Agustín Yanel
¿Dónde está el Alberto Núñez Feijóo que hace cuatro años, cuando fue elegido para liderar el Partido Popular, dijo que llegaba «para hacer una política seria» y no para insultar a Pedro Sánchez sino para ganarle? ¿Qué queda de aquel Feijóo que, en sus viajes a varios países de Sudamérica cuando gobernaba en Galicia, y después ya como presidente del PP, se comprometió a impulsar una ley para que los nietos de españoles en el exterior pudieran adquirir la nacionalidad española?
Ya no queda nada de aquel Feijóo que llegó a la política estatal desde Galicia con la imagen de persona moderada y centrista. Hace tiempo que, al ver que Vox quita votos al PP -aunque este partido continúa en las encuestas como previsible ganador de las próximas elecciones generales-, hace seguidismo de las propuestas de la ultraderecha. Se ha visto en los gobiernos autonómicos donde sus barones han aceptado las exigencias de Vox para poder ser investidos presidentes, y gobiernan juntos; y se ha visto también en sus actuales críticas a la llamada ley de nietos que antes veían necesaria.
Insinuaciones de un futuro ‘pucherazo’ electoral
Alberto Núñez Feijóo no pronuncia la palabra pucherazo, como hacen los dirigentes de Vox, pero dice lo mismo con otras palabras. Él afirma que el Gobierno está haciendo «ingeniería electoral» para dar la nacionalidad en un año y medio a 2,5 millones de personas, lo que supone una «modificación sustancial del censo electoral con personas que la mayoría nunca ha venido a España». Así insinúa que Pedro Sánchez quiere llevar a cabo un tipo de pucherazo consistente en modificar el censo electoral. Y se atreve a afirmar, sin ningún dato que lo sustente, que esas personas que tuvieron que marcharse durante la dictadura franquista, o sus hijos y nietos, nunca han venido a España. Seguro que las hay que no conocen España, pero muchas vienen cada año por vacaciones o cuando pueden.
Feijóo también da por hecho, como si tuviera poderes adivinatorios pero sin aportar ninguna prueba, que la mayoría de ellas votará en el futuro -no pueden votar en las elecciones previstas para 2027- y que lo hará a favor del PSOE. Olvida que el voto de los residentes en el extranjeros es siempre muy reducido y prácticamente nunca -salvo en alguna excepción- ha hecho que varíe la adjudicación de un escaño.
Declaraciones contrarias a las de hace cuatro años
Al actual Feijóo ya le da igual realizar afirmaciones sin fundamento que insultar a Pedro Sánchez en las sesiones parlamentarias de control al Gobierno, en contra de lo que dijo hace cuatro años. Siente el aliento de Vox en el cuello y no quiere quedar detrás en este asunto, aunque eso le obliga a hacer declaraciones totalmente opuestas a las que hizo antes. La hemeroteca no olvida, y todos los políticos deberían tenerlo siempre presente para mantener un mínimo de coherencia.
Una de las peores cosas que puede hacer un dirigente político, y menos quien aspira a gobernar España, es poner en duda la limpieza de unas elecciones e insinuar por adelantado la posibilidad de que pueda haber un fraude. Lo hizo Donald Trump cuando perdió frente a Joe Biden, sin que ninguno de los jueces que sentenció sus más de 60 demandas le diera la razón, y el resultado fue el asalto al Capitolio. A esa política se ha apuntado Vox y, como se está viendo desde hace tiempo, también Feijóo, la portavoz de su grupo en el Congreso, Ester Muñoz, y otros dirigentes del PP.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso más que su líder político, ha insinuado supuestas maniobras a favor de Pedro Sánchez y la lanzado esta advertencia «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal. Y ahí queda el aviso». No sabe, o ha querido ignorarlo, que la nacionalidad la puede conceder únicamente el cónsul, tras revisar minuciosamente la numerosa documentación que debe aportar quien la solicita.
Indignación en la carrera diplomática por las insinuaciones de PP y Vox
También se ha atrevido a afirmar que el Gobierno «no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesario para obtener el siguiente escaño». Con esta declaración, que demuestra su total desconocimiento del proceso, ha causado indignación y vergüenza ajena en el mundo diplomático y jurídico. Sus asesores deberían haberle dicho que la persona que solicita la nacionalidad es quien decide a qué municipio quiere ser asignada, y para eso se tiene en cuenta en qué población vivió, en el caso de que haya residido algún tiempo en Espala, donde tiene más arraigo ella o sus ascendientes, y otros factores.
En Vox, Santiago Abascal y otros dirigentes han hablado directamente de pucherazo, de «golpe de Estado en diferido», de «fabricar miles de españoles»… El portavoz adjunto de la ultraderecha en el Congreso, José María Figaredo, ha llegado a proponer algo que muchos juristas consideran ilegal: que no se permita el voto por correo a los españoles residentes en el extranjero y sólo puedan ejercer ese derecho personalmente en los consulados o embajadas, a veces situados a cientos o más de mil kilómetros de su residencia.
Las críticas del PP y de Vox han indignado al cuerpo diplomático hasta el punto que Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos de España (ADFE) ha tenido que recordar que «los diplomáticos y demás funcionarios en los consulados que tramitan expedientes de nacionalidad se atienen estrictamente a la ley». Puede haber algún error, claro que sí, como en cualquier otra actividad, pero rechazan que se siembren dudas generalizadas sobre su honradez profesional como han hecho dirigentes de esos dos partidos, algunos columnistas y tertulianos y varios medios de comunicación en sus editoriales. Y el cuerpo diplomático no es precisamente un colectivo de peligrosos izquierdistas partidarios del Gobierno de coalición progresista.
Insinuar posibles pucherazos, propagar sospechas, lanzar acusaciones sin pruebas y mezclar la llamada ley de nietos con la regularización extraordinaria ya ha producido un efecto peligroso: los mensajes de odio contra las personas migrantes en las redes sociales han aumentado significativamente, hasta llegar a que el 30% piden la expulsión de esas personas, cuando en el primer trimestre eran el 11%. Por el contrario, Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ha defendido la regularización porque sectores como el campo, la construcción o la hostelería necesitan personal, aunque ha criticado la manera de llevarla a cabo.