecutivo de Moreno Bonilla, pero sí le exigirán que acepte aplicar sus políticas de ultraderecha para votar su investidura, y no se lo van aponer fácil: la primera exigencia será que aplique la polémica «prioridad nacional» que el PP ya ha aceptado en otras comunidades, consistente en que los ciudadanos españoles «sean los primeros» para solicitar ayudas, viviendas públicas, asistencia sanitaria y otros beneficios sociales, algo que distintos juristas consideran inconstitucional.
• Adelante Andalucía. Ha sido la gran sorpresa de estas elecciones, porque las encuestas vaticinaban un buen resultado a esta formación de izquierdas soberanista, pero no tanto como el que ha tenido: 232.0000 votos más que en 2022 (del 4,58% ha pasado al 9,62%) y ha cuadruplicado sus escaños al pasar de los dos que tenía a ocho.

Antonio Maíllo mantiene el grupo parlamentario de Por Andalucía

• Por Andalucía. La coalición que encabeza el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo (IU, Movimiento Sumar, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde), ha logrado mantener su grupo parlamentario con cinco diputados, como en la anterior legislatura, pese a haber perdido 20.000 votos (1,39%). La bronca y la crítica permanente contra Movimiento Sumar por parte de dirigentes y seguidores de Podemos, que durante 18 meses se negaron a asistir a las reuniones de Por Andalucía hasta que a última hora decidieron entrar en esta coalición, es muy probable que haya influido en el electorado. Habrá quien se haya planteado por qué iba a votar a una izquierda que siempre está con peleas y no se pone de acuerdo cuando existe otra opción con planteamientos ideológicos similares que no tiene peleas internas.

Habrá que ver ahora si Juan Manuel Moreno Bonilla olvida todo lo que ha dicho contra Vox en la campaña y asume sus políticas o si es capaz de negociar su investidura sin aceptar propuestas de ultraderecha que son incompatibles con un partido que aspira a gobernar España. Y habrá que ver, también, si Adelante Andalucía y Por Andalucía son capaces de trabajar en armonía en el próximo Parlamento andaluz, porque son muchas las políticas en las que sus planteamientos coinciden (sanidad, vivienda, educación…) y pocas sus diferencias.

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Ironías aparte, en las sesiones de control al Gobierno se escucha de todo cada miércoles: desde intervenciones correctas y algunas brillantes hasta un griterío que obliga a la presidenta a pedir con frecuencia silencio y un mínimo de respeto, descalificaciones, insultos, acusaciones sin fundamento, afirmaciones claramente falsas… Pero comparar a Bolaños con los ministros del gobernante húngaro -que acaba de perder las elecciones-, como ha dicho la portavoz de los populares, o es por un nulo conocimiento de la situación de la UE o es una frivolidad inaceptable en una representante de la soberanía popular.

Bolaños a la portavoz del PP: «No haga el ridículo comparándonos con Orbán»

Ante tan sorprendente afirmación, el ministro Bolaños ha tenido muy fácil la respuesta: «No haga usted el ridículo comparándonos con Orbán. Son ustedes los que negocian con ellos», le ha dicho. Se refería, obviamente, a que el PP está negociando con Vox para poder formar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, tras haber pactado ya el de la Comunidad Valenciana. Y hay que recordar que Santiago Abascal y los dirigentes de Vox siempre han mostrado su aplauso y coincidencia con Viktor Orbán -en los últimos días han lamentado que haya perdido las elecciones y han elogiado lo que ha hecho en su país- y se sumaron en el Parlamento Europeo al grupo que lanzó Orbán, Patriotas, y se salieron del que lideraba la italiana Giorgia Meloni. Además, Vox ha recibido préstamos de casi 12 millones de euros de un banco húngaro próximo a ese primer ministro para financiar varias campañas electorales.

No ha sido esta la primera afirmación sorprendente o polémica que hace la portavoz del PP. Y no será la última, a juzgar por su trayectoria desde que Alberto Núñez Feijóo la eligió hace nueve meses para ese cargo. Recientemente no se le ocurrió mejor cosa que comparar el secuestro durante una hora de un soldado español por parte del Ejército de Israel con un control de tráfico de los que sufren ella y cualquier persona. Y ella, que cada día lanza varios mensajes por la red social X cuando lee alguna información crítica con el Gobierno, no ha tenido a bien difundir uno pidiendo disculpas. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo a casi todos los políticos pedir disculpas cuando se equivocan?

A primera hora de la tarde del día 7 de abril, el Ejército de Israel -que desde que invadió el sur del Líbano hace algo más de un mes ha causado más de 1.700 muertos, más de 3.000 heridos y más de 1,2 millones de personas desplazadas- bloqueó el paso a un convoy logístico de la Fuerza de Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL) y retuvo durante casi una hora a un casco azul que es español. «Cualquier detención de un miembro de la misión de paz de la ONU es una flagrante violación de la ley internacional, y cualquier interferencia en su trabajo una vulneración de la resolución 1.701 de Naciones Unidas», manifestó esa unidad militar en un comunicado.

La ministro de Defensa, Margarita Robles, informó de ese hecho el miércoles. Y Ester Muñoz, cuando fue preguntada el jueves por los periodistas, respondió así: «La ministra dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me van a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido más tiempo retenida».

Bombardeos de Israel contra la población civil en Líbano

Desde el PP han quitado importancia a esas palabras y dicen que es solo una anécdota. Pero, en una situación de peligro como la que viven esos casos azules -ya han muerto tres, de nacionalidad indonesia-, lo mínimo que se puede decir es que ese comentario de la portavoz parlamentaria de los populares es de una frivolidad inaceptable.

Los bombardeos y la invasión de esa zona del Líbano por parte de Israel, con el argumento de que quiere acabar con el partido-milicia chií Hezbolá, han sido condenados por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la Unión Europea, China, Canadá, España y otros países de la UE y de todo el mundo, el Papa León XIV, organizaciones no gubernamentales… Pero Ester Muñoz no condenó con contundencia esa invasión ilegal, se limitó a decir que en su partido llevan mucho tiempo «pidiendo que se desescale [sic] la guerra» y añadió que Israel no ha atacado el Líbano sino «a un grupo terrorista financiado por Irán, Hezbolá». Olvidó que el Ejército israelí ha bombardeado zonas urbanas de varias ciudades en las que han fallecido muchos niños y personas civiles. ¿Acaso pertenecían todas a Hezbolá?

Los partidos de la oposición tienen que controlar al Gobierno y criticar lo que no haga o lo que haga mal. Pero, hay que repetirlo una y mil veces, deben hacerlo con argumentos. Sus portavoces, en este caso Ester Muñoz, pueden equivocarse en sus declaraciones, claro que sí. Pero cuando sus equivocaciones, meteduras de pata, palabras desafortunadas o frivolidades como la referida al casco azul español son frecuentes, ella y su partido deberían reflexionar sobre ello. El PP olvida que no todo vale para ejercer la oposición, porque su estrategia es clara: oponerse siempre a lo que venga del Gobierno de coalición progresista, aunque no sea negativo. Ya se sabe, ¿de qué hablan, que me opongo?

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Al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le entrevistaron el 4 de marzo en Televisión Española. Un usuario de la red social X (antes Twitter) que se identifica como @VictorEleDe -conocido por elaborar vídeos falsos en tono humorístico, en los que aclara que son un montaje suyo- cogió unas imágenes de esa entrevista y, utilizando la inteligencia artificial, difundió un mensaje en el que el ministro respondía a unas supuestas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en Nueva York. Según otro mensaje en X, la presidente de la Comunidad de Madrid había dicho en su reciente viaje a la capital neoyorquina que ha ido allí para reunirse con el alcalde de Sevilla porque, con Óscar Puente como ministro de Transportes, «se tarda menos en llegar de España a EEUU que de Madrid a Sevilla, gracias al retraso de sus trenes».

Ni Díaz Ayuso lo dijo ni el ministro Óscar Puente le contestó

En ese vídeo, el ministro respondía a esas supuestas declaraciones de Ayuso con estas palabras: «Igual los trenes pueden llegar tarde, pero el retraso lo tiene ella». Como era de esperar, este mensaje se hizo viral en las redes: Óscar Puente, que no se corta ni un pelo en las redes sociales, había llamado retrasada a Isabel Díaz Ayuso. Pero resulta que ni la presidenta madrileña ha hecho esas declaraciones ni el ministro le ha contestado: ella inició su viaje a Nueva York el día 8 de marzo y la entrevista al ministro en TVE con su supuesta respuesta tuvo lugar ¡el 4 de marzo!, cuatro días antes.

Pero como en el PP lo aprovechan todo para criticar a Pedro Sánchez, tanto cuando existen motivos y deben hacerlo como cuando no los hay, la concejala del Ayuntamiento de Madrid Marta Rivera de la Cruz fue tan rápida como los pistoleros del Oeste y lanzó por sus redes sociales este mensaje: «Así inaugura Óscar Puente el Odiómetro que presentó hoy Sánchez». Se refería a la herramienta HODIO (Huella del Odio y la Polarización), que el presidente del Gobierno había anunciado como mecanismo para medir la presencia, evolución y alcance de los discursos de odio en las redes sociales. El PP no podía dejar de criticar esta iniciativa, claro, y esta concejala -que antes fue diputada y consejera de Cultura de Díaz Ayuso por Ciudadanos, partido que dejó para pasar al PP- metió la pata.

Cuando alguien le dijo que ese vídeo era un montaje, ella eliminó de X su mensaje, pero justificó por qué lo había lanzado antes: «Borro este tuit pues responde a un bulo lanzado gracias a la inteligencia artificial, y que me creí a pies juntillas porque no sería la primera vez que Óscar Puente dedica insultos a sus adversarios políticos. Es para darle una vuelta». Conviene recordar que Marta Rivera de la Cruz se licenció en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero parece que al dedicarse a la vida política ha olvidado la regla de oro del periodismo: antes de divulgar una información hay que contrastar su veracidad. «Voy a tener que subir los vídeos con un manual de instrucciones para carajotes», le respondió, con guasa, el autor del vídeo.

Margarita Robles habló de la calefacción, no de Donald Trump

Cada día se podría publicar una relación de políticos que lanzan bulos, informaciones falsas o vídeos manipulados por las redes sociales, sin molestarse en preguntar si pueden ser un montaje falso. Otro ejemplo reciente ha ocurrido tras una reunión que tuvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamin Leon Jr. Tras ese encuentro circuló por las redes un vídeo falso en el que la ministra decía: «Yo estoy con Trump». El PP se hizo eco y lo difundió por su cuenta oficial en X con este mensaje: «Margarita Robles pillada: ‘Yo estoy con Trump‘. Pedro Sánchez os ha vuelto a estafar.». «Dice (una parte) del Gobierno que está con Trump. Lo que pasa es que aquí la gente…».

Eso es falso. Momentos antes de celebrar esa reunión, cuando los fotógrafos y cámaras de televisión tomaban unas imágenes, la ministra dijo al embajador que iba a bajar un poco la calefacción del despacho, porque ella es muy friolera y estaba a una temperatura elevada. Él respondió que no le molestaba, preguntó si ella estaba cómoda y Margarita Robles respondió: «No, no, yo estoy cómoda. Lo que pasa es que aquí a veces la gente…». El PP manipuló ese vídeo, lo subtituló con las palabras citadas que la ministra no dijo lo lo difundió.

En la víspera de las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, Isabel Díaz Ayuso también se hizo eco y difundió un vídeo del digital El Debate en el que una periodista alerta de supuestas maniobras del Gobierno para facilitar un pucherazo electoral. En ese vídeo cuenta algo que es imposible que ocurra: dice que, con dos aplicaciones que ha creado el Ejecutivo para poder obtener el documento nacional de identidad electrónico, cualquier persona podría falsificar su identidad, crear con inteligencia artificial muchos carnés de identidad falsos, con distintos números y nombres pero con la fotografía de la misma persona, y acudir a votar cuantas veces quiera. El apoderado o interventor de la mesa electoral no podría detectar el fraude, porque «el Gobierno de España le ha pedido a la Junta Electoral que para votar no se necesite ningún QR». «Es la puerta al fraude electoral».

El bulo de votar varias veces con un DNI falso

Es un disparate tan grosero que ha sido desmentido por VerificaRTVE, Maldita.es y otras empresas de verificación de contenidos. Y por muchos usuarios de la red X. Es cierto que la Junta Electoral Central permite identificarse en una mesa electoral con el DNI electrónico, pero eso no basta para poder votar. Además, hay que estar inscrito en el censo electoral y, para ello, es necesario estar empadronado en el censo del ayuntamiento correspondiente. La mesa electoral tiene un listado con la identidad y DNI de las personas que pueden votar y lo comprueba antes de que introduzcan la papeleta en la urna.

Isabel Díaz Ayuso no iba a dejar pasar esta ocasión de criticar al Gobierno y, sin encomendarse a dios ni al diablo, lanzó por sus redes sociales ese vídeo e incluyó este mensaje. «Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas elecciones generales». La presidenta de la Comunidad de Madrid también se licenció en Periodismo, pero se ve que faltó a clase el día que explicaron en qué consiste contrastar las noticias. O quizá cree que en política vale todo, incluso mentir y lanzar sospechas de un fraude electoral imposible, para atacar al malvado Pedro Sánchez.

Las redes sociales son un invento extraordinario y, bien utilizadas, permiten comunicarse e intercambiar información con millones de personas. Pero mal utilizadas, como hacen algunos cargos públicos, generan odio y crispación, lo contrario de lo que debe hacer un político decente.

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