La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) inspeccionará a los operadores del vino coincidiendo con la próxima vendimia para vigilar que se cumple la Ley 12/2013 de mejora de la Cadena Alimentaria en lo que respecta a contratos de compraventa o plazos de pago a proveedores de la uva.
Así lo avanza en una entrevista con Efeagro el director de la AICA, José Miguel Herrero, quien recuerda que era una demanda planteada por el sector.
De cara al nuevo Plan de Control para 2015, la AICA -del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)- apostará por la realización de inspecciones justo antes de que se inicien las diferentes campañas en los sectores agrícolas, lo que contribuirá también a difundir la nueva ley y sus requerimientos, señala Herrero.
La Agencia no sólo inspeccionará los sectores de frutas y hortalizas, leche, aceite de oliva y carne de pollo, como hasta ahora, sino que actuará en cualquier otro ámbito en el que se detecten posibles incumplimientos de la ley alimentaria.
En su opinión, cuando arrancan las nuevas campañas agrícolas es el mejor momento para difundir el mensaje entre los operadores de que «hay que hacer contratos, poner un precio y pagar a tiempo».
Por otra parte, se ha referido a la controversia entre bodegas y agricultores sobre si la uva debe pagarse a 30 días como un producto fresco -como así lo entiende la Administración- o bien como si fuera un no perecedero y abonarse después.
Para Herrero, la ley de morosidad que establece los plazo de pago y la AICA tiene que hacer respetar pretende que ningún operador termine financiando a los eslabones siguientes, y «de ahí la importancia de que todos paguen a tiempo».
Considera evidente que la uva de vinificación, como cualquier otra fruta, es un producto perecedero que debe pagarse a 30 días.
Pero reconoce que algunos operadores desconocen si la uva que compran podrá ser «amparada» para transformar en vino con denominación de origen u otra indicación de calidad o, por el contrario, servirá para elaborar «vinos de mesa», porque los precios de venta de estos productos no serán tampoco los mismos.
«Hemos trabajado con los servicios jurídicos y escuchado a bodegas y agricultores para tratar de compatibilizar la ley de morosidad, de la cadena y la lógica del sector» para afrontar una situación: que en el momento de la entrega se desconoce el precio al que debería pagarse la uva, explica.
En este punto, avanza que el Ministerio y los servicios jurídicos han llegado a un acuerdo para interpretar en el sector vitivinícola cuáles serán los criterios de actuación de la AICA en lo que respeta a la comprobación del cumplimiento de los plazos de pago de la uva.
«Próximamente se comunicará esta interpretación de los servicios jurídicos al sector, lo que será la base de la actuación de la AICA», señala.
Destaca que esta resolución «dará seguridad jurídica a todos» y «establecerá» cómo la AICA va a interpretar la forma en la que se controlen los plazos de pago a los proveedores.
Según Herrero, es una interpretación jurídica que podrá extenderse a otros productos que tengan similares particularidades, es decir, cuando no esté claro el precio que deba aplicarse o dependa de la catalogación o calificación posterior a su venta.
Por ejemplo, en el caso de que sean organismos independientes, consejos reguladores o certificadoras agroalimentarias quienes deban determinar las características o calidades del producto con posterioridad a su «entrega física».
Desde septiembre de 2014, la AICA ha realizado 555 inspecciones a empresas, que han supuesto 2.000 controles de operaciones comerciales; se saldaron, hasta el 30 de abril de 2015, con 110 expedientes sancionadores y se han impuesto 10 sanciones (7 para distribuidores minoristas y 3 para distribuidores mayoristas).