El Gobierno de Castilla-La Mancha ha llevado hasta Galicia el desarrollo de las agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) concebidas como una herramienta más en la lucha contra la despoblación en la que esta comunidad autónoma es pionera.
Ha sido el viceconsejero de Planificación Estratégica, José Antonio Carrillo, el encargado de exponer los detalles de las agendas durante su intervención en la jornada ‘La Agenda Urbana: Un nuevo marco para las políticas públicas en las ciudades y pueblos. Elaboración, ejecución y evaluación de agendas urbanas locales’ organizada por la Escuela Gallega de Administración Pública que se ha desarrollado esta semana en Santiago de Compostela.
Durante su intervención, Carrillo ha explicado que las ADUR se van a elaborar en colaboración con la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (Recamder) y se han concebido como un instrumento “para ahondar un poco más en el análisis y definir cuáles pueden ser los estrangulamientos de los territorios para el crecimiento económico, la creación de empleo y, por lo tanto, poder contribuir a estabilizar la población”.
«Cada provincia tendrá su agenda como una experiencia piloto»
En concreto, el viceconsejero ha recordado que el primer paso será elaborar cinco primeras agendas como ‘experiencias piloto’, una por cada provincia, antes de que finalice el 2025, y continuar con el desarrollo de un total de 26 que, una vez en marcha “servirán de guía para poder incidir sobre esas áreas ya identificadas en la Ley de medidas contra la Despoblación con actuaciones más concretas, por lo que “esperamos que se multipliquen los resultados que estamos buscando”.
Finalmente, ha insistido en que el Ejecutivo autonómico quiere consensuar las agendas con diputaciones y ayuntamientos, así como el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana a través de instrumentos como la Agenda 2023.
La iniciativa castellano-manchega ha sido recogida con interés por el grupo de responsables públicos y profesionales asistentes a este foro, como un instrumento útil tanto para la ejecución de políticas públicas, en especial las derivadas de fondos europeos, como para luchar en territorios aquejados por el reto de la lucha frente a la despoblación en distintas comunidades autónomas españolas, entre ellas, la gallega